SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El miembro del Comité Político del PLD, Félix Jiménez (Felucho), reiteró este martes que hubo “obras sobrevaluadas” en los gobiernos peledeístas y señaló que “los ladrones son cuatro o cinco compañeros”.

“No tengo la menor duda de que hay obras sobrevaluadas”, dijo para resaltar a seguidas  el caso de la carretera El Coral, en donde -según alegó-  “hubo un presupuesto inicial de 200 millones de dólares que pasó a 400 millones”.

Reafirmó que él expuso este caso  en una reunión del Comité Político del PLD y le abrumaron los planteamientos de “tres o cuatro ingenieros ante un economista, que es lo que yo soy”.

Entrevistado en el programa radial el Sol de la Mañana, cuestionó la reacción  de su compañero de partido, Franklin Almeyda, quien le instó a que lleve pruebas al Ministerio Público.

“Yo no sé por qué el compañero Franklin se ofende”, exclamó.

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SANTO DOMINGO (EFE).- El colectivo social «Marcha Verde» anunció hoy una caminata el próximo domingo 26 de marzo en Santiago, como parte de las actividades que realiza para exigir el sometimiento a la Justicia de los involucrados en los sobornos admitidos por la constructora brasileña Odebrecht en el país.

La marcha iniciará en la intersección conformada por las avenidas Circunvalación y Hermanas Mirabal, continuará por la avenida Antonio Guzmán Fernández y concluirá en el Monumento a los Héroes de la Restauración de la República.

«El Cibao marchará en Santiago el domingo a partir de las 10 de la mañana», afirmaron los convocantes en declaraciones a la prensa ante la sede de la Procuraduría General de la República, donde portavoces de «Marcha Verde» reiteraron su desconfianza sobre el proceso de investigación que lleva al cabo el procurador general, Jean Alain Rodríguez.

Domingo de la Cruz, quien habló en nombre de los organizadores de la actividad en Santiago, señaló que «no hemos logrado todavía asimilar voluntad clara en el ejercicio» de las funciones de Rodríguez.

«La movilización sostenida y constante es la garantía de que aquí haya una investigación seria que meta a la cárcel a los responsables y recupere el dinero robado al pueblo dominicano», dijo, por su lado, María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África, entre ellos la República Dominicana, donde Odebrecht asegura haber pagado 92 millones de dólares para acceder a contratos de obras de infraestructuras.

 

SANTO DOMINGO (EFE).- La expresidenta del Senado Cristina Lizardo y su compañero de hemiciclo Tommy Galán no ofrecieron mayores detalles hoy tras abandonar la sede del Ministerio Público donde fueron interrogados con relación al pago de sobornos en el país de la constructora brasileña Odebrecht.

Ambos legisladores oficialistas se limitaron a decir que respondieron a los interrogatorios y que están dispuestos a volver ante la Procuraduría General de la República cada vez que sean requeridos.

«Estoy plenamente comprometida con la transparencia (…) el procurador general (Jean Alain Rodríguez) será quien hable después de agotado todo este proceso», dijo Lizardo a los medios de prensa.

La senadora aseguró que siempre ha sido «respetuosa» de los procesos judiciales, y dijo que fueron «varios» los contratos de infraestructuras públicas entre el Estado y Odebrecht que conoció cuando fue presidenta del Senado.

En similares términos se expresó el senador Galán, quien dijo estar dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario, al tiempo de «agradecer» que se le haya permitido aportar al proceso de investigación.

La semana pasada fue interrogado el presidente del Senado dominicano, el también oficialista Reinaldo Pared Pérez, quien aseguró que «nunca» ha tenido vínculos con directivos de la multinacional brasileña.

De acuerdo con Pared Pérez, ni en su gestión ni en la de Lizardo «ha habido ningún tentativa o intento de soborno para la aprobación de alguna obra».

Pared Pérez fue citado semanas después de los interrogatorios practicados a los expresidentes del Senado Andrés Bautista y Jesús Vásquez, ambos del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes han negado cualquier vinculación con la constructora brasileña.

Este lunes, el procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, aseguró haber recibido informaciones de los organismos de seguridad del Estado sobre una trama «bien organizada» impulsada por empresarios y políticos implicados en los sobornos admitidos por Odebrecht para desacreditarlo en este caso.

La trama, señaló el procurador en un comunicado, consiste en la divulgación de noticias falsas por parte de los empresarios y políticos con la intención de desacreditarlo a él y a los fiscales que participan en las pesquisas sobre este caso en el país.

Sin embargo, indicó, esto no le va a «amedrentar» ya que su compromiso «es llegar hasta el fondo para encarcelar y someter a la Justicia a todo aquel que se le compruebe responsabilidad en los delitos admitidos por la constructora brasileña».

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África, entre ellos la República Dominicana, donde Odebrecht aseguró haber pagado 92 millones de dólares para acceder a contratos de obras de infraestructuras.

La multinacional y la Procuraduría dominicana firmaron en enero pasado un acuerdo a través del cual Odebrecht se comprometió a pagar el doble de lo que aseguró haber entregado en calidad de sobornos.

Sin embargo, un juez declaró el pasado 1 de marzo inadmisible este procedimiento debido a que en el mismo la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos «entre querellantes y querellados», lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el magistrado, por lo que el acuerdo fue devuelto a las partes.

Tras destaparse el escándalo de los sobornos, grupos sociales locales articulados en el colectivo «Marcha Verde» han exigido a través de marchas y concentraciones, el sometimiento a la Justicia de los involucrados en los sobornos admitidos por la constructora.

Este martes, precisamente, la entidad convocó a una marcha que realizará el domingo venidero en la ciudad de Santiago (norte), una semana después de concluir en Santo Domingo el recorrido de la «llama verde», con la que simbolizaron su protesta en varias ciudades del país.

SANTO DOMINGO (EFE).- El matrimonio infantil forzado es una práctica habitual en la República Dominicana que ocupa, junto a Nicaragua, el primer lugar en número de niñas y adolescentes casadas o unidas de América Latina y el Caribe, según un estudio presentado hoy en Santo Domingo por la organización Plan International.

De acuerdo con la encuesta ENHOGAR 2014, citada en el estudio, el 12,5 % de las dominicanas de entre 20 y 49 años se casaron o unieron antes de los 15 años y el 37 % antes de los 18.

Además, una de cada cinco adolescentes de entre 15 y 19 años está casada o unida con un hombre 10 años mayor.

Los datos forman parte del estudio «Niñas Esposadas. Caracterización del Matrimonio Infantil Forzado en las provincias de Azua, Barahona, Pedernales, Elías Piña y San Juan».

«Aunque muchas personas pueden pensar que una niña se casa o se une porque es libre de decidirlo, el estudio encontró que esa libertad no es tal», afirmó la autora de la investigación, Jeannette Tineo, durante la presentación.

Según Tineo, el matrimonio forzado «es el resultado de la violencia intrafamiliar, la expectativa de emancipación o la oportunidad de negación que establecen las familias como una oportunidad de salida de la pobreza».

El matrimonio infantil forzado, definido como aquel en el que al menos uno de los contrayentes es un niño o una niña y que se celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes, tiene una fuerte vinculación con el embarazo en adolescentes, agregó el estudio presentado por Plan RD.

De las 10 niñas y adolescentes casadas con hombres adultos que fueron entrevistadas para el estudio, siete estaban embarazadas al momento de establecer la unión.

Ante este panorama, Plan propuso al Congreso Nacional (bicameral) la revisión del Código Civil para elevar la edad mínima para contraer matrimonio o unión libre a los 18 años para ambos sexos, sin excepción.

En la República Dominicana, según la legislación, el hombre, antes de los 16 años cumplidos, y la mujer antes de los 15, no pueden contraer matrimonio, pero el juez puede, por razones justificadas, conceder la dispensa de la edad.

El Estado dominicano «debe honrar los compromisos internacionales que ha firmado en materia de protección de la niñez, dando fin a la impunidad de los agresores que se amparan en un matrimonio y brindando oportunidades a las niñas de que desarrollen un proyecto de vida digno», señaló Plan RD.

WASHINGTON.- El Gobierno del presidente Donald Trump publicó este lunes una lista de los inmigrantes acusados o condenados por diferentes delitos y señaló a las entidades locales que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias para impulsar su deportación.

La lista publicada este lunes forma parte de una orden ejecutiva proclamada por Trump el 25 de enero, dijeron en una conferencia telefónica funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que pidieron el anonimato.

«Esta es realmente una campaña de educación para mostrar al pueblo estadounidense lo que hacen nuestros agentes diariamente y para mostrar qué jurisdicciones no cumplen con las normas», dijo uno de esos altos funcionarios en la llamada con la prensa.

Según el informe, las autoridades migratorias emitieron 3.083 órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados por crímenes entre el 28 de enero y el 3 de febrero.

De esas 3.083 órdenes de detención, al menos 157 no pudieron ejecutarse debido a la negativa de la policía local de los llamados condados y ciudades «santuario», aquellos donde las autoridades se niegan a informar al Gobierno del estatus migratorio de sus detenidos para evitar su deportación.

Específicamente, el Gobierno señala a diez condados, entre los que destaca el condado de Clark (Nevada), que se negó a ejecutar 51 órdenes de arresto y donde la población hispana constituye casi el 30% de los habitantes, según los datos del último censo, realizado en 2010.

Además, el Gobierno señala al condado de Nassau (Nueva York), que se negó a ejecutar 38 órdenes de detención, y también al condado de Cook (Illinois), donde hubo 13 órdenes de arresto no ejecutadas.

Las órdenes de detención emitidas contra los inmigrantes con cargos criminales obligan a las policías locales a notificar lo antes posible a las autoridades migratorias para que los agentes del ICE puedan interrogar al acusado y ponerlo bajo su custodia para iniciar los procesos de deportación.

La normativa interna recomienda que las policías locales avisen al ICE en un plazo de 48 horas, detallaron los altos funcionarios del DHS y el ICE en su llamada con la prensa.

«Se trata de un tema de seguridad nacional, son arrestados por cargos criminales y, a pesar de que el ICE pide tenerlos bajo custodia, las policías locales no respetan esa petición y ponen en libertad a estos individuos, lo que significa un gran riesgo para nuestras comunidades», dijo uno de los altos funcionarios.

Las autoridades migratorias pusieron de ejemplo a Milton Berrera-López, un nacional de Guatemala que fue puesto en libertad por las autoridades del estado de Filadelfia, a pesar de que el ICE había emitido una orden de detención y el hombre había sido condenado por abuso de menores.

Entre los inmigrantes que fueron puestos en libertad por las autoridades locales también figura Estivan Rafael Marques Velasquez, un salvadoreño que ha admitido formar parte de la pandilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) y fue puesto en libertad por la policía de la ciudad de Nueva York.

El hombre tiene un historial criminal en Estados Unidos que incluye la posesión ilegal de un arma, detalló el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

Los altos funcionarios del DHS y el ICE adelantaron que los informes se publicarán de manera semanal y estimaron que las cifras en los próximos documentos crecerán «tremendamente», a medida que las autoridades puedan recolectar más información sobre los condados y ciudades «santuario».

Trump quiere acabar con las «ciudades santuario», entre las que se encuentran grandes urbes como Los Ángeles y Nueva York, y ha amenazado con arrebatar fondos federales a las entidades locales que se nieguen a colaborar con las autoridades migratorias para deportar a los inmigrantes acusados o condenados por crímenes.

jt/am

En medio de la disputa en el Congreso por la anulación del Obamacare y la aprobación de la propuesta republicana, un grupo de organizaciones hispanas se unen para frenar la iniciativa conocida también como “Trumpcare” o “Ryancare”.

“Esta propuesta de los republicanos prácticamente quiere devastar los servicios de salud en el país y va a afectar enormemente a la comunidad hispana”, aseguró a la Voz de América, el presidente de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA, por sus siglas en inglés), Héctor Sánchez.

Estas declaraciones las hizo en referencia a los 24 millones de personas que se quedarían sin seguro médico en los próximos 10 años si se llega a aprobar la propuesta republicana, según estimó la oficina de presupuesto del Congreso.

Esta agrupación que reúne a más de 40 organizaciones a nivel nacional ha iniciado una campaña para que los hispanos no queden excluidos de los servicios de salud en Estados Unidos.

“El plan de salud republicano nos afecta a todos, pero en mayor grado a los hispanos. Recordemos que en 2010 casi el 30 por ciento de nuestra comunidad no tenía seguro médico, ahora esa cifra ha bajado al 15 por ciento gracias a los cambios que se produjeron con Obamacare”, indicó Sánchez.

Sánchez, al igual que los otros miembros de NHLA, están conscientes que Obamacare “no es perfecta, pero es un paso en la dirección correcta”.

«Obamacare debe continuar y no debe ser derogado totalmente. Hay cosas que se pueden mejorar, pero no debemos retroceder en todo lo que se ha avanzado», indicó a la Voz de América, la doctora Elena Ríos, presidenta de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos.

Ríos también citó las «grandes diferencias» entre Obamacare y la propuesta republicana que consisten en que dejaría de ser obligatorio tener seguro, solo comprarían seguro médico las personas enfermas por consecuencia las primas subirían sus precios considerablemente.

Por otro lado resaltó la doctora Elena Ríos que «la expansión del Medicaid y no se debe parar» como contempla la nueva legislación que se debate en el Congreso.

Esta campaña se realiza en medio de la lucha en el Congreso para lograr que se anule Obamacare y se apruebe la propuesta republicana. El mismo presidente Donald Trump llegó al Capitolio este martes para abogar por la propuesta de ley bajo su continuo argumento que “Obamacare es un desastre”.

También se produce en medio de una campaña de anuncios televisivos organizada por Club for Growth en la que están urgiendo a los 10 republicanos que están en contra de la propuesta de ley de salud de su propio partido para que continúen oponiéndose a lo que han llamado “Ryancare”, en alusión al nombre del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien apoya la nueva legislación.

Por su parte, Ryan ha señalado que la visita del presidente Trump al Congreso es “para hacer lo que sabe hacer mejor y eso es cerrar el acuerdo”.

Para el grupo de organizaciones hispanas, la aprobación de la propuesta republicana sería “un problema muy serio

“De conseguirse los votos necesarios para aprobar la propuesta republicana, los 4.2 millones de hispanos se vería seriamente afectado porque estos cambios son más que nada para beneficiar a las corporaciones y bajarles los impuestos a los millonarios en el país. La clase trabajadora en EE.UU. saldrá perjudicada y en especial los hispanos que en su mayoría pertenecen a esa clase trabajadora, donde tener acceso a protecciones de salud y seguro médico es vital”, afirmó Héctor Sánchez.

“No podemos retroceder y destruir lo que tardó mucho tiempo en construirse bajo Obamacare”, aagregó Sánchez.

Para esta coalición de organizaciones hispanas la alternativa sería construir a través de lo que ya existe que es Obamacare y “no desmantelar y empezar de cero, que es lo que los republicanos quieren con esta legislación”.

“Hoy en día les decimos a los republicanos que es imposible que traten de destruir estas infraestructuras que son buenas para la clase media y trabajadora que tardó tanto tiempo en construirse. Nuestra campaña se enfoca en los republicanos a quienes les estamos mandando un mensaje muy claro que cualquier cambio serio va tener un impacto político. Algunos republicanos ya han dicho queno van a apoyar y eso es lo que queremos fomentar Estamos unidos y vamos a presionar para que no se den esos cambios negativos”, finalizó el director ejecutivo de NHLA.

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