Bajo un sol inclemente, característico de estos territorios del Caribe, y con 40 o 50 estudiantes que, al mismo tiempo, alzan sus voces hasta parecer rozar el cielo; en medio de un calor insoportable, sin ventilación adecuada y, en ocasiones, sin energía eléctrica; en aulas construidas para 18 estudiantes pero hoy sobrepobladas y carentes de los elementos básicos para impartir una educación de calidad, los maestros deben ejercer la docencia.
No solo enfrentan estas condiciones adversas de trabajo, sino también una sociedad que los responsabiliza injustamente de los problemas de la educación dominicana. Estos ataques, muchas veces despiadados, provienen en algunos casos de los propios centros de poder, con el objetivo de excusar al gobierno; en otros, nacen del hechizo que genera el presupuesto nacional en ciertas mentes que tienden a ver la realidad de forma idealizada; y otros más simplemente siguen la corriente.
Todo esto recuerda la frase “la soga siempre corta por lo más fino”. Es decir, ante el fracaso del Estado en garantizar una educación de calidad, se traslada la culpa a los docentes, quienes muchas veces carecen de una defensa efectiva.
Es necesario remitirnos a los hechos. Si existen maestros con deficiencias en las aulas, es responsabilidad del Estado, que falló primero en su formación en la educación secundaria y luego en las universidades. ¿Quién traza la política educativa de un país? El Estado.
Asimismo, es el Estado quien establece los requisitos y diseña los exámenes para el ingreso al sistema educativo. Si estos procesos han fallado, ha sido por la aplicación inadecuada de los procedimientos o por su vulneración, lo cual también recae bajo su responsabilidad.
¿Cómo se puede culpar a los maestros cuando el año escolar inició con 2,000 aulas menos de las necesarias, con 1,200 aulas sin reparar durante las vacaciones (comenzaron las reparaciones con los estudiantes ya dentro), y cuando de los 13 millones de libros anunciados por el presidente solo se entregó el 30%?
A esto se suman escuelas donde no llegaron los uniformes y aulas que albergan hasta 50 estudiantes, cuando el estándar educativo establece entre 28 y 30 por maestro.
El hecho de que un docente tenga que impartir clases incluso en una funeraria no solo lo convierte en víctima de un Estado que ha fallado y pretende trasladar responsabilidades, sino también en un verdadero héroe.
A pesar de estas condiciones adversas, los maestros se levantan cada día para cumplir con su labor frente a una sociedad exigente y unas autoridades muchas veces irresponsables.
En síntesis, si no existiera la ADP, ¿quién visibilizaría estos problemas? En una sociedad que parece dormida, donde los actores de equilibrio critican según el espacio que ocupan en el tiempo, la defensa del magisterio se vuelve más necesaria que nunca.
jpm-am


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