El reciente secuestro temporal en la frontera de unos prominentes dominicanos por una turbamulta de haitianos ha puesto en entredicho el rol de nuestras fuerzas armadas para garantizar la integridad y seguridad del territorio nacional. También dejó claro que nuestro problema fronterizo no se limita al control del contrabando y la migración ilegal. De los reportes de prensa se colige que el meollo del asunto reside en el incumplimiento de la misión encargada ahí a los institutos armados. El desmadre parece tal que provoca la interrogante de si los mismos deben seguir existiendo (https://acento.com.do/2017/opinion/8476926-la-supresion-las-fuerzas-armadas/).

El manejo del “problema fronterizo” ha pasado por varias etapas. En tiempos de Trujillo prevaleció la creencia de que el remedio era promover la “dominicanizacion” del territorio aledaño. A tales fines se asentaban ahí familias campesinas para evitar la ocupación de territorio dominicano por los haitianos. En tiempos de Balaguer, sin embargo, emergió la otra creencia de que el problema era la falta de desarrollo y se creó, con el fin de promoverlo, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo. Pero aun cuando hoy día existe una ley que incentiva la ubicación de nuevas empresas a lo largo de la frontera, ese desarrollo no se ha materializado y la pobreza de sus habitantes continua rampante.

Con la agudización de la migración haitiana se ha arraigado la creencia de que la solución es una presencia militar masiva, dejando en manos de las fuerzas armadas el manejo de la frontera. Con cada incidente que se suscita se anuncia como solución un reforzamiento del control militar que promete mucho pero que al final no consigue nada. “Desde el 2015 hasta el 12 de noviembre de 2018, se han registrado al menos 15 incidentes que han provocado que la frontera haya sido reforzada por miles de militares en más de veinte ocasiones.” “…las autoridades han reforzado esa zona en mas de ocho ocasiones en 2018…creando una fuerza de tarea dependiente del Ejercito Nacional denominada “Cerco Fronterizo”, cuya misión es reforzar los controles en la línea divisoria con Haití.” (https://listindiario.com/la-republica/2018/11/13/541495/el-reforzamiento-militar-en-la-zona)

Al pertinaz fracaso en la prevención de “incidentes” fronterizos se añade la corrupción de oficiales y soldados reportada por las encuestas y la prensa. Cuando los reporteros preguntan al pueblo llano cual es la causa de la migración ilegal haitiana la respuesta es siempre “la mordida” de los militares, quienes cobran para dejar pasar la frontera y para encubrir el contrabando. Es vox populi que destacar a un alto oficial en la frontera equivale a ayudarlo a resolver su problema económico.  De ahí que la migración ilegal y el contrabando continúan indetenibles (https://www.diariolibre.com/especiales/reportajes/las-manos-que-abren-la-puerta-al-trafico-de-haitianos-HO10784300).

https://www.youtube.com/watch?v=bYznUSydpwM

La tarea militar esta asignada al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), el cual comenzó a operar en el 2007 con 300 soldados de las tres ramas militares y para el 2018 ya tenia 692. A eso se añaden los 5,200 efectivos del Ejército (“Cerco Fronterizo”). El costo de esta vigilancia era de RD$16 millones en el 2006, pero para el 2018 el Presupuesto del Estado consigno una partida de RD$301,067,512. La mejor prueba de que el significativo aumento de recursos –entre los cuales ahora se cuentan drones, helicópteros, camionetas y motores—no ha dado resultado es que el pasado año se repatriaron 103,000 haitianos (https://www.diariolibre.com/actualidad/en-2017-fueron-repatriados-103-mil-haitianos-impiden-entrada-a-3-200-este-ano-FJ8920896) y este año se estiman ya en 70,000. “Desde julio de 2015 hasta junio de este año (2018), casi 300 mil haitianos fueron deportados o devueltos a Haití a través de los puntos fronterizos oficiales y no oficiales de la frontera.” (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=197436&SEO=70-mil-haitianos-regresan-deportados-de-dominicana).

A este fracaso de los militares para “controlar” la frontera se añade una sensible perdida del glamor de la profesión. Este se ha ido perdiendo a medida que los gobiernos realizaban ascensos masivos de oficiales y clases y se multiplicaban los que adquirían altos rangos, logrando así una neutralización del estamento militar para evitar golpes de estado. Con la pérdida del prestigio de los rangos vino aparejada la corrosión de la moral militar. A principios del actual periodo de gobierno habían 170 generales en las fuerzas armadas y 57 en la Policía Nacional (https://acento.com.do/2014/actualidad/8167007-ffaa-tienen170-generales-activos-cuando-legalmente-debian-limitarse-a-52/). El pasado año el costo para el Estado de mantener solamente esta oficialidad sobrepasó en el 2017 los siete mil millones de pesos (https://acento.com.do/2017/actualidad/8435960-en-fuerzas-armadas-hay-136-generales-que-sumados-a-otros-oficiales-cuestan-rd7-mil-millones-anuales-a-contribuyentes/). Durante la gestión del actual Ministro de Defensa se ha puesto en retiro un total de 3,822 oficiales y subalternos, incluyendo 27 generales y 386 coroneles en los últimos dos  ). Se pueden citar otros logros del actual Ministro (https://hoy.com.do/ministro-defensa-expone-logros-gestion-y-planes-que-ejecuta/), pero la frontera sigue sin control efectivo.

La consecuencia de tal proceso ha sido un abandono de la mística con miras a conseguir recompensas pecuniarias. Elementos militares incurren en descredito con actuaciones non sanctas que han reemplazado, por sus daños colaterales, el peligro de los golpes de estado.  El rumor publico acusa a los militares en el tráfico de drogas, con una participación escandalosa y casi visible en barrios y ciudades.  El lema “Todo por la Patria” ha perdido tanto lustre que ha caído en desuso. Como estribillo de exhortación ya no encandila furor patrio ni convoca a un servicio militar honesto y dedicado.  Porque ese globo se ha desinflado la carrera militar ya no cautiva las juventudes como lo hacía en el pasado.

El estiaje militar en nuestro país ha seguido un patrón similar al de Latinoamérica (https://www.plazapublica.com.gt/content/militares-latinoamericanos). Desde la creación del Ejército y la Policía nuestras fuerzas armadas no han librado ninguna guerra interestatal y, por el contrario, han protagonizado golpes de estado, protagonizado una guerra civil y ejecutado fuertes campañas de represión interna. Su rol en esto último siguió a las feroces campañas contra el comunismo y la revolución castrista entre los 60 y los 90.  Ahora que el mantenimiento de la paz interior no requiere su participación, se torna necesario explorar la posibilidad de que esos recursos asuman otro destino y contribuyan al desarrollo del país. Costa Rica y Panamá ya suprimieron sus fuerzas armadas (ver gráfica).

La oxidada imagen castrense que destila la reseña anterior ha tenido un punto de inflexión en el aludido incidente fronterizo al alarmar a la alta clase media. La inconformidad con el desempeño militar se desprende claramente de su declaratoria de misión, tal y como aparece en la página web del Ministerio de Defensa. “La misión de las Fuerzas Armadas es defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad;”

El incumplimiento de esa misión institucional debe provocar una discusión sobre el futuro de nuestras fuerzas armadas, las cuales tienen un personal activo de 89,897 personas (https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_(Rep%C3%BAblica_Dominicana) y cuyo  presupuesto para el 2019 ascenderá a RD$37,105,551,196 (https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2018/10/1.Proyecto-de-Ley-de-Presupuesto-General-Del-Estado-.pdf). En estos tiempos el único peligro para la soberanía se limita a una eventual agresión proveniente de Haití, un país que apenas comienza a reconstruir sus propias fuerzas armadas y a quien se le podría proponer una abolición mutua. No hay ningún otro peligro que justifique su existencia y el patrullaje fronterizo sería una tarea policial de doble vía.  Por tanto, se deben ponderar por lo menos dos diferentes alternativas de actuación: 1) abolición para transferir su personal a la Policía Nacional, y 2) reducción de su tamaño y desarrollo de su profesionalización. No resulta difícil preferir la primera alternativa por su intrínseca racionalidad. Despise de todo, ya existen 25 pauses sin fuerzas armadas.

Ahora que parte del encono se silencia para dar paso a la esperanza de que la sociedad, conjuntamente con la familia Peguero, obtenga una condena que además de satisfacer las ansias de justicias del pueblo, también sea conforme con lo horrendo del crimen cometido en contra de una adolescente (Emely) y su criatura, quiero aprovechar la ocasión para analizar un elemento que de forma extraña ha sido dejado fuera, el cual puede ser clave para que finalmente comprobemos, a pesar de estar comprobado, la complicidad de Marlin en el quebrantamiento efectuado.

Nunca, según mi corta edad, había visto un caso en el cual el pueblo dominicano le haya dado tanto seguimiento. De forma tal que se formaron dos tribunales: primero el mediático –  pueblano  y segundo el jurídico – legal.

Fruto de las sentencias ciudadanas que emitimos en las esquinas y en los lugares donde concurrimos se le colocó un blasón (cómplice) a la señora Marlin y su hijo (asesino), en virtud de los conciliábulos que se formaron con la intención de garantizar impunidad en un crimen de magnitudes sangrientas nunca antes vistas.

Según expresó Marlin, al momento del crimen atroz,  ésta se encontraba en la ciudad Capital y desconocía de lo llevado a cabo en uno de sus apartamentos. Fue luego de consumado el crimen que ella se adhiere a la intención de ocultar el cadáver y buscar formas de proteger de la acción de la justicia a su hijo, Marlon Martínez.

El hecho descrito en el párrafo anterior nunca fue cuestionado por el órgano investigador. Fue visto como bueno y válido, como palabra de rey, existiendo mecanismos de tipo tecnológico que pueden  dar con la verdad o la falacia.  Pero más importante aún es el hecho de que cuando una persona, una mujer o joven en este caso, desparece, se debe detener al principal sospechoso, el cual es la pareja o novio de la desaparecida, esto nunca se hizo, hasta pasado algunos días; dando tiempo a que los criminales hicieran los que se les vino en gana.

Un elemento esencial que se usa en éstos casos es el rastreo de las llamadas, verificación de los lugares o las personas que llamó el sospechoso/a de crimen o complicidad.  Notamos de forma extraña que cuando se inicia el vendaval de opinión publica en torno a la desaparición, el fiscal de la jurisdicción (Felipe Restiyuyo) actuó de forma tardía e inclusive se le acusó de formar alianza con Marlin para retrasar la acción judicial frente a lo horripilante del crimen.

Para hacer esto se supone que Marlin debe tener conexiones de tipo político muy poderosas, y efectivamente así las tiene. Por tanto el Ministerio Publico debió mostrarle a los jueces y a la población en sentido general a quienes Marlin llamó antes, durante y después de consumado el crimen. Me da curiosidad saber si ella llamó a su jefe político Miguel Vargas para que intercediera.