El doctor Abraham Bautista Alcántara, expresidente de la Cámara de Diputados, dijo recientemente que el Partido Revolucionario Dominicano, convertido posteriormente en PRM, fue una organización política de compañeros y dirigentes, pero ahora lo que tiene es socios y accionistas.

Quien suscribe había pensado en esa transformación sufrida por el hoy partido oficialista, pero el otrora dirigente revolucionario, legislador y abogado de la República ha utilizado vocablos tan propios y precisos, para definir lo que es hoy el PRM, que me ha motivado a escribir este artículo periodístico.

Tengo que precisar, sin embargo, que esa entidad no responde a las características que definen a un partido, al carecer de ideología, falta de demandas sociales y propuestas programáticas. Aunque tiene estatutos, los principios éticos brillan por su ausencia y sus organismos, a todos los niveles, ni siquiera se reúnen.

El líder de la organización, aunque sea circunstancial, por su condición de jefe de Estado, es Luis Abinader, a quien nunca se le ha visto usar el término “compañero” para dirigirse a otros miembros de la agrupación.

Su alegato descansa en que es el presidente de todos los dominicanos, una versión que no se corresponde a la verdad. Se trata del presidente de la oligarquía dominicana, que reparte migajas en los segmentos de clase baja del país, como son los denominados bonos, los cuales no sacarían a ningún ciudadano de la pobreza. La pobreza se combate con empleo e inversiones satisfactorias en salud y educación para ofrecer servicios públicos de calidad.

El gabinete del presente gobierno está constituido por no menos de un 90% de empresarios, con la agravante de que la mayoría se desenvuelve en áreas afines a sus negocios, lo que genera conflictos de intereses.

Fideicomisos

Algo más: muchos de los funcionarios son socios en diferentes compañías privadas y provienen del CONEP y para colmo se les ha puesto al frente de fideicomisos creados por la presente administración, como son los de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina y el Proyecto de Desarrollo Turístico Cabo Rojo, de Pedernales, donde Abinader puso a Celso Marranzini y Frank Rainieri, respectivamente.

Erróneamente, algunos dominicanos, han calificado a Luis Abinader de ser un hombre bien intencionado. Si tuviera buenas intenciones no creara fideicomisos, usados siempre para traspasar patrimonios estatales a sectores privados.

Que lo explique el presidente: ¿Qué ventajas ofrecen los fideicomisos? ¿Quién los pidió? ¿La población sabe lo que son los fideicomisos?

Bien intencionado es Andrés Manuel López Obrador que al llegar a la Presidencia de México halló 119 fideicomiso y los eliminó a todos. “El que quiera levantar empresas que use su dinero”, dijo.

También Xiomara Castro, presidenta de Honduras, encontró 19 fideicomisos y todos fueron disueltos, porque en los mismos el Estado lleva la de perder. Sin embargo, López Obrador ni Xiomara Castro son empresarios y no tienen socios ni accionistas.

Despierta sospecha que ninguno de los fideicomisos dominicanos está dirigido por gremios de trabajadores ni de profesionales, todos están vinculados a hombres de negocios. Y algunos, inclusive, con no muy buena reputación, que por donde quiera que pasan han dejado problemas.

Préstamos

Solo en un país, como el nuestro, con una profunda inversión de valores se le denomina a un presidente “bien intencionado y transparente” que nos está metiendo en un problema con el festival de empréstitos tomados, los cuales comprometen la soberanía nacional.

Se toman préstamos para pagar préstamos e intereses, lo que es un círculo vicioso que algunos economistas califican como “Juego Ponsi”. La otra partida de los préstamos regularmente se utiliza para completar un presupuesto deficitario, que se destina mayoritariamente a gastos corrientes, sobre todo a una nómina pública hipertrofiada, con miles de botellas y sujetos del servicio diplomático, que son hijos y nietos de socios y accionistas de la oligarquía dominicana.

En la actualidad, el presupuesto de 2025 volvió a las cámaras legislativas, porque requiere reformulación con motivo del incremento de los aranceles en el exterior, el aumento del dólar y porque el Estado no dispone de recursos para invertir en obras.

Empero, el déficit fiscal se incrementaría de un 3% a un 3.7% del Producto Interno Bruto. Ese déficit descansa en la negativa del gobierno de cobrar el impuesto sobre la renta a un amplio porcentaje de empresarios evasores, que son socios y accionistas de múltiples compañías privadas.

En un ejercicio de objetividad hay que expresar que nuestro Producto Interno Bruto ha crecido de forma sostenida en un 5% durante los últimos 15 años, incluyendo los cinco del PRM, gracias en gran medida a la pujanza del turismo.

Es un aspecto que el gobierno resalta en todos los escenarios, pero sin referir para nada el crecimiento de la deuda externa ni los fideicomisos, dos aspectos que podrían afectar seriamente el interés nacional, sobre todo en momentos de crisis internacional, como el presente, donde las proyecciones de crecimiento para este año son pobres.

Los dominicanos resultaríamos afectados como población, pero posiblemente los nuevos socios y accionistas se beneficien en grande.

danilocruzpichardo@gmail.com

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La cobertura de la crisis haitiana exige un periodismo serio, contextualizado y ético. En medio de una situación marcada por la violencia de pandillas, el colapso institucional y la intervención internacional, cada palabra cuenta.

Por eso resulta preocupante la forma en que la agencia Prensa Latina abordó el tema en su nota del 27 de agosto de 2025, donde cita al medio haitiano Vant Bèf Info de manera imprecisa, generando una narrativa que puede inducir a error o incluso alimentar sospechas infundadas.

Afirmación tendenciosa

En el artículo, Prensa Latina afirma que “Estados Unidos figura entre los culpables del tráfico de drogas y armas en Haití”, atribuyendo esta declaración a Vant Bèf Info. Sin embargo, el medio haitiano no acusa directamente al gobierno estadounidense, sino que señala que gran parte del tráfico ilícito proviene geográficamente de EE.UU., facilitado por redes criminales que operan fuera del control institucional. Esta diferencia es fundamental.

Omisión de matices

Al omitir ese matiz, Prensa Latina transforma una denuncia legítima sobre el origen del tráfico en una acusación institucional. Además, la nota se enmarca dentro de una narrativa que sugiere “coordinaciones secretas” para una ocupación por mercenarios estadounidenses, lo que refuerza una lectura conspirativa y poco fundamentada.

En contextos de alta sensibilidad política, como el que vive Haití, la forma en que se comunica una denuncia puede convertir una crítica válida en una narrativa malintencionada.

Mayor responsabilidad informativa

Otros medios han abordado el tema con mayor responsabilidad. Listín Diario documentó cómo cargamentos de armas provenientes de Miami fueron interceptados en República Dominicana, camuflados como donaciones.

Diario Libre USA citó al ministro de Defensa haitiano, quien denunció el tráfico transnacional desde EE.UU., Colombia y República Dominicana, sin atribuir culpabilidad directa a ningún gobierno.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también ha señalado que Haití enfrenta un aumento en el tráfico de armas, muchas de ellas provenientes de EE.UU., pero sin implicar una acción deliberada por parte del Estado norteamericano.

Desinformación

La desinformación no siempre nace de la mentira; a veces, basta con citar mal. En este caso, Prensa Latina no solo tergiversa el contenido original de Vant Bèf Info, sino que lo inserta en un relato que sugiere intenciones ocultas y conspirativas. Haití no necesita más confusión. Necesita claridad, responsabilidad y compromiso con la verdad.

El periodismo debe ser un faro en medio de la tormenta, no una sombra que distorsiona. La crisis haitiana merece cobertura seria, no relatos manipulados. Y los lectores merecen saber cuándo una cita se convierte en una herramienta de desinformación.

joseflandez8@gmail.com

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Por DEMI FELIX DOMINGUEZ

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23, reconoce que todos los ciudadanos deben gozar del derecho y la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o por medio de sus representantes. En sintonía con este principio, la Constitución de la República Dominicana configura la participación ciudadana como un eje esencial de un Estado civil, republicano, democrático y representativo.

El derecho de participación, como señalan Eduardo Jorge Prats y Balaguer Callejón, constituye la plasmación de la soberanía popular: un cauce que articula el principio democrático y legitima el poder, permitiendo un diálogo constante entre el Estado y los ciudadanos.

Se trata, en definitiva, de una vía para que las decisiones públicas se tomen con mayor acierto y legitimidad, al acercar la gestión del poder a la ciudadanía y fortalecer la confianza en las instituciones.

La Constitución, en su artículo 22, reconoce diversas formas de participación: la iniciativa legislativa popular, el referendo, la formulación de peticiones y, de manera destacada, la denuncia de las faltas cometidas por funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Esto refleja que el ciudadano, como verdadero titular de lo público, no solo tiene la facultad de elegir a sus representantes, sino también el derecho y el deber de vigilar su actuación, asegurando que los recursos se administren en beneficio del interés general.

Estos mecanismos de participación configuran lo que conocemos como control social, un instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce vigilancia directa sobre la gestión y las decisiones del Estado. En un Estado de derecho, el control social se convierte en una garantía de juridicidad y de sometimiento del poder al derecho, asegurando que la autoridad se oriente a la buena administración, la transparencia y el bienestar común.

Conviene advertir: no hablamos del falso “control social” que pretende presionar para obtener beneficios o intereses particulares; ese no es control social, son intenciones perversas que desnaturalizan el sentido democrático de este derecho.

El verdadero control social se expresa en mecanismos que fortalecen la legitimidad del sistema democrático, porque permite que la ciudadanía incida en la toma de decisiones y fiscalice la gestión pública con base en el interés general. Entre sus distintas manifestaciones, la denuncia ocupa un lugar fundamental.

El numeral 5 del citado artículo 22 la consagra expresamente como derecho ciudadano frente a las faltas de los funcionarios, consolidando así la importancia de esta herramienta en la lucha contra la corrupción administrativa.

En el año 2024, el Tribunal Constitucional dominicano, mediante la Sentencia TC/1248/24, reafirmó la naturaleza constitucional de la denuncia y precisó que el denunciante no adquiere la condición de parte procesal, ya que su rol se limita a informar y a ser notificado del resultado.

Lejos de interpretarse como una restricción, este criterio tiene un sentido protector: busca evitar que el ciudadano cargue con obligaciones procesales que corresponden a las autoridades competentes, garantizando que la denuncia siga siendo una herramienta segura y accesible de control social al servicio de la democracia.

Ahora bien, específicamente en materia de fiscalización de los recursos públicos, este marco se complementa con el artículo 246 de la Constitución, que reconoce la participación de la sociedad en la vigilancia del gasto estatal.

La Ley núm. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, desarrolla este mandato en su artículo 10, al señalar que el control social es un medio de fiscalización ciudadana en defensa del gasto público y que se interrelaciona con los órganos estatales mediante la provisión de información relevante.

De esta forma, los resultados de la participación ciudadana se integran con los del control fiscal, reforzando la transparencia y el interés general.

La experiencia internacional amplía este horizonte. En el caso Viteri vs. Ecuador (2023), la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo reconoció la denuncia como derecho, sino que estableció el deber de los funcionarios públicos de denunciar actos de corrupción.

Además, ordenó a los Estados implementar garantías efectivas de protección a los denunciantes, para evitar represalias y prevenir el chilling effect, ese temor paralizante que inhibe la denuncia y alimenta el silencio y la impunidad, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.

Pieza clave

Tanto la jurisprudencia dominicana como el sistema interamericano reflejan una tendencia clara: la denuncia es una pieza clave en la defensa del interés público y en la prevención de la corrupción. En el ámbito nacional, se reafirma como un derecho ciudadano protegido frente a riesgos procesales; en el plano interamericano, se eleva a un estándar reforzado que combina derecho, deber y garantías de protección. Ambas perspectivas se complementan, generando un marco más robusto para la defensa del interés colectivo.

Lo esencial es que el control social se ha consolidado como un mecanismo indispensable para fortalecer la democracia y recuperar la confianza en lo público. La corrupción, fenómeno en constante evolución, cada vez más creativo y sofisticado, solo puede enfrentarse con un Estado abierto y con ciudadanos activos que ejerzan su rol de guardianes de la legalidad.

La denuncia, acompañada de canales accesibles y de la debida protección para quienes se atreven a ejercerla, constituye la vía más efectiva para asegurar que los recursos públicos se manejen con integridad y que el interés general prevalezca siempre sobre los intereses particulares. Como lo recuerda nuestro himno nacional: “Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil”.

demifelixd@gmail.com

JPM

Por José Manuel Adames

Es indiscutible que quienes hoy se oponen al Proyecto Romero no lo hacen por un real y profundo conocimiento minero ni mucho menos basado en estudios, es simplemente por desdén y pruritos personales.

Es bien sabido que esos que se han centrado en radicalmente a la extracción minera por parte de GoldQuest, no se han expresado nunca en la extracción de materiales en el Río San Juan, ni en daño que hacen un grupo de desaprensivos cortando árboles maderables y en bosque seco, a orilla del río San Juan, desde el Rosario hasta Guanito, esto por que parece que eso no afecta al agua y la vida..!

Es triste ver a esos autodenominados ambientalistas del patio, proclamándose defensores del agua y la vida y nunca han dicho esta boca es mía en relación al daño que se hace a las aguas del mencionado río San Juan, por parte del vertido totalmente contaminado de los residuos cloacales de la planta de tratamiento de las materias fecales del municipio, que tiene alrededor de 10 años que sus reactores no funcionan y está completamente inservible lo que significa un serio peligro para los usuarios aguas  abajo del río hasta comunidades de Barahona.

Mientras los férreos opositores a Romero y GoldQuest andan gritando a los cuatro vientos que hoy se hagan los estudios de impacto ambiental, nuestra provincia San Juan cada día está más afectada por la falta de empleos y la pobreza cunde el pánico entre sus habitantes que sale despavoridos a otras partes del país y el mundo, buscando medios de subsistencia para ellos y los suyos.

Asimismo, los hombres y mujeres del campo cada día pagan con creces el peso de la pobreza dado que las faltas de oportunidades y la creciente baja producción agrícola es latente y no permite mejorar condiciones de vida y a los  ambientalistas de estos lares no se le escucha decir nada en favor de esos hijos del pueblo y mucho menos se manifiestan por las calles de San Juan, para reclamar mayor y reales atenciones para los dominicanos de ésta valiosa tierra del Sur.
jpm-am