NUEVA YORK.- La Junta Financiera de Campaña (CFB, por sus siglas en ingles) aprobó este jueves la erogación de medio millón de dólares para los actos proselitistas y de promoción de la candidatura a Defensor del Pueblo del concejal de origen dominicano Ydanis Rodríguez.

«Le doy gracias a Dios por este gran aporte de la Ciudad, porque con ello nuestra candidatura se realizará como ha sido preparada, para ganar las elecciones de este martes 26 de febrero», dijo Rodríguez.

Explicó que «la medida de la CFB demuestra que hemos cumplido con todos los requisitos que la ciudad de Nueva york establece para erogar fondos públicos».

Al parecer, está ha sido una semana de muy buenas noticias para Rodríguez, ya que el diario político www.cityandstateny.com,
considerado como la «enciclopedia americana en asuntos políticos» lo señaló como ganador de la única encuesta oficial realizada entre los 17 candidatos a defensor del pueblo».

En esa encuesta Rodríguez aparece puntero con un 28% de la intención del voto.

Rodríguez ha dicho que sus principales prioridades como defensor del pueblo serían mejorar las escuelas, estabilizar las rentas e impulsar los pequeños negocios en la Gran Manzana.

Nueva York devolverá USD 5,3 millones a la Justicia estadounidense por emitir facturas falsas para recibir indemnizaciones federales en concepto de vehículos dañados por el huracán Sandy en 2012, anunció este jueves 21 de febrero del 2019 la Fiscalía de Manhattan.

El Gobierno de EE.UU. acusó a la ciudad de obtener fondos de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) «alegando falsamente que numerosos vehículos» del servicio municipal quedaron dañados por Sandy, y junto a la demanda propuso un acuerdo para cerrar el caso.

«Bajo el acuerdo propuesto, la ciudad accedió a pagar y devolver a EE.UU. un total de 5,3 millones de dólares y admitió la conducta de la que se le acusa en la demanda del Gobierno, como buscar reembolsos de FEMA para vehículos que no fueron dañados por Sandy», desgrana la Fiscalía.

Concretamente, Nueva York pagará en efectivo USD 4,1 millones y renunciará a sus derechos para recibir casi USD 1,2 millones que la agencia federal había accedido a desembolsar.

De acuerdo a la demanda, el departamento municipal de transportes envió a FEMA una lista de vehículos dañados por el huracán, pero quienes la habían elaborado no recibieron la formación requerida «ni se esforzaron en inspeccionar» la flota y determinar si los daños se debían a Sandy, ya que muchos vehículos ya estaban inutilizables.

En 2014, basándose en esa «lista incorrecta», Nueva York solicitó una indemnización que cubría la sustitución de 132 vehículos y «atestiguó falsamente» que incurrió en esos costes como resultado directo del huracán, por lo que la agencia federal le pagó un montante «al que no tenía derecho».

A raíz del acuerdo con la Justicia, la ciudad ha admitido que el comisario del departamento municipal que firmó el certificado para FEMA no tenía suficiente conocimiento para determinar cómo y cuándo habían quedado dañados los vehículos, ni dirigió o encargó una investigación previa de su estado.

Nueva York concede que en la lista había automóviles no afectados por el huracán que ya estaban inutilizables antes de la catástrofe meteorológica, y pese a que un empleado notificó al comisario de que no eran elegibles para la indemnización, la ciudad no notificó a FEMA hasta que supo sobre la investigación de la Fiscalía.

El fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, afirma en la nota que «cuando la gente miente al FEMA sobre las causas de los daños en su propiedad para quedarse con la ganancia, eso pone en peligro su capacidad de dar asistencia financiera a víctimas legítimas de desastres».

El acuerdo para cerrar la demanda entre la Justicia federal y la ciudad de Nueva York está sujeto a revisión y aprobación por parte del tribunal del distrito, añadió la Fiscalía.

NUEVA YORK.- Las deportaciones de inmigrantes indocumentados en la ciudad de Nueva York aumentaron en un 150 % entre el último año de la Presidencia de Barack Obama, en 2016, y 2018, cuando se cumplió el primer año en el poder de Donald Trump.

En esos dos años, las deportaciones efectuadas por el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, según sus siglas en inglés) -de carácter federal- pasaron de 1.037 a 2.593, de acuerdo con un informe del fiscal de cuentas de la ciudad, Scott Stringer, dado a conocer ayer.

El documento reveló que el mayor incremento se registró en las deportaciones de individuos sin expediente criminal, de 333 a 1.144, un alza del 265,5 %.

De acuerdo con el estudio, Nueva York es el hogar de 3,3 millones de inmigrantes de más de 150 países.

Las actuales autoridades de Nueva York, del partido demócrata, se han declarado defensoras de los derechos de los indocumentados, frente a la administración del gobierno federal, al que acusan de lanzar campañas contra los inmigrantes.

Igualmente, el estudio reveló que los chinos son el grupo con el mayor número de procedimientos judiciales de inmigración, con más de 10.000, lo que representa el 21 % de todos los casos entre el 2016 y el 2018.

Le siguen los nacionales de India con el 10 % de los casos en la corte de inmigración, mientras que los de Ecuador y Bangladesh comprenden en 7 % y el 8 %, respectivamente.

Entre las recomendaciones, el informe indica que la ciudad debería ofrecer servicios legales gratis para quienes se enfrenten a una posible deportación y aumentar los fondos para esa ayuda.

Además aconseja que el estado de Nueva York prohíba a los agentes de inmigración que lance operativos en los juzgados y sus cercanías.

Según el estudio, los arrestos o intentos de arresto del ICE en las cortes aumentaron en un 1.200 % en un año, pasando de 11 en 2016 a 144 en 2017.

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo promulgó una ley que considera al aborto como una cuestión de salud pública, y no penal, que se adelanta a un posible cambio de posición sobre la interrupción del embarazo de la Corte Suprema  en la era Trump.

La Ley de Salud de Reproducción (RHA) fue presentada hace casi una década, y en repetidas ocasiones rechazada.

Este año, después del recambio legislativo, donde asumieron los demócratas en mayoría, finalmente fue promulgada.

“El interés para aprobar esta ley de salud pública en Nueva York, surgió de peligrosas discrepancias entre antecedentes estatales y federales sobre interrupción de embarazo. Había preocupación de que el derecho al aborto legal corriera riesgo de ser anulado por esta Corte Suprema, bajo la era Trump”, dijo la senadora demócrata Liz Krueger, promotora del proyecto.

La nueva ley despenaliza el aborto, extiende su alcance sin límite de tiempo en casos de fetos inviables o de peligro para la salud de la madre y moderniza la salud reproductiva estatal.

Para la legisladora, es importante destacar que antes se regulaba el aborto a través del código penal, pero ahora se lo aborda desde la salud pública.

“Tratar el aborto como un delito limita el acceso y estigmatiza a las mujeres que toman esa decisión”, aseguró.

“Hoy las mujeres sólo deberán consultar a los profesionales de la salud, y no al gobierno, para tomar sus propias decisiones. Después de años de lucha, finalmente ha llegado nuestro momento”, celebró la diputada estatal Deborah Glick.

El debate se abordó desde una perspectiva de género con el apoyo de asociaciones civiles como Women Health & Reproductive Rights (Wharr).

“Para que las mujeres alcancen una verdadera igualdad en cualquier sociedad, es necesario que tengan el control total de sus propios cuerpos”, coinciden activistas y legisladoras.

Sin embargo, las voces opositoras no tardaron en hacerse escuchar. El pastor Dave Watson, fundador del Centro de Estudios Bíblicos de Nueva York afirmó que «New York es la capital del aborto en América. Estas leyes progresistas hacen que la gente quiera votar a Donald Trump, aunque no nos guste, es sabido que él va a dar batalla”. Por su parte, la red de Acción Católica de Estados Unidos sostiene que “los políticos de Nueva York deberían moverse en la dirección opuesta a esta legislación y apuntar a bajar la incidencia del aborto tardío”.

Al respecto, la senadora Krueger explica el nuevo rol que jugarían los profesionales de la salud. “Antes, la ley presionaba a los médicos para que esperaran actuar hasta llegar a poner en peligro extremo la vida de la mujer. Es por eso que evitamos que políticos o legisladores interfirieran en la decisión” enfatiza.

“La opción de abortar es parte de una variedad de opciones de atención médica reproductiva, que incluyen atención integral de anticoncepción y educación sexual basada en hechos científicos, que contribuyen a que las mujeres controlen sus propios destinos”, concluyó.

Fuente: PERFIL.com

NUEVA YORK.- En enero, un pasajero dormido fue apuñalado en la cabeza con un destornillador en el subte de Nueva York. Un mes antes, un oficial de policía repelió el ataque de cinco hombres indigentes en un andén. Y este mes, un hombre fue baleado mortalmente en una estación del subte, el primer asesinato registrado en el sistema en seis meses.

SANTO DOMINGO.- La entidad denominada «Sector Social del Pacto Eléctrico» opinó que la fallida convocatoria a firma de este acuerdo perseguía «legitimar contratos sin licitaciones con los grandes generadores, amparados en el poder especial que el Poder Ejecutivo le otorgó a Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)».

Hablando en nombre de las organizaciones en una rueda de prensa,  el profesor Fernando Peña dijo que ha quedado confirmado que el Gobierno procuraba la legitimación “del turbio proceso de Punta Catalina-Odebrecht y el nuevo poder que le ha entregado el presidente Danilo Medina a Rubén Jiménez Bichara, para realizar nuevas contrataciones y negocios secretos, sin licitaciones de energías y compras para el sector eléctrico”.

Alegó que «por conductas como ésa, carentes de ética y violatorias de la ley, el Sector Social se ha opuesto a la firma del Pacto Eléctrico cuyo objetivo fundamental es blindar la corrupción y la impunidad existentes en la construcción de Punta Catalina”.

Manifestó que «la posposición indefinida del Pacto Eléctrico es una derrota a la mafia público-privada constituida por el Gobierno y por la cúpula del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) que pretende continuar haciendo negocios ilegales en el sector eléctrico a expensa de la población».

“El país debe estar alerta y tener mucho cuidado con los potenciales beneficiarios de los nuevos negocios con las EDEs y que pretenden aprovechar la discusión del Pacto Eléctrico para potenciar sus intereses y posibilidades de inversión y procurando ahora que se haga un traje a la medida de sus propósitos”, declaró.

sp-am