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SANTO DOMINGO.- Más de 60 organizaciones del Movimiento Ambiental y el Movimiento Social del país acordaron un programa de trabajo común tendente a garantizar el conocimiento, el aprovechamiento sostenible, la protección integral y el carácter patrimonial de los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y los servicios ambientales que estos generan.
Durante un encuentro realizado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), las organizaciones participantes expusieron que su finalidad es asumir una agenda común frente a situaciones ambientales y sociales que afectan a las comunidades y comprometen el presente y futuro de la nación dominicana.
Coincidieron en que “la degradación ambiental, la disminución de la biodiversidad (en cantidad y calidad), así como la pérdida del carácter patrimonial de bienes comunes y servicios ambientales, perjudican a las comunidades y dificultan su acceso a servicios ambientales esenciales como el agua, la productividad de los suelos, aire puro y el disfrute de los ecosistemas naturales y sus servicios”.
Acordaron un plan de acción conjunto ante los grandes desafíos del presente y porvenir, el cual incluye: impulsar actividades en defensa de las áreas protegidas y la biodiversidad que incluyen incoar acciones judiciales para revertir permisos y autorizaciones, sancionar violaciones y demandar la restauración de daños;
apuntalar y potenciar las acciones de defensa ambiental en curso en los distintos tribunales del país, como son en la Región Este los casos de destrucción de manglares por Hard Rock y el caso del aeropuerto de Bávaro.
En el Norte, impulsarán los casos Boca de Yásica, Bahía de Luperón, Quita Espuela e Isabel de Torres, mientras que en el Sur, el Proceso Berfont, Parque Francis Caamaño Las Dunas de Baní y Punta Catalina, y en la ciudad de Santo Domingo el caso de las Barcazas del Ozama entre otros procesos.
Otro de los acuerdos fue promover la intervención social y comunitaria en actividades de defensa de ecosistemas frágiles amenazados o en proceso de intervención. También, desarrollar procesos ascendentes de sensibilización y movilización social en defensa de los derechos ambientales y humanos afectados por actividades en curso o proyectadas ambiental o socialmente impertinentes, tales como: explotación minera en Bahoruco Oriental, extracción de agregados de ríos, concesiones y permisos de extracción en zonas frágiles, aserraderos, ganadería extensiva.
Igualmente, la expansión de Barrick Gold, la construcción de su presa de cola y la intención de FALCONDO de explotar Loma Miranda. Además, las concesiones mineras en San Juan y la Región del Valle, en Restauración y otras zonas productoras de agua.
También mencionaron los proyectos de presa Las Placetas y de Boca de los Ríos, en este último implementar acciones judiciales para revertir decretos y decisiones administrativas que lesionan a las comunidades y las iniciativas legales tendentes a privatizar recursos, crear privilegios y/o negar derechos ambientales como la Ley de Aguas, Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Alianzas Público-Privada, fideicomisos, entre otras.
