El 19 de noviembre de 1961, hace 56 años, un grupo de  militares de alto rango se rebeló contra los familiares de Rafael L. Trujillo y concitaron de inmediato el respaldo de las organizaciones políticas surgidas después del asesinato del dictador, así como del gobierno de los Estados Unidos. En consecuencia, toda la familia Trujillo fue expulsada del país.

Antes de  partir   el general Rafael L. Trujillo hijo (Ramfis), que ostentaba el flamante cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,  hizo fondear   en el muelle de  Andrés, Boca Chica,  el yate Angelita  para  trasladar hasta Cannes, Francia,   el cadáver de su padre  y cantidades de cajas, herméticamente cerradas, cargadas de dólares y lingotes de oro.  La nave era escoltada por la Fragata 101, de la Marina de Guerra, al  mando del entonces capitán de Navío Francisco Javier Rivera Caminero.

En otro yate, el Presidente Trujillo, comandado por el capitán César Gil García,  iba el general Trujillo hijo,   su cuñado Luis José León Estévez y sus amigos  Gilberto Sánchez Rubirosa y  Marcos Gómez hijo,  además de una  hermosa  alemana que compartía la primavera con el general  en su casa veraniega de Andrés, donde hoy está el Club Náutico de Santo Domingo.

En la madrugada del lunes 20 de noviembre el yate llegó al puerto de Basse-Terre, Guadalupe  y  continuó ruta hacia  Point-a-Pitre donde los pasajeros tomaron un avión con destino a Paris.  Posteriormente la fragata  fue retornada a la base naval de Las Calderas, en Baní.

RETORNO DE LA NAVE

El presidente Joaquín Balaguer permanecía en el poder   y como figura preponderante de la rebelión surgió el coronel  Pedro Rodríguez Echavarría, que comandaba la base aérea de Santiago.   Cuando el nuevo líder militar recibió la noticia de la salida irregular del yate por el muelle de Andrés, Boca Chica, por  vía telefónica, dispuso el    cambio de la   tripulación del barco y ordenó al nuevo comandante retornarla de inmediato al país,   lo que se produjo  en la madrugada del día 29. Para la ocasión Rodríguez Echavarría había sido ascendido a mayor general   designado secretario de las Fuerzas Armadas.

Enterado de la situación    Balaguer, que maniobraba para  mantenerse en el poder  y sobrevivir políticamente,  nombró una comisión mixta  que inspeccionara   el buque  y determinara la veracidad de los comentarios  respecto a las propiedades que  llevaban consigo    los familiares de Trujillo.

 El grupo lo encabezaban     los licenciados Carlos Rafael Goico Morales y Emilio Rodríguez Demorizi. En una primera inspección de la nave en Las Calderas,   Demorizi   propuso trasladar el cargamento hasta Santo Domingo, pero Goico Morales sugirió  que previamente se levantaran actas notariales que  certificaran la existencia  real del contenido del yate-

Antes del traslado del buque  desde Las Calderas hasta el muelle en Santo Domingo  Goico Morales llamó al recién nombrado gobernador del Banco Central, licenciado Silvestre  Alba de Moya, para que permitiera el uso de las bóvedas de la institución para guardar los objetos encontrados en la nave. Se  escogió a  los licenciados Diógenes Fernández y Luis Manuel Guerrero, funcionarios del banco, para que bajo inventario recibieran el cargamento.

En su obra “Los últimos días de la Era de Trujillo”, páginas 276 y siguientes, el periodista y escritor Miguel Guerrero,  revela que  un día después que la comisión presidencial dejara oficialmente depositados los   bienes,  el gobernador Alba de Moya recibe un llamada del  general  Rodríguez  Echavarría donde le comunica que: “Ramfis le había llamado desde Paris para pedirle que abriera algunos de los paquetes y archivos incautados en el yate, y así salvar una documentación que él (Ramfis) deseaba conservar.  A juzgar por la insistencia del ex jefe de Estado Mayor Conjunto, agrega Guerrero, se trataba de documentos muy importantes, y que por consiguiente Ramfis enviaría a  personas de su confianza a recoger esos papeles. Todo lo que tendría que hacer Alba de Moya como gobernador, era disponer que se abriera la bóveda, ya que sus emisarios se encararían de hacer un inventario para el banco de los bultos a retirar.

El gobernador  del bancentral respondió al general que él carecía de autoridad para disponer la apertura de la bóveda donde se habían guardado los documentos “porque el Presidente Balaguer designó una comisión para que maneje todos estos asuntos”. Su intervención, dijo,  se limitaba únicamente a facilitar el uso de las bóvedas.  Rodríguez Echavarría alzó la voz para espetarle:  ¿Cree  usted que yo actuaria sin el consentimiento del Presidente de la República?, a lo que Alba de Moya respondió:

-“En ningún momento he pensado eso, general. Ni tampoco he dudado de su palabra. Pero el Presidente actuó por decreto al nombrar la comisión,  y en consecuencia, para desconocer a la comisión que él mismo ha designado, debo esperar otro decreto”.

En lo adelante  hubo un tenso momento de silencio del otro lado de la línea, donde estaba el militar. Sin añadir más palabras, Rodríguez Echavarría cerró con fuerza el teléfono, y no volvió a tocar este tema al gobernador  ni  el funcionario hizo  referencia alguna de ello al Presidente.

INVENTARIO

A mediados de diciembre del mismo año 1961 el gobierno hizo público el valor de los objetos y dinero incautados en la revisión del yate Angelita. Los documentos incluían certificados de depósitos en el exterior por valor de US$24,270,328.53, más US$3,960,300.00 dólares en cheques.  Los agentes eran los bancos Nova Scottia y Royal Bank, de Canadá.

Los cheques y certificados estaban a nombre de Rafael L. Trujillo hijo y de tres corporaciones propiedad de su madre María Martínez de Trujillo. Los cheques estaban endosados por Ramfis a favor de las empresas de su madre y procedían de compañías privadas dominicanas y de bancos.)

chichidejesusreyes@gmail.com

JPM