La sociedad dominicana reaccionó, de manera unánime o mayoritariamente alarmada, tras el asesinato de la joven Anneris Peña a manos de un delincuente que no se sintió conforme con robar en la joyería donde laboraba la mujer, sino que prefirió quitarle la vida para evitar que ella lo identificara.

Ese temor a ser identificado ante las autoridades obedeció a que no era la primera vez que el delincuente visitaba la joyería, pues lo había hecho en ocasiones anteriores cuando acudía a vender prendas que no hay que ser adivino para saber que eran robadas.

Y es aquí donde entra la complicidad colectiva con el delito. Esta sociedad, quizá sin proponérselo, se ha ido enredando en la indiferencia frente a hechos que todos sabemos forman parte del rosario delictivo en que una parte de ella viene incurriendo.

El hecho de que el delincuente en cuestión acudiera frecuentemente a la joyería se debió a que ese negocio le compraba las prendas, lo que, al final, se traducía en un incentivo para que siguiera robando, confiado en que tenía un mercado asegurado.

Es exactamente lo que ocurre con compraventas, distribuidores de piezas y partes para vehículos de motor y negocios dedicados a la fundición de materiales sólidos.

Las compraventas adquieren o «empeñan» equipos del hogar que les son llevados por personas que a leguas se sabe no son sus propietarios, lo que convierte a esos negocios en cómplices de una actividad delictiva creciente en nuestro país.

A los administradores de esos negocios no se les ocurre exigir la presentación de una factura que pruebe la adquisición lícita del artículo presentado. Y no lo hacen porque ven en esa operación una oportunidad de obtener ganancia más o menos fácil, aun conscientes de que incentivan el delito.

Lo mismo sucede con distribuidores de partes de vehículos, un mercado establecido en base al robo y al desvalijamiento de autos cuyos propietarios los han adquirido con enormes sacrificios.

Estoy seguro de que un mercado a las claras formado y mantenido por la actividad delictiva sólo es permitido por las autoridades en un país donde la irresponsabilidad es parte de la cotidianidad.

¿Y qué decir de las fundidoras de metales? Es otro renglón que se nutre en gran parte del delito. Sus abastecedores son delincuentes que roban tapas de imbornales en calles y avenidas, barandillas de puentes, verjas en lugares públicos y propiedades privadas, cables de telefónicas y otras empresas, en fin, ladrones más o menos conocidos.

¿Se ha levantado la sociedad para exigir a las autoridades hacer frente a esta delincuencia organizada? No lo ha hecho. Entonces todos, de alguna manera, somos cómplices de la muerte de Anneris Peña

nelsonencar10@gmail.com

 

El Código Procesal Dominicano establece en sus artículos 224 y el 276 que la Policía sólo puede arrestar a un ciudadano si lo encuentra cometiendo un crimen o delito (infraganti) o mediante una orden de un juez. Debe –como en las películas y series estadounidenses- mostrar su placa explicarle porque lo agarra y decirle sus derechos, cosa que casi nunca ocurre.

La policía dominicana aún mantiene elementos ideológicos dictatoriales heredados de los regímenes de fuerza que hemos tenido durante muchos años. Quitarle esa concepción trujillista de que “el civil no es gente”, requiere de educación, organización, recursos y tiempo.

Una Constitución, ni un Código cambiarán décadas de abusos y atropellos a los ciudadanos.

La Constitución es moderna, el Código Procesal avanza al igual que en otros países, aunque no siempre se toma en cuenta la realidad local. Extrapolar leyes de países más ricos y educados que el nuestro no es bueno. Estamos exportando leyes sin ver los resultados. Dicen muchos abogados y ciudadanos que el actual Código favorece a los delincuentes.

No quiero distraerme en disquisiciones jurídicas, que de poco o nada sirven; lo que deseo tratar es el arresto de los ciudadanos.

Sucede que es muy difícil apresar a una persona, no por falta de actitud policial, sino de los jueces que tienen que autorizarlo. Una orden de arresto suele tardar una, dos, tres y hasta un mes a pesar de las pruebas presentadas. Muchas veces la policía está  atada de manos.

No hace mucho tres individuos penetraron a una vivienda en la Zona Colonial después de las tres de la madrugada, donde, además de la pareja, un extranjero que viaja por el mundo resolviendo conflictos humanitarios y su compañera, dominicana,  estaban dos niñas de unos 17 años, y la señora del servicio. Los capos pedían una cantidad de dinero que no existía, prendas, relojes, “caja fuerte”, etc.

Esas personas, como podemos imaginar, pasaron el susto de sus vidas nada más y nada menos que en su propia casa. La pareja sólo pensaba “en las niñas”, en lo que podían hacerles estos desalmados.  El hecho ocurrió, repito, en la Zona Colonial, tal vez el sector más vigilado de la capital. Ellos no quisieron hacer la denuncia públicamente para “no hacerle daño al turismo ni al país”.

Las cámaras tanto de la casa como de las calles mostraron con toda claridad a los capos. A pesar de la denuncia realizada poco después del robo, la policía, con la evidencia en las manos no pudo arrestarlos hasta que días después se emitió la orden.

Conozco otros casos más preocupantes de ladrones que no son arrestados a pesar de tener un historial de crímenes, robos, violaciones y otros delitos, de tener varias fichas policiales y de ser identificados por las cámaras y los testigos. Simplemente la orden del juez se dilata lo cual le permite a los capos actuar en otros hogares de manera violenta.

Con las evidencias en las manos una orden de arresto no puede durar más de una o dos horas. Ese proceso debe ser agilizado, como sucede en las películas norteamericanas y en las series CSI. Las Venas. (En la escena del crimen)

Arrestar a una persona después de una investigación minuciosa de parte de la policía, debe hacerse preventivamente a la mayor brevedad posible, lo cual evitará “intercambios de disparos”, reales o falsos.

Por otro lado, los jueces no pueden ser tan indulgentes con los delincuentes recurrentes. No sé cómo es que un criminal, violador, atracador y ladrón (no me refiero a los políticos)  puede tener diez y hasta quince fichas policiales. No lo sé. Lo que sí sé es que nadie está seguro en ningún lugar. Los delincuentes se han apoderado de las calles, en el día y en la noche.

 

  Debo confesar que luego de pasar la amarga experiencia de ser un migrante más en tierras extrañas, a veces me siento como un despojo de la exclusión e inequidad de las desacertadas políticas públicas de República Dominicana pero, de alguna forma, también, es la resultante de resistirme a la tentación de corromperme hasta los tuétanos.

  Pese a todo, más que deprimirme, luego de observar a mis nietas-todavía no hay un varón-, me siento como uno de los 17 elementos de la “tierra rara” que contribuyen al algoritmo tecnológico de hoy. Es decir, al igual que uno de éstos, aunque se obvie, he hecho mis aportes. En otra dimensión, soy dador de razas y etnias.

  He contribuido con la formación de otras existencias en un sincretismo que cada día se acrecienta más. Mis hijos tienen descendencias de otros confines de nuestro agitado mundo; y esto ha reforzado la reciedumbre de mi tolerancia, al tiempo de barrer con cualquier vestigio discriminativo.

  Profundizando más en ese intrincado asunto y consciente del origen africano del hombre; pensando en los que descienden de mí y con los que han entretejido su cotidianidad podría suceder que, yo mismo, de someterme a un riguroso examen genético tal vez tenga la ascendencia de un asiático, polinesio, nórdico, u otra especie de una muy remota región.

  En fin, muy a pesar de mi forzoso ostracismo es dable afirmar que la mayoría de migrantes hemos contribuido con la diversidad, y engrosamos nuevas generaciones con las perspectivas esperanzadoras de un futuro más esplendente.

  Con todo y nuestros resabios estoy convencido de que ésta, fomenta el desarrollo de nuestra economía y, aunque se note a largo plazo, terminará por colorear nuestro acervo cultural.