Moncada, que intervino en la reunión impulsada por Estados Unidos, defendió que el Consejo de Seguridad «no es competente» para tratar la situación en Nicaragua dado que ésta no plantea una amenaza para la paz y la seguridad internacional.

«Demandamos y exigimos el cese de toda política injerencista que viola el derecho internacional», señaló el representante nicaragüense.

Moncada defendió que la solución a la crisis pasas por «un verdadero diálogo entre los nicaragüenses» como el que promueve el Gobierno.

«Ese es el camino, esa es la ruta y ese es el dialogo más efectivo que puede existir, el diálogo que practica el pueblo con el pueblo, la familia con la familia», insistió.

Moncada, además, recordó que Estados Unidos fue condenado en 1986 por la Corte Internacional de Justicia por «actividades militares, paramilitares y actos de terrorismo en contra de Nicaragua».

«El pueblo nicaragüense y la comunidad internacional estamos esperando que los Estados Unidos de Norteamérica cumpla con la sentencia de la corte, indemnizando a Nicaragua y cesando todo tipo de agresión e injerencia», añadió.

Varios países del Consejo de Seguridad, incluidos dos miembros permanentes como Rusia y China, protestaron hoy por la decisión de EE.UU. de convocar un debate sobre Nicaragua, cuya crisis ven como un asunto interno.

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«Más allá de la retórica política, es la realidad económica la que determina fundamentalmente los flujos migratorios», señaló hoy en rueda de prensa Carlos Serrano, economista jefe del BBVA Bancomer, filial de la entidad financiera española BBVA.

De acuerdo con el «Anuario de Migración y Remesas México 2018», presentado este miércoles en Ciudad de México, en 2017 había 12,2 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos; esta cifra supone un máximo histórico, aunque muy similar al nivel observado en los últimos diez años.

De todo estos, el 51 % serían indocumentados, según destaca el informe citando a Pew Research Center.

Este aumento se relaciona con un «fortalecimiento importante del mercado laboral», cuya tasa de desempleo regresó a niveles bajos, en torno al 4 %, tras la crisis económica que detonó en 2008, indicó el experto.

El pasado año, continúa el texto, hubo una disminución de las deportaciones de mexicanos hasta los 167.000 eventos, si bien aumentó el número de familias separadas, pues el 16,1 % de los deportados dejaron un hijo menor de 18 años en el país vecino.

«Hemos visto una recuperación neta de migración en Estados Unidos, de empleos para mexicanos en Estados Unidos y de remesas», agregó Serrano.

El informe ubica el índice de desempleo de mexicanos en Estados Unidos en el 4,9 %, «ligeramente mayor al 4 % de toda la población».

De acuerdo con sus estimaciones, las remesas enviadas a México crecerán esta año al 9 % anual hasta llegar a 33.000 millones de dólares, mientras el próximo año lo harán en el 6 % hasta 35.000 millones de dólares, volúmenes nunca antes alcanzados.

Este menor crecimiento entre 2018 y 2019 se deberá a la estabilización del tipo de cambio tras un acuerdo comercial derivado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), si bien la dinámica laboral continuará mejorando.

Las remesas proceden principalmente de los migrantes en Estados Unidos y representan la segunda fuente de divisas de México después de las exportaciones automotrices, siendo superiores a las ventas fuera del país de las petroleras y a la entrada de divisas por turismo. De acuerdo con el documento, representan el 2,7 % del PIB del país, su máximo nivel desde 2006.

El informe, elaborado por Fundación BBVA Bancomer, BBVA Research y el Consejo Nacional de Población (Conapo), da además una radiografía pormenorizada del fenómeno migratorio mexicano.

La segunda potencia económica de América Latina tras Brasil sigue siendo la cuarta receptora mundial de remesas tras India, China y Filipinas, y la segunda con más migrantes en el mundo después de India.

Son receptores de remesas 1,6 millones de hogares en México, el 4,8 % del total. El porcentaje de familias que reciben remesas aumenta en estados como Zacatecas (16,7 %), Michoacán (15,8 %) o Nayarit (13,2 %).

El 80,7 % de los migrantes mexicanos a Estados Unidos tienen estudios de bachillerato o menor, en tanto que solo el 19,3 % tienen un nivel de educación superior.

No obstante, en las segundas y terceras generaciones, el nivel bajo de estudios se reduce hasta el 50 % de los mexicanos en Estados Unidos.

La construcción es el sector económico que emplea a más hombres mexicanos en Estado Unidos, con el 29,7 % del total, mientras que el 22,1 % de las mujeres trabajan en salud y educación. 

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Bachelet hizo su juramento ante el secretario general de la ONU, António Guterres, quien el mes pasado la eligió como sustituta del jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, que había ocupado el puesto desde 2014.

La expresidenta chilena, que fue confirmada por los Estados miembros el 10 de agosto, inició oficialmente su nuevo trabajo el pasado día 1 de septiembre.

Bachelet tiene por delante un mandato de cuatro años al frente de la estructura de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede central en la ciudad suiza de Ginebra.

La chilena es la séptima personalidad en ocupar el puesto desde su creación en 1993.

Antes de Zeid, lideraron la Oficina del Alto Comisionado José Ayala-Lasso (1994-97); Mary Robinson (1997-2002); Sergio Vieira de Mello (2002-03); Louise Arbour (2004-08); y Navi Pillay (2008-14).

Bachelet regresa con su nombramiento a Naciones Unidas, donde ya fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres entre 2010 y 2013.

Además de Bachelet, hoy juró su cargo la nueva ombudsman de la organización, Shireen Lillian Dodson.

Con esos dos nombramientos, ahora mismo hay 24 mujeres frente a 22 hombres en el escalafón directivo más alto de Naciones Unidas, según destacó el portavoz Stéphane Dujarric. 

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La entidad remitió una carta al responsable de la JCE donde señala que existen disposiciones en la norma promulgada el pasado 13 de agosto que no requieren de su aprobación para su efectivo cumplimiento, como el periodo establecido para la precampaña electoral, la cual debería comenzar el 7 de julio de 2019.

«Resulta inconcebible que la promulgación de la ley no haya detenido la precampaña a destiempo y que, por el contrario, se hayan multiplicado los actos proselitistas y los distintos aspirantes a ser precandidatos anuncian por televisión nacional, sin ningún prurito, que recorrerán el país en busca de los votos que necesitan», denunció la coordinadora general de PC, Miriam Díaz Santana.

A su entender, la intención del legislador al aprobar la ley y de la JCE como autora de esta en su facultad constitucional de formación de leyes, fue la de reducir los «elevadísimos» costos de las actividades proselitistas mediante la reducción del período en que se pueden realizar.

Además, el reglamento se identifica la «propaganda permitida», que solo es admitida dentro del período de precampaña, y sanciona con la inadmisibilidad de la candidatura a aquellos aspirantes «que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña», apunta la nota.

En consecuencia, las actividades proselitistas están prohibidas fuera del periodo de campaña, por ejemplo «las reuniones en recintos cerrados, visitas casa por casa, encuentros y otros tipos de actividades similares», y para la organización «no se necesita reglamento para cumplir con esta clara disposición legal».

«Resulta obvio que, si las actividades permitidas están prohibidas fuera del período de precampaña, con mayor razón las descritas como prohibidas en la norma», señaló Díaz Santana.

En este sentido, aludió a la pintura de calles, aceras, contenedores, postes, arboles, y la colocación de afiches, vallas, cruza calles, calcomanías, adhesivos, murales, altoparlantes (disco light) y cualquier otro medio de publicidad partidaria, incluyendo mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los medios de comunicación radial y televisivo», añadió.

«Nuestra principal preocupación en estos momentos es el tremendo daño que los partidos y aspirantes le hacen a la credibilidad de la JCE, que va perdiendo su autoridad en la medida en que no le pone freno a esta ola de violaciones a la ley, que debe no solo respetar, sino además hacer respetar.

Desde la entidad confían en que la JCE «no se dilate mucho más en llamar al orden, aplicando si fuere necesario las sanciones que dispone la ley, sobre todo la inadmisibilidad de las precandidaturas de los aspirantes que se encuentres en clara violación a la ley», señaló Díaz Santana.