La migración en la República Dominicana ha sido siempre un fenómeno complejo y de difícil abordaje, el cual se enfrenta hoy a uno de sus mayores desafíos: la corrupción institucional.

Al margen de la situación socio-política por la que está atravesando actualmente el vecino país de Haití, podríamos asegurar, con toda certeza, que el flagelo de la corrupción se ha convertido en el verdadero Talón de Aquiles del sistema migratorio en nuestro país, afectando con ello, el comercio, la institucionalidad del Estado y nuestra imagen hacia el exterior.

Diversos informes y denuncias ciudadanas apuntan a prácticas corruptas dentro de instituciones claves como la Dirección General de Migración, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía.

Entre los casos más comunes figuran la emisión irregular de documentos, cobros ilegales para agilizar procesos de regularización o lograr permanencia en el país, así como la omisión deliberada de controles fronterizos a cambio de sobornos.

Millares de inmigrantes se ven compelidos a pagar altas sumas de dinero para evitar detenciones arbitrarias, prolongar su estancia en territorio dominicano, o acceder a servicios básicos como salud y educación.

El tráfico de migrantes abunda cuando los funcionarios públicos son corruptos. De hecho, muchas operaciones de tráfico de migrantes no durarían mucho sin el constante impulso de la corrupción de alguna forma u otra.

AMENAZA

Pero la corrupción en el ámbito migratorio no solo es un problema ético o institucional,  sino, que además, representa una amenaza seria para la seguridad nacional. Cuando las fronteras pueden ser cruzadas a cambio de dinero, se abre la puerta al tráfico de armas, drogas y trata de personas.

A los fines de combatir esta apremiante situación se hace necesario impulsar algunas medidas claves, como son:

– Implementar auditorías independientes en las instituciones migratorias, a los fines de poder comprobar los niveles de eficiencia y efectividad de los mecanismos de control empleados por las autoridades.

-Crear canales seguros y anónimos para denunciar actos de corrupción.

-Establecer sistemas digitales de registro que reduzcan la discrecionalidad de los funcionarios.

-Fortalecer la formación ética y profesional del personal en frontera y migración.

La República Dominicana se enfrenta, en los actuales momentos, al reto de gestionar la migración de forma digna, justa y eficiente, pero para lograrlo, debe erradicar la corrupción que hoy socava sus esfuerzos y mancha su reputación internacional.

Definitivamente que la corrupción se ha convertido en un grave problema que afecta la migración, actuando como un verdadero «Talón de Aquiles» al obstaculizar procesos, facilitar el tráfico de personas y socavar la confianza en las instituciones.

Por lo tanto, el combate contra la corrupción es un elemento esencial de cualquier estrategia seria, responsable y efectiva para abordar el eterno problema de tráfico ilegal de migrantes en nuestro país.

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La República Dominicana se encuentra ante una oportunidad histórica que no debe desaprovechar: proponerse liderar la conformación de una Confederación de Estados del Caribe, un proyecto de integración regional que abarque dimensiones económicas, políticas, militares y culturales.

En un mundo donde las alianzas regionales definen la capacidad de respuesta ante los retos globales, el Caribe necesita una plataforma común para fortalecer su soberanía colectiva y su poder de negociación internacional.

Para asumir ese rol protagónico, la República Dominicana debe transformarse de forma creciente en un modelo económico y social inspirador para las demás naciones caribeñas. Esto implica un giro profundo en su estructura económica.

El país no puede seguir dependiendo de un modelo importador, que beneficia a unos pocos y que obstaculiza el desarrollo del sector productivo nacional,  y del sector  servicios, básicamente en manos de la inversión extranjera.

Es urgente avanzar hacia una economía productiva, basada en la industrialización del sector agropecuario y pesquero, la manufactura, y con fuerte impulso o apuesta a sectores postindustriales como la biotecnología, la inteligencia artificial, la energía renovable y la economía del conocimiento.

El siglo XXI debe ser el siglo del desarrollo dominicano. Pero esto sólo será posible si se supera el modelo de concentración de la riqueza, e importaciones, que ha resultado ser el mayor obstáculo al desarrollo sostenible y equitativo. No puede haber nación desarrollada cuando la mayoría de sus ciudadanos quedan marginados del crecimiento.

Además, es fundamental una transformación institucional. El modelo presidencialista y centralizado ha demostrado sus límites. Se necesita un sistema más democrático, descentralizado y federal, donde el poder esté más cerca de las comunidades. Especialmente revitalizando las provincias, con la asignación de sus presupuestos, que elijan sus gobernadores, puedan organizar su gabinete y posean su poder legislativo honorario, conformado por los regidores municipales.

Un buen punto de partida es el sistema judicial, el cual debe ser reformado para incluir el sistema de jurados, que garantizará una justicia más participativa, independiente y transparente. Solo con un sistema judicial confiable se podrá atraer inversión extranjera creciente,  de calidad y convertirla en una turbina del desarrollo nacional.

En ese mismo orden, es imprescindible un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que cumpla con su verdadera misión reflejado en su nombre: -que nunca lo ha sido- ser un catalizador del conocimiento, la innovación y el desarrollo de nuevos productos en colaboración con las universidades y el sector privado. La investigación científica y el desarrollo tecnológico son la base del progreso en el mundo contemporáneo.

El futuro del Caribe puede construirse desde Santo Domingo. Pero para ello, la República Dominicana debe continuar convirtiéndose en ejemplo de transformación, prosperidad compartida y liderazgo visionario.

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Un Estado impregnado de modernidad se sostiene en el absoluto respeto a su Constitución Política y obediencia y estricta aplicación de las leyes adjetivas, sin lo cual no sería posible sustentar la gobernanza ni encaminar a la nación por senderos de justicia, equidad, crecimiento y desarrollo.

A la par con infraestructuras como metro, monorrieles, teleféricos, autovías, carreteras, puentes, avenidas, presas y canales de riesgo, se requiere que se promuevan oleajes de modernidad en la superestructura jurídico–política que permitan a los ciudadanos acceder  a  la innovación institucional.

La sociedad dominicana, aun enferma de atraso y con aun con severos signos de dilatada flagelación  en su anatomía social infringida por la tiranía, pudo dar un significativo paso de avance en 1962 con la celebración de elecciones libres y la redacción de una Constitución Política de las más avanzadas en su tiempo.

Bajo la premisa de que las condiciones materiales de existencia en un conglomerado social signan el destino de sus instituciones  jurídico-políticas, se entiende  entonces, las razones por las cuales el  gobierno de Juan Bosch ni su Carta Magna Liberal no lograron sobrevivir.

Al presidente Joaquín Balaguer se le reconoce el impulso y aprobación del Código Agrario que  alivió en algo la tragedia que significó la posesión de  la mayor parte de tierras productivas en pocas manos hateras, al fragor de la cual  emergieron los parceleros de la Reforma Agraria.

La vuelta a la democracia formal en 1978 trajo consigo leyes de gran impacto como la que dispuso  la libertad de los presos políticos y retorno de los exiliados, aunque en términos formales, se mantuvo la estructura de dominación política y social de  sectores vinculados  con la tiranía.

Los oleajes de modernización institucional más trascendentes se produjeron a partir de 1994, con las reformas al Poder Judicial y al Ministerio Publico, así como la puesta en vigencia de un nuevo Código Procesal Penal, la creación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Itla), con lo cual se desbrozaron caminos hacia la innovación.

La Reforma Constitucional de 2010 consolidó en términos estructural a la democracia dominicana, con la creación del Tribunal Constitucional,  a lo que se agregan el Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El presidente Luis Abinader se inscribió entre los estadistas que dejan su impronta en los oleajes de consolidación democrática, con su reforma constitucional que blindó el principio de no reelección presidencial consecutiva y la independencia del Ministerio Público.

Más de sesenta años después del ajusticiamiento de Trujillo, la sociedad aguarda que el Congreso apruebe los nuevos códigos Penal, Procesal Penal y Laboral, que ojalá sea antes de que concluya esta legislatura, si no es mucho pedir.

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