Le di como “cuchumil” vueltas al título, porque no quiero usar las voces y palabras que definen la condición de ser homosexual, especialmente en los corrillos nuestros. Es que son tan populares, que a veces hasta los que somos tolerantes de corazón, las usamos con algún sentido peyorativo, aun y cuando estamos muy lejos de sentir discriminación o irrespeto hacia los que tienen inclinación sexual diferente a la nuestra.

 

Es de ahí, que no empleo los términos, homosexual, cundango, pájaro, gay, pato o el indecente en grado sumo e insultante de “maricón” y sus derivados aumentativos y diminutivos. El titular de un artículo no puede ser una carnada para inducir la gente a leerlo, por lo menos en mi código de ética particular, que fue escrito por Ramón Robles, mi padre; aunque tampoco debe ser tan aéreo, como para que no provoque reacción alguna de los amigos que consumen lo que escribimos.

 

El caso es que en República Dominicana no está validado -por lo menos en el territorio nacional- el matrimonio entre personas del mismo sexo u orientación sexual- y pareciera como si fuésemos gente que vive en la Edad Media, y eso no es verdad.

Actualmente, solo un puñado de países privilegia ese “derecho” al apareamiento intra-género de los humanos, que es justificado por diversos motivos, a saber: satisfacción personal, gozo carnal y espiritual, solidaridad, protección mutua, seguridad social y pienso que hasta de amor real. Porque si bien se considera como un acto “contra natura”, a la luz de nuestra cultura, es también muy cierto que el “libre albedrío”, es un derecho humano que reconocimos al firmar el acta constitutivo de la Naciones Unidas.

 

Los dominicanos no estamos solos en esto de negarnos a legalizar los matrimonios, y tampoco las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Como ya dijimos, la gran mayoría de los países del mundo no aprueba ni los unos ni las otras. En nuestro caso particular, la gente ha resistido con gran tenacidad, los intentos de imponer la agenda LGBT, tal y como ha tratado la embajada de Estados Unidos en la administración del “liberal” Barack Obama.

 

La intromisión de James Brewster, el embajador americano, en los asuntos propios de los dominicanos, lejos de despertar simpatías en favor de los homosexuales, solo sirvió para que se compactara un frente interno de repudio -en ocasiones con ribetes de homofobia, admito- contra toda posibilidad de tolerar la diversidad en materia de preferencia sexual.

Esto pone en gran aprieto a los que de una forma consiente hemos estado respaldando las aspiraciones de igualdad y tolerancia que demandan las personas identificadas como “homosexuales”.

 

Es que no se pueden imponer políticas sociales propias de naciones tan diferentes -en lo cultural, en lo institucional y en el ejercicio ciudadano- a la nuestra. De golpe y porrazo, y por muy influyente que sea el representante del poder del Norte, no se va a cambiar la idea que tienen los dominicanos sobre las relaciones maritales -siempre entre hombre y mujer- y mucho menos sobre esa institución llamada “Matrimonio”, muy a pesar de lo resquebrajada que está hoy.

 

Hay por demás un aspecto que no puede ser obviado al tratar un tema tan peliagudo como este del “matrimonio” entre homosexuales dominicanos. Me refiero al significado que tiene la presencia del personaje ese llamado Wally Brewster, que por mas embajador y colaborador financiero del vetusto y simulador de Barack Obama que haya sido, no tiene el derecho a incursionar en las instituciones del Estado dominicano, cual gobernador imperial en funciones de inquisidor. Pero tampoco a imponer y promover en las redes sociales, espectáculos tan frívolos como el celebrado aquel de “las locas en la piscina”.

 

Lo triste y pesaroso de estas odiosas intromisiones, es que siempre contaron con la vergonzosa aquiescencia del Estado, el Gobierno y buena parte de la clase política dominicana, que busca afanosa el respaldo de la embajada. Porque no se trata de que dicho “embajador” coloque la insignia multicolor LGBT junto a la gloriosa bandera de las barras y las estrellas, pues esa era la política de Estado del pasado presidente Obama sino, de que el Gobierno dominicano en pleno, se arrodille ante tales violaciones a nuestra Constitución y buenas costumbres.

 

Por suerte para todos, el balance final del “reinado” del enviado de Obama en el país, sirvió mas para alimentar la fragua de la resistencia ciudadana a la agenda LGTB, que de apoyo a la idea de “liberalizarnos” al estilo de los llamados países “mas civilizados”.

Hoy día se puede afirmar sin reparos, que a la salida de los “esposos mutuos” que hacían las veces de embajadores de Estados Unidos, los miembros del colectivo gay están en una situación mucho peor que la que tenían antes de la llegada de los dichosos “embajadores” gringos; y esto es muy lamentable.

 

Pero lo que les he contado hasta ahora, son solo aspectos agregados del “matrimonio” entre personas del mismo sexo; digamos que son daños colaterales del evento principal. El problema mayor de este asunto, es que hay en juego un sólido sentido conceptual, que parece ser olvidado por los promotores de la agenda LGBT o agenda homosexual y también por los que se oponen a ella, que a veces parecen estar mas que anticuados y lucen como furiosos fanáticos.

 

El respeto y la tolerancia hacia personas que piensan y actúan diferente a nosotros -siempre que no nos hagan daño- ha sido nuestra norma primera. Y el hecho de que la defensa de los derechos de las minorías, cuando no afectan o laceran los de las mayorías, es lo que nos hace respaldar a los homosexuales en su lucha contra la discriminación.

De manera definitiva, apoyamos que se les reconozca como “parejas”, con todas los efectos legales que ello acarrea. Esto significa que estamos en firme con la Unión Civil de personas del mismo sexo; pero el matrimonio, eso es otra cosa. El matrimonio es el buque insignia de la familia y del futuro de la humanidad; así lo creen mas de 7 billones de personas.

 

No podemos violentar las instituciones y valores sociales de las mayorías, para reconocer a las minorías. El matrimonio es una institución que la gente define como “la unión, con fines de crear descendencia y familia, de dos personas de diferente sexo”. La unión entre personas del mismo género, puede ser llamada de varias maneras, pero nunca será un “matrimonio”, tal como lo concibe mas del 95% de los humanos residentes en la Tierra.

 

Si en lugar de “matrimonio”, la Suprema Corte hubiera aprobado la “Unión Civil” entre gays -con todas las prerrogativas legales que puede implicar, repito- de seguro que la votación no hubiera resultado tan apretada. Me arriesgo a decir que por lo menos ocho de los jueces hubieran votado apoyando la “Unión Civil”. Con tal decisión, se garantizarían los derechos humanos de los homosexuales, que son una minoría, mientras que se respetan las instituciones de los heterosexuales, que son la gran mayoría.

 

Aunque las decisiones de la Suprema Corte son inapelables, si pueden ser variadas con el paso del tiempo, y ya ha sucedido. El 7 de junio de 1892, Homer Plessy, que era “casi blanco” (87.5% blanco/12.5% negro), fue obligado a moverse hasta el vagón de “la gente de color”, a pesar de haber comprado un ticket para viajar en un vagón para blancos del ferrocarril de Luisiana. Al negarse a abandonar su asiento fue arrestado y encarcelado.

 

Plessy llevó su caso hasta los tribunales y finalmente, en 1896, la Corte Suprema decidió que debía mantener la legalidad de la segregación racial expresada en la doctrina de “iguales pero separados”, incluso en los lugares públicos; validando así la decisión de John Howard Ferguson, el juez estatal que rechazó la solicitud de Plessy. Por eso, este notable caso es conocido como “Plessy vs. Ferguson”.

 

Sin embargo, casi 60 años después, el 17 de mayo de 1954 y de forma unánime (9-0), la Suprema Corte, presidida por Earl Warren, en el caso “Brown vs. Board of Education”, echó por el suelo los postulados que había validado en 1896 sobre la segregación racial. La Corte Warren dictaminó que: “con la separación de blancos y negros en las escuelas, se les niegan oportunidades a los estudiantes de raza negra”

 

Como se puede ver, es solo cuestión de tiempo y circunstancias para que se presente la ocasión de corregir este entuerto, que bajo la influencia liberal mediática, ha evacuado el mas alto tribunal de Estados Unidos. Mas temprano que tarde, la Suprema Corte tendrá que reconocer que los derechos de las mayorías no pueden ser pisoteados, solo para complacer a las minorías.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

rolrobles@hotmail.com

JPM

                                           

Desazón y pesar ha provocado entre veteranos periodistas de Nueva York, el que ni uno sólo haya sido incluido entre las pensiones recientes otorgadas por el Poder Ejecutivo a unos 36 colegas, entre los que se incluyen, auxiliares y técnicos de varios medios de comunicación.

Parecería que, si no estamos apandillados, muchos de nosotros estamos condenados al ostracismo. La ley de Pensión Especial 379 del 11 de diciembre del 1981, aquí en Nueva York, sólo obra para beneficiar a amiguitos, clientelas y otros tipos de aliados. No queremos pensar que, necesariamente debemos ser gobiernistas.

Freddy P. Galarza nos ha dicho que necesita esa pensión para retornar a su natal Barahona. Ese es un caso más; sucede que el que no es “simpático”, ni está alineado en claques específicas a lo interno del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), no merece, ni tiene mérito alguno.

Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos tiempos han sido pensionados apresuradamente algunos comunicadores neoyorquinos, aunque no tengan la trayectoria de un trabajo sostenido como periodistas, y mucho menos la edad ni ninguna comprobable enfermedad; esto, además de que nunca calificaron para estar matriculados en el CDP.

De otro lado, muchos en República Dominicana, entienden que los periodistas neoyorquinos del CDP en Nueva York no necesitan de ese amparo. Craso error.

Se fundamentan en la bonanza que exhiben las denominadas “bocinas” que defienden al gobierno de turno, y nos referimos a cuál que sea, en cualquier época.  Resulta que éstos son muy pocos; por demás está decir que los exiguos dólares que devengamos en esta urbe, ellos se los pasan por donde no les da el sol. Ellos si que no necesitan de una pensión.

Los verdaderos periodistas de trayectoria comprobada en Nueva York y en el país, que hemos sido obreros de la prensa; que no hemos vivido de mamandurrias, es decir, cobrar sin hacer nada y sólo por sinecuras; lamentablemente, necesitamos de ese beneficio.  Al menos así podríamos retornar a nuestro terruño y llevar una existencia más o menos aceptable. Ojalá este mensaje se haya entendido, y rinda los que deben ser sus frutos.

jpm

El grupo político que hoy gobierna a Venezuela llegó al poder por medios democráticos en el año 1999, y desde entonces el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)  ganó varios procesos electorales de manera clara y convincente, hasta el 2015 en que fueron derrotados en las elecciones congresuales por la oposición.

El modelo político asumido desde la llegada al poder fue el llamado Socialismo del Siglo XXI, el cual llevó al PSUV a la confrontación permanente con la élite económica y política de Venezuela, así como también con las élites foráneas que inciden en Venezuela.

Los altos precios  alcanzados por el petróleo en el mercado mundial de combustibles fósiles así como también la nacionalización del negocio de la extracción, procesamiento y comercialización del petróleo, pusieron en manos del gobierno grandes cantidades de dinero que le permitieron implementar una agresiva política social en todo el país.

El modelo parecía imbatible  ya que generaba riquezas y reducía pobreza al mismo tiempo que era políticamente democrático porque obtenían victorias tras victorias en todas elecciones que se celebraban en el país.

Dos cosas empezaron a ocurrir que fueron: la disminución de los precios del petróleo en el mercado mundial y el incremento de los niveles de confrontación entre el gobierno, la élite económica y la oposición política,  sin que se viera una manera de revertir ese proceso de deterioro en el ámbito económico y también político.

De aquellos polvos, al caer la lluvia, vinieron estos lodos que han inundado el país entero sin que se pueda visualizar la manera de encontrar una salida a este atolladero que se ha creado en Venezuela.

El principio del fin de la democracia en Venezuela se produjo con la derrota del PSUV en las últimas elecciones congresuales del 2015 de manos de la oposición aglomerada en la Mesa del Diálogo, que es el nombre que ha tomado la oposición política organizada de Venezuela.

Tras la celebración de la Constituyente Popular en este mes de agosto, podemos afirmar que la democracia y la institucionalidad han perecido en Venezuela para dar paso a la dictadura y el totalitarismo del PSUV encabezado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Lo más fácil sería culpar sólo al PSUV de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, y si piensa así se llegará a una errada conclusión que generaría decisiones también equivocadas para superar la crisis y retornar a la democracia en Venezuela.

Es cierto que el que gobierna un país es el que tiene la mayor cuota de responsabilidad en lo que se hace pero la oposición tiene que entender que hay que respetar lo que decida el pueblo si es que se quiere seguir viviendo en democracia.

Hace tiempo que la oposición de Venezuela decidió tomar las calles y abandonar la lucha democrática bajo la creencia de que de esa manera  sacarían del poder al PSUV, pero ahora es el gobierno el que recurre a los procedimientos antidemocráticos bajo el pretexto de la oposición y sus aliados de afuera les han boicoteado la economía.

Hablar de una intervención militar extranjera en Venezuela es crear otro Iraq en América Latina y si las cosas siguen como van el PSUV terminará instalando una dictadura donde todo el que se oponga al régimen terminará preso, muerto o fuera de Venezuela.

El grupo político que gobierna Venezuela tiene suficiente apoyo militar y popular para reemplazar la democracia por una dictadura y usando los recursos que genera el petróleo podrán mantenerse en el poder por mucho tiempo más.

La lección debe ser tanto  para el gobierno como para la oposición a los fines de evitar que surjan otros casos similares en América Latina; mientras tanto pues que sigan los esfuerzos internacionales para encontrar una fórmula que permita salvar la democracia y garantizar la convivencia pacífica en Venezuela.

JPM