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Miranda: Un parque sin criterios
Es increíblemente no
sustentable la aprobación de la Ley que declara Parque Nacional el paraje de
Miranda y sus zonas aledañas, pues de acuerdo a los parámetros del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas -SINAP – esta zona no califica ni reúne los
criterios para ello.
Las dos cámaras legislativas
aprobaron de «urgencia» dicho proyecto, sin tomar en cuenta una serie
de parámetros políticos, técnicos, económicos y sociales que afectarán en el
corto, mediano y largo plazo a las provincias Monseñor Noel y La Vega y a todo
el país.
El Ministro de Medio
Ambiente, entrevistado en uno de los programas de la tarde la semana pasada,
declaró que no fue consultado por el Congreso Nacional.
El senador de La Vega,
Euclides Sánchez, inició una lucha sin tomar en cuenta las consecuencias por
las que eventualmente su provincia y la vecina Monseñor Noel enfrentarían,
entre ellas un incremento en la tasa de desempleo y de criminalidad, producto
de la falta de empleos dignos y la disminución del comercio.
También se han
arriesgado los futuros ingresos por unos US$5,700 millones que, debido a la
sociedad que tienen la empresa Falcodo y el Estado dominicano, percibiría el
país en los próximos 20 años. De éstos, unos
RD$2,400 millones (US$55.5 millones, según tasa actual) serían ingresados
directamente a Bonao y La Vega mensualmente, divididos en aproximadamente 1,800
millones de pesos en salarios y más de 200 millones en compras al comercio, además
de otros aportes a la educación y la salud, esto sin sumar los ingresos al
fisco por impuestos sobre la renta y regalías.
Al parecer no se tomó
en cuenta los riesgos que significa el romper un contrato que fue revisado y
re-negociado por el entonces gobierno del Dr. Joaquín Balaguer.
Es lamentable que el
pueblo no conozca las consecuencias de todo esto, pues en una economía en
desarrollo la credibilidad de un país para acceso al crédito y la inyección de
capital extranjero son importantes.
La declaratoria de
Parque viola un contrato, viola derechos adquiridos y compromete la seguridad jurídica.
Es bueno saber que el
dueño de estas tierras no es solamente Falcondo, pues de los 42 kilómetros
cuadrados propuestos para parque, 13.4 son de Falcondo y el resto, más de 28,
pertenece a otros propietarios, fundamentalmente campesinos y ganaderos, cuyo derecho
se vería seriamente afectado.
Para cumplir con el
pago de estas expropiaciones, el Estado tendrá que aumentar impuestos al pueblo
o crear otros nuevos, lo cual no es
justo para nadie.
Además, ¿qué van a
hacer estos campesinos y ganaderos cuando no puedan producir en los terrenos
que legalmente son de su propiedad?
Son muchos los
factores que desconoce ese pueblo que, con buena, luchó a favor de Loma Miranda,
aupado por personas que no tienen respeto ni por ésos que lucharon, ni por las
leyes ni por la vida, pues además fomentaron la violencia, la cual lamentablemente cobró varias muertes y heridos.
Se desconoce que realmente
todo esto fue una lucha política y de poder, sin tomar en cuenta que una
cantidad importante de la población de Bonao y La Vega se quedará sin trabajo y
que muchos comercios, transporte y servicios se verían afectados.
El pueblo no sabe que
se han roto contratos y compromisos adquiridos, como es el Acuerdo Para la
Protección Recíproca de Inversiones con la Confederación Suiza, el cual fue
firmado en el 2004, lo que nos traería también consecuencias internacionales.
Entendemos que a través
del diálogo y el razonamiento aún hay tiempo para buscar soluciones, de forma
tal que al final el pueblo salga ganando.