«Es una distinción, un honor, un privilegio para cualquier país», afirmó el ministro de Turismo dominicano, Francisco García, durante la apertura del pabellón de su país.

El ministro ejerció de anfitrión ante los reyes de España, Felipe VI y Letizia, que visitaron el estand dominicano, durante la inauguración de Fitur, al ser este país «socio» de la feria.

Como obsequio, la reina recibió unos pendientes exclusivos de ámbar y larimar (piedra semipreciosa que solo se encuentra en República Dominicana) y, el monarca, unos gemelos de oro y ámbar.

En declaraciones a la prensa, el ministro destacó los buenos datos del sector turístico en su país, que el año pasado creció el 6,2 %, con un aumento de los proyectos de inversión, y avanzó que las perspectivas para este año son «excelentes».

García consideró que el hecho de ser reconocidos con la categoría de socio «es producto del reconocimiento que la feria más importante de España da a la República Dominicana». Además, esto les permite la promoción conjunta con Fitur, con una máxima difusión y proyección del país como destino turístico.

El país caribeño, con 6,6 millones de visitantes extranjeros el año pasado, es líder en la región en número de turistas y en inversiones.

«La República Dominicana está en un buen posicionamiento y ahora llegó el momento de trabajar todos en una sola dirección: Gobierno y sector privado; inversionistas locales e inversionistas extranjeros», dijo el ministro.

En este sentido, la presidenta de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana (Asonahores), Paola Rainieri, en declaraciones a Efe, destacó el trabajo que esa agrupación está desarrollando con el Gobierno para mejorar el sector, dentro del Plan de Ordenamiento Turístico.

Asimismo, hizo hincapié en la calidad de las instalaciones hoteleras, que calificó como «excelentes».

República Dominicana cuenta con más de 50.000 habitaciones de hotel y, solo en 2018, se crearon más de 7.000 nuevas, lo que muestra la importancia de la inversión en el sector.

Rainieri destacó que el turismo es la principal industria de su país, que genera 350.000 empleos, y señaló la importancia y el aumento de las inversiones extranjeras, con España y México como principales inversores y la llegada de otros nuevos como Francia, sin olvidar la inversión dominicana, que ocupa la tercera posición.

Además de sol y playa y el turismo de cruceros, el país caribeño ofrece este año en Fitur su oferta de «ecoturismo», para que el visitante descubra su patrimonio natural, aún poco conocido.

República Dominicana está presente en Fitur desde la primera edición de la feria en 1981 y su presencia de este año es la tercera más grande, después de México y Portugal.

Fitur, una de las principales ferias de turismo del mundo, inauguró hoy en Madrid su 39 edición y estará abierta hasta el próximo día 27 de enero. 

Santo Domingo, 23 ene.- Cientos de personas convocadas por la diáspora venezolana en la República Dominicana se manifestaron este miércoles en Santo Domingo en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, en el marco de las protestas organizadas esta jornada por comunidades venezolanas en más de 200 ciudades de todo el mundo.

Los manifestantes se concentraron en la Plaza Bolívar de Santo Domingo, «en apoyo al inmenso espíritu cívico que se practica en las calles venezolanas» hoy, miércoles, como parte de una movilización convocada por la oposición en rechazo al nuevo mandato de Maduro.

En un comunicado entregado a la prensa, los organizadores demandaron «el cese de la usurpación de la presidencia de Nicolás Maduro, a quien un importante número de países no reconoce como presidente luego de unos cuestionados comicios», y favorecieron un gobierno de transición «que convoque elecciones libres y transparentes».

En tanto, en otro comunicado leído por Juan Carlos González, miembro de la organización Diáspora Venezolana en la República Dominicana, los manifestantes denunciaron «la precaria situación política, social y económica» que se vive en Venezuela y que, afirmaron, fue la causa «que nos obligó a salir a nosotros, y todavía empuja a miles cada día a cruzar a pie nuestras fronteras».

«La escasez de alimentos, la deficiencia del sistema de salud, la ausencia de servicios básicos, el aumento desproporcionado de la inseguridad ciudadana y la hiperinflación nos han convertido en uno de los peores lugares para vivir en el mundo», apuntaron en la nota.

En otro orden, y tras agradecer la acogida de los dominicanos, pidieron al Estado dominicano facilitar la regularización migratoria de los venezolanos en el país y que este proceso «no suponga lidiar con la burocracia venezolana, lamentablemente secuestrada por la gente que no quiere un cambio político para nuestro país».

El acto fue interrumpido brevemente por varias personas que se identificaron como chavistas y que llegaron a la plaza gritando consignas a favor del Gobierno de Maduro y portando carteles y fotografías del mandatario, pero la actividad transcurrió sin que se informara de mayores inconvenientes.

En Venezuela, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, anunció este miércoles en el marco de las movilizaciones que asume las competencias del Ejecutivo en lo que llamó la lucha en contra de la «usurpación» de la Presidencia por parte de Maduro.

Los venezolanos en territorio dominicano pasaron de 3.434 en 2012 a 25.872 en 2017, de acuerdo con cifras oficiales, pero datos de representantes de la mesa coordinadora de la diáspora venezolana en el país calculan que ya suman 30.000, la mayoría con estatus migratorio irregular.EFE

La prolongada paralización gubernamental, que afecta a un 25 % de la Administración, ha despertado además la solidaridad de distintas personalidades hacia los 800.000 empleados federales que no han recibido su pago quincenal por segunda vez desde el pasado 22 de diciembre, cuando arrancó el cierre.

El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, presentó la iniciativa anunciada el pasado sábado por Trump, en un intento por desatascar la aprobación de fondos para algunas agencias federales que no cuentan con presupuesto y asegurar la financiación para el muro en la frontera con México.

Trump ofreció extender dos programas migratorios cancelados por él mismo, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para refugiados extranjeros, a cambio de los 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México.

Casi al cierre de la jornada se conoció que los líderes del Senado llegaron a un acuerdo para que el próximo jueves se voten sendas propuestas para acabar con el cierre parcial.

McConnel fijó dos votaciones para la tarde del jueves, cada una de las cuales requerirá el respaldo de 60 senadores para avanzar.

La primera votación, según la publicación The Hill, sería sobre la propuesta de Trump, y en caso de que fracase se consideraría una «resolución continua» -que es un tipo de legislación de asignaciones presupuestarias que permite reservar fondos para departamentos, agencias y programas federales específicos- de tres semanas.

«Por primera vez, obtendremos una votación sobre si abrir el Gobierno sin ninguna decisión de una manera u otra sobre seguridad fronteriza», señaló el líder de la minoría demócrata, Chuck Shummer, sobre el acuerdo, según declaraciones difundidas por The Hill.

Aunque nada garantiza que en ambas votaciones se alcance el apoyo requerido, el acuerdo ha sido interpretado por algunos sectores como un avance después de semanas de desencuentros entre ambos partidos.

Al intervenir en la sesión de hoy, McConnel subrayó que «lo que tiene que suceder es que los demócratas estén de acuerdo en que es hora de poner al país por delante de la política».

«La oportunidad de terminar con todo esto nos está mirando a la cara», declaró McConnel, que calificó como «integral», «bipartidista» y «sólida» la propuesta presentada por el gobernante estadounidense y subrayó que es lo «único que está sobre la mesa».

A su turno, Shummer alertó de que la oferta de algunas protecciones temporales a cambio del muro fronterizo «no es un compromiso» y la consideró «una toma de rehenes».

«Cuando el presidente dice que dará DACA y TPS parcialmente, a pesar de que él creó el problema por su cuenta a cambio del muro, es como una negociación por bienes robados», sentenció Schummer, quien junto a la líder demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ha liderado la oposición a la barrera fronteriza.

Pero a medida que el cierre se extiende, la preocupación por los empleados federales que deben cumplir con sus funciones sin devengar un salario ha tocado a distintas personalidades que han empezado a dar muestras de solidaridad.

En Nueva York, los Nets y el Banco de Alimentos de la ciudad distribuyeron comida a unas 500 familias en el estadio de ese equipo de baloncesto, el Barclays Center.

También el cantante Jon Bon Jovi ofreció comidas gratis el domingo en su restaurante «JBJ Soul Kitchen».

Igual gesto tuvieron el expresidente George W.Bush, que repartió pizzas a agentes del Servicio Secreto a cargo de su seguridad, así como Gene Simmons y Paul Stanley, de la mítica banda de rock Kiss, quienes han ofrecido comida a empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en su restaurante. 

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En un escrito interpuesto ante el Tribunal Supremo, el abogado del Ejecutivo, Noel J. Francisco, adelantó que recurrirá directamente ante el alto tribunal el fallo que emitió la semana pasada un juez de Nueva York que bloqueó la propuesta del mandatario sobre el censo.

Normalmente, la sentencia de un juez federal se suele recurrir ante un tribunal de apelaciones, pero en este caso el Gobierno ha decidido ir directamente al Supremo para ahorrar tiempo.

El Ejecutivo, explica Francisco, debe finalizar el cuestionario del censo en junio de 2019 para tener suficiente tiempo para imprimirlo, de forma que es «extremadamente improbable» que se cumplan esos plazos si el caso pasa tanto por el tribunal de apelaciones como por el tribunal Supremo.

El censo, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.

La elaboración del censo del país, donde se calcula que viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, se realiza sin preguntar el estado legal de los encuestados ni si son ciudadanos o residentes.

Sin embargo, la intención del Ejecutivo de incluir una pregunta sobre el censo había desatado el miedo de la comunidad inmigrante, que teme que la información sobre su ciudadanía pueda ser enviada a las autoridades migratorias que tienen el poder de enviarlos de regreso a sus países de origen.

La semana pasada, el juez Jesse M. Furman de Nueva York afirmó en su sentencia, de 277 paginas, que el plan de incluir una pregunta sobre la ciudadanía para elaborar el censo, que fue impulsado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, es ilegal por varios motivos.

El juez dio la razón a los críticos de la iniciativa asegurando que «cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si la pregunta sobre ciudadanía se incluye».

En total 18 estados, 15 ciudades y condados del país, así como la Conferencia Estadounidense de Alcaldes y varias ONG se unieron para presentar una demanda conjunta contra la Administración.

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