Las múltiples fallas de los partidos políticos, sobre todo en el poder, y los escándalos de corrupción que con frecuencia afectan negativamente la imagen de los políticos, han llevado a una erosión de la confianza ciudadana en las democracias electorales.

En ese contexto, las elecciones en algunos países han servido para aupar figuras fuera del sistema tradicional de partidos (los llamados “outsiders”) que, montados en el populismo y el personalismo, registran grandes ganancias electorales. Una vez en el poder se tornan autócratas y recurren al electoralismo plebiscitario para seguir validándose.

El deterioro de la confianza en los políticos ha llevado a proponer alternativas de elección popular, como es el caso de las llamadas candidaturas independientes.

A favor de esta estrategia se presentan distintos argumentos; entre ellos, que las candidaturas independientes atraerán mejores candidatos no viciados por las prácticas partidarias, que las campañas se basarán en propuestas programáticas más que en clientelismo, y que las candidaturas independientes pueden encantar electores apáticos y renuentes a votar.

Si bien esos argumentos son atractivos y pueden ser parcialmente ciertos, la realidad política es más compleja y dista de esos argumentos.

Lo que “daña” los políticos no son las prácticas partidarias, es la forma en que se gobierna, y no hay pruebas empíricas contundentes de que quienes acceden al poder sin el apoyo de un partido gobiernan mejor.

El clientelismo no es simplemente un mal de los partidos, es un mal del Estado; por tanto, quien accede al gobierno lo utilizará si es práctica común en un país específico. Y no hay datos precisos que demuestren que las elecciones donde participan candidaturas independientes registran mayor participación electoral.

En el “Estudio de las leyes No.33-18 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y la Ley Orgánica de Régimen Electoral No.20-23” que publicó recientemente Participación Ciudadana, hay un segmento dedicado a las candidaturas independientes.

Ahí se plantea que el éxito electoral de los candidatos independientes en América Latina es escaso, y nulo en la instancia presidencial. No solo es difícil ganar elecciones, sino que muchos desisten de sus candidaturas aún después de haber logrado el registro oficial.

Sin duda, los obstáculos para que las candidaturas independientes prosperen son inmensos. Entre los principales se encuentran el tipo de legislación que regula las candidaturas independientes, el acceso al financiamiento para las campañas y las dificultades para obtener apoyo organizativo.

A diferencia de los partidos que usualmente tienen una estructura nacional, las organizaciones cívicas postulantes son de menor alcance territorial y temático, y no son diestras en campañas electorales.

Osadía

Por eso, para tener la osadía de lanzar una candidatura independiente se necesita una inclinación al vedetismo político y confianza en que el valor asignado al postulante por la ciudadanía será suficiente para superar tantos obstáculos.

En esta época de redes sociales e influenciadores, es probable que de ahí salgan muchos de los osados a lanzar candidaturas independientes, pues cuentan con la plataforma mediática para impulsar sus aspiraciones.

La política requiere de muchos apoyos. No es a manos peladas ni con meras buenas intenciones que se llega al poder.

jpm-am

La gran producción y productividad de la provincia San Cristóbal y la débil inversión que por décadas se realiza en la misma por parte del Estado Dominicano, nos lleva a referirnos al título del presente artículo.

De acuerdo a la actual Constitución de la República Dominicana, la inversión pública del país debe ser transparente y equitativa, basada en los siguientes principios:

A. Estado Social, Democrático y de Derecho:

Se establece que el gobierno debe trabajar para el bienestar social y la dignidad de todos sus ciudadanos, y la inversión pública es clave para lograr este excelso propósito.

B. Cohesión Social y Territorial:

Este principio se basa en reducir la diferencia de desarrollo entre las regiones, provincias y sus municipios para evitar que la inversión se concentre solo en un lugar.

C. La lucha contra la corrupción:

Se prohíbe el uso indebido de fondos públicos, obligando a una gestión gubernamental transparente, eficiente y eficaz.

D. Descentralización:

Las leyes basadas en la Constitución de la República, buscan que los gobiernos locales (los ayuntamientos) participen cada día más en la planificación de las obras de infraestructuras de desarrollo, para una distribución más justa de los recursos fiscales recaudados por el Estado Dominicano.

Pero para el cumplimiento de los fines constitucionales precedentemente citados, se requiere que el país establezca lo siguiente:

Primero: La desagregación de los recursos fiscales anuales por región, provincia y municipio.

Segundo: Establecer un sistema estadístico, eficiente, eficaz y transparente, en el que se señale la ejecución presupuestaria del Estado por región, provincia y municipio, cada año.

El actual sistema estadístico de la República Dominicana no es transparente ni eficiente, por cuanto dificulta conocer qué región, provincia o municipio aportó los ingresos fiscales y qué monto de inversión se realizó en cada una de estas jurisdicciones territoriales durante el año presupuestario.

Tarea urgente

Es pues, tarea pendiente y urgente del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo establecer y poner en práctica la desagregación de los recursos fiscales anuales recaudados por el Gobierno Central y el monto invertido en cada una de las regiones, de las provincias y los municipios del país.

Aprovechamos para hacer un urgente llamado al Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, y al Congreso Nacional para que se ponga en práctica la desagregación de los recursos fiscales anuales y la inversión anual de dichos recursos en las regiones, provincias y municipios del país.

La transparencia nos beneficia a todos.

San Cristóbal cuenta con un Consejo para la Planificación de su Desarrollo Estratégico, cuyo objetivo es impulsar la cultura de la planificación y el progreso sostenible de la provincia. De igual forma, en la actualidad se está desarrollando el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, a cargo del Ayuntamiento del

Municipio de San Cristóbal, con la ayuda económica de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID); en cumplimiento con la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelos y Asentamientos Humanos.

Por lo visto, hay voluntad de planificación, pero se carece de los recursos económicos necesarios para la ejecución, para enfrentar la deuda social que se ha ido acumulando con el paso de los años, pese a que se estima que la Provincia de San Cristóbal es la segunda jurisdicción del país en aportes fiscales anuales al Estado Dominicano, superando los 300 mil millones de pesos.

No obstante, este gran aporte, las inversiones anuales del Estado Dominicano en tan productiva provincia son pírricas. Urge, pues, que el Estado sea transparente, equitativo y justo en las asignaciones de partidas para la Provincia de San Cristóbal en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de la Nación. Así estará cumpliendo con la Constitución de la República.

Los legisladores de la Provincia de San Cristóbal, en primer lugar, y las fuerzas vivas de tan importante jurisdicción son los principales responsables de asumir una lucha para lograr que el Estado Dominicano promueva la anhelada transparencia en la segregación de los recursos fiscales y en la formulación de un sistema estadístico adecuado para que cada año se vea con claridad los recursos aportados y los lugares beneficiados con la aplicación de dichos recursos.

Esperamos que los legisladores sancristobalenses, encabezados por mi buen amigo Gustavo Lara Salazar, asuman la defensa de la justa asignación de partidas para nuestra benemérita Provincia San Cristóbal, Cuna de la Constitución de la República.

jpm-am

El Chantaje digital es nueva epidemia que amenaza a nuestro país. Vivimos una peligrosa paradoja: en plena Era de la inteligencia artificial y transformación digital, donde cientos de jóvenes han encontrado en las plataformas de streaming y redes sociales un espacio legítimo para informar, entretener y crear negocios, también ha surgido una plaga que amenaza la credibilidad del periodismo y la estabilidad institucional.

Un grupo de autoproclamados “comunicadores” ha convertido la difamación y la extorsión en un negocio rentable. Sin pruebas, sin rigor, irresponsablemente, señalan, acusan y chantajean a funcionarios de instituciones y figuras públicas.

Amparados en la debilidad de las leyes que no penalizan con contundencia la injuria, utilizan la denuncia como arma y el descrédito como moneda de cambio. Los casos se multiplican. Uno de estos personajes presume tener “400 videos de pruebas” contra autoridades, pero nunca muestra un solo segundo de evidencia. Otro, detenido recientemente y obligado a portar grilletes, se promociona como paladín anticorrupción, lo curioso es que ciertas denuncias parecen tener más valor en efectivo que en justicia.

En un escenario donde la verdad debería ser un fin, algunos la han convertido en simple utilería. Sus denuncias, que aparentan ser gestos de valentía, terminan siendo monedas de cambio en un mercado de intereses privados.

Con gran histrionismo , proclaman ética en voz alta, mientras calladamente negocian el precio de lo que dicen o de su silencio . Al final, no investigan para esclarecer, sino para cotizar. Hay algunos con más de ocho demandas abiertas en tribunales.

El daño no solo es contra las víctimas. Es un golpe directo a los comunicadores serios que, con sacrificio, cumplen la misión de informar con respeto y veracidad. Esta práctica malsana contamina la opinión pública, genera desconfianza y crea un ambiente en el que cualquiera puede ser agraviado y casi destruido sin derecho a defensa.

Algo positivo en todo esto. Estos personajes con sus contenidos mendaces y cargados de falacias, pierden credibilidad, aprecio y admiración, si alguna vez les tuvieron

Es hora de frenar este cáncer. Los funcionarios deben dejar de alimentar a estos mercenarios con favores y sobornos; la justicia debe actuar con firmeza antes de que la desesperación empuje a que la gente tome la ley en sus manos. La historia de México y Colombia muestra lo que ocurre cuando el plomo sustituye a la palabra.

La República Dominicana aún está a tiempo. Pero el reloj corre.

jpm-am