SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados envió a comisión el proyecto de ley de partidos que estaba en carpeta para este miércoles.

La decisión fue tomada a unanimidad tras una propuesta Rubén Maldonado, presidente de la Cámara.

Los diputados intentaron sesionar la semana pasada para conocer el proyecto, pero por falta de quorum no pudieron reunirse.

La comisión será presidida por Henry Merán (PLD) e integrada por Radhamés Camacho, Gustavo Sánchez, Miriam Cabral, Plutarco Pérez, Dilepcio Núñez, Radhamés González, Hamlet Sánchez, Adalgiza Pujols, Alfredo Pacheco, Víctor D’Aza, Máximo Castro y Fidel Sanana.

En la sesión de hoy a la que asistieron 175 diputados, de un total de 190.

El proyecto incluye la controvertida modalidad de primarias abiertas y simultáneas, defendidas por el sector del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que lidera el presidente del país, Danilo Medina, cuya reelección para 2020 promueven algunos cercanos colaboradores pese a que la Constitución lo prohíbe.

Cuenta, sin embargo, con el total rechazo de una parte del oficialismo que encabeza el presidente de esa organización, el exjefe de Estado Leonel Fernández, que sostiene que las primarias abiertas y simultáneas violan la Constitución del país y cercenan el espacio democrático de los partidos políticos.

El principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha expresado también su rechazo a las primarias simultáneas y abiertas, pero el expresidente Hipólito Mejía, uno de los principales dirigentes de esa organización, se manifestó el pasado fin de semana a favor de esa modalidad.

La declaración de Mejía obligó una reunión urgente de la cúpula del PRM, que convocó, a su vez, a un encuentro de la dirección ejecutiva de esa organización política, cuyo presidente, Andrés Bautista, afirmó al término de ese encuentro el lunes que todos los miembros del bloque perremeísta en la Cámara de Diputados respetan la línea de la formación con respecto a la celebración de primarias cerradas como parte de la Ley de Partidos.

Sobre este tema se han pronunciado desde organizaciones de la sociedad civil hasta el empresariado, quienes consideran que la ley de Ley de Partido Políticos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que lleva años en el Congreso Nacional, deber ser el resultado de un consenso.

 

SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) manifestó su apoyo a la Ley de Partidos con primarias abiertas y simultaneas, por lo que solicitaron a los Diputados acoger dicha propuesta.

Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, calificó como necesario que la referida ley garantice una verdadera democracia en los partidos y en la selección de los candidatos a cargos públicos, vital para la vida institucional democrática del país.

Indicó que su aprobación es fundamental para el futuro, sobre todo si se incluye la modificación del actual sistema de escogencia de candidatos, estableciendo las primarias abiertas y simultáneas.

Manifestó preocupación por el futuro de la Ley de Partidos políticos y la forma en que se han registrado los debates.

Calificó como necesario elevar el nivel del debate y evitar caer en inconductas que en otras naciones nos ha llevado a radicalismos solamente semejante a los sistemas facistas.

“Lo importante es que en la República Dominicana se logre aprobar una Ley de Partidos Políticos que garantice la participación real de los ciudadanos y ciudadanas de conformidad con la Constitución y de los principios nodales de nuestro sistema democrático”, expresó el gremialista.

Surun Hernández acudió al Congreso Nacional a entregar un documento en que el gremio hace la petición.

Estuvo acompañado de los miembros de la junta directiva del CARD, Juan Pérez Roa, vicepresidente; Trajano Vidal Potentini, secretario de educación; así como Josefina Batista, Juan José Zapata, María Elsa Alvarado, Juan Pérez Roa, María Cristina Hernández, Juan José Zapata, Robinson Fermín García Reynoso, Luis R. López Rivas y Leonardo Reynoso.

of-am

SANTO DOMINGO.- Los periodistas Julio Martínez Pozo y Dany Alcántara depositaron este miércoles ante la Procuraduría General de la República un documento en el que  solicitan formalmente que sean investigados los consorciados de Odebrecht en el país, antes de que venza el plazo el próximo mes.

El documento depositado fue leído por Martínez Pozo tras entregarlo ante la secretaría de la Procuraduría.

A continuación el texto del documento:

Señor

Dr. Jean Alain Rodríguez

Procurador General de la República

Su Despacho.

Señor Procurador:Quienes suscriben, señores Julio Martínez Pozo y Dany Alcántara Castillo, dominicanos, mayores de edad, Periodistas de profesión, titulares de las cédulas de identidad y electoral números 001-0689311-8 y 001-0851861-4, respectivamente; el primero con domicilio social en la calle Francisco Carías Lavandier, Número 1, Plaza Madelta VI, Urbanización Fernández, y el segundo, en la calle 5, Número 9, La Castellana, ambos en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; tienen a bien dirigirse a usted, en su calidad de máximo representante del Ministerio Público, a los fines siguientes:

1. La presente comunicación se enmarca dentro de las facultades que como ciudadanos, nos son reconocidas por la Constitución de la República, artículo su artículo 75, numeral 12 consagra los deberes fundamentales de todos los dominicanos, en forma expresa indica: “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.

2. Sobre la base de lo anteriormente señalado, queremos referirnos al notorio e incontrovertido hecho de que la Procuraduría General de la República está apoderada de las investigaciones seguidas en torno a los presuntos sobornos en que la empresa brasileña ODEBRECHT habría incurrido, en ocasión de la adjudicación y aprobación de los financiamientos para la ejecución de obras de infraestructura en el país.

3. Conforme a lo revelado, durante el período comprendido entre el año 2001 al 2014, alegadamente la referida entidad entregó en forma indebida la suma de US$92 Millones de Dólares para asegurar sus negocios en República Dominicana.

4. Las informaciones disponibles dan cuenta que en el preindicado período se ejecutaron dieciséis obras de infraestructura, sin incluir su participación en Punta Catalina. La inversión estimada es de seis mil millones de dólares, de ese monto, las empresas locales consorciadas administraron y manejaron el 35 %, es decir, más de dos mil cien millones de dólares (US$2,100,000.00).

5. En efecto, en el marco de las preindicadas investigaciones respecto a los ejecutivos de la empresa brasileña, la Procuraduría arribó a un arreglo procesal con los ejecutivos de la citada empresa, mediante un acuerdo de colaboración, según el cual se comprometió a resarcir al Estado dominicano los daños materiales y morales causados por tales hechos, al tiempo de identificar a los funcionarios públicos que supuestamente recibieron las coimas denunciadas.

6. Así mismo, el citado acuerdo de colaboración contempla que ODEBRECHT, y sus ejecutivos, se comprometen a la “Identificación de las personas físicas y morales que facilitaron y/o coadyuvaron a entregar los sobornos”. De esto se colige que la investigación en curso debe alcanzar a todas las sociedades comerciales que mantuvieron operaciones de negocios, relacionados con la adjudicación y/o ejecución de dichas obras, con la entidad presuntamente responsable de tan cuestionable conducta.

7. Así las cosas, como ciudadanos preocupados por el curso que lleva la investigación, esperamos que en este aspecto esté despojada de cualquier tipo de sesgo, exclusión, selectividad o condicionamiento, y esté basada en la objetividad. Además, porque conforme a la normativa procesal penal vigente, la etapa preparatoria del proceso a que se contrae nuestra solicitud debe concluir dentro del plazo de cuatro meses de prórroga que le otorgó el Juez Especial de la Instrucción apoderado, plazo éste que está a punto de agotarse.

8. Empero, fundamentados en las informaciones bien acreditas con que contamos, recabadas en nuestra doble condición de periodistas y representantes de medios de información, hasta esta fecha la Procuraduría no ha encaminado las investigaciones que está obligada a desplegar en torno a las sociedades comerciales y sus ejecutivos que operaban como consorciados de la empresa ODEBRECHT, en las distintas etapas de las obras ejecutadas en el referido período.

9. No es ocioso recordarle, más bien lo consideramos conveniente, lo dispuesto por nuestra Constitución en su artículo 49, numerales 1 y 2, que citamos a continuación:

“1. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley;

2. Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley”.

10. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Procesal Penal, constituye una obligatoriedad del Ministerio Público perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan los suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia, como acontece en la especie.

11. La presente solicitud toma mayor relevancia, si se toma en cuenta los patrones de conducta atribuidos a la citada empresa extranjera, en las que conjuntamente con sus consorciados en otros países de la región, ha incurrido en hechos similares a los que se reputa sucedieron en el país. En el Perú, por ejemplo, conforme a la investigación en curso, se ha establecido que los consorciados locales de ODEBRECHT concurrieron en la comisión de los hechos que se le atribuyen.

POR TANTO, en el ejercicio de nuestros deberes fundamentales, y en mérito del citado acuerdo de colaboración pactado por la Procuraduría General de la República con la empresa ODEBRECHT, en el marco de las investigaciones que lleva a cabo sobre los presuntos sobornos pagados a funcionarios dominicanos, le solicitamos formalmente lo siguiente:

ÚNICO: Que proceda a realizar todas las diligencias necesarias que conduzcan a determinar si las personas físicas y las sociedades comerciales que como empresas consorciadas de ODEBRETCH en el país, manejaron la suma de US$2,100,00 Millones de Dólares aproximadamente, tenían conocimiento, participaron o de cualquier forma se implicaron en la consumación de los referidos hechos, presuntamente ilícitos. En vista de que el plazo para concluir la etapa preparatoria está a punto de culminar, le requerimos que dichas diligencias sean efectuadas sin más demoras ni dilaciones que puedan servir de pretexto para asegurar la opacidad de las investigaciones que está obligado a realizar.

Atentamente,

Lic. Julio Martínez Pozo                         Lic. Dany Alcántara Castillo

Periodista Solicitante                                            Periodista Solicitante.

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