El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela debe darles el mismo trato a los colombianos que huyen de su país y piden asilo en Venezuela, que el que le da el gobierno Colombiano de Ivan Duque a los venezolanos que cruzan la frontera y piden asilo en Colombia
Luego de la captura de la ex Senadora Ayda Merlano, Maduro debió perdonarle la violación de las leyes de migración, y uso de documentos falsos como Duque ha perdonado a los venezolanos que se refugian allí. Y ante la solicitud del derecho al asilo, debe otorgarle ese estatus político, darle facilidades para instalarse, protegerla, permitirle el libre tránsito, y el derecho a la nacionalidad.
El artículo 14 de la declaración universal de los derechos humanos dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de la ONU.
Nunca el gobierno colombiano a pesar de la solicitud formar de extradición de Venezuela, ha arrestado a Carmona Estanca, a Luisa Ortega Díaz o a Julio Borges ni por violar las leyes de inmigración ni por usar documentos falsos pero mucho menos por violar las leyes en Venezuela. Todo lo contrario han sido protegidos.
No tiene moral ni el gobierno ni la justicia de Colombia para solicitar la extradición de algún colombiano en Venezuela cuando no han respondido la solicitud de extradición que ha hecho Venezuela y menos formando parte de la trama internacional, del bloqueo, del ataque a la moneda y del golpe de estado continuado contra maduro.
Todos estos venezolanos que han delinquido en Venezuela, algunos viven en Colombia y otros se han mudado a España y a Miami pero aún andan conspirando contra el gobierno, violando las leyes internacionales y apropiándose de bienes millonarios de ese pais.
Venezuela debe liberar con excepción de los rastrojos, todos los presos colombianos que según el presidente ronda en unas 30 personas, que solo están detenidas por delitos en Colombia y que esperan su extradición para ser repatriado a su país de origen.
La ex Senadora de Colombia también debe ser liberada con o sin medidas cautelares y protegerlas del gobierno asesino y criminal de Iván Duque porque después de su denuncia su vida está amenazada por los paramilitares del presidente y de Uribe. Así como por el ex presidente Santos, por el grupo empresarial Char y Gerlein, y por alcaldes, concejales, fiscales, funcionarios y políticos que fueron vinculados a la mermelada por Merlano.
Las denuncias de la Senadora sobre la compra de votos y las mafias políticas y empresariales para delinquir y robar en Colombia. Es un secreto a voces de los colombianos. Lo grave es que da a conocer muchos nombres de esa corruptela que gobierna el país y que ha causado mucha indignación entre la población que espera que la justicia investigue y actúe aún ella se quede a vivir en Venezuela.
Ese concierto de corrupción electoral donde acusa al ex candidato presidencial Vargas Lleras y al ex fiscal Néstor Humberto Martínez de que a través de otra fiscal le implantaron pruebas para condenarla a 15 años es muy grave pero más grave aún fue su escape camuflado de secuestro en el que fue maltratada y abusada por sus captores.
Eso de cambiar a los venezolanos refugiados que están en Colombia por los colombianos que están en Venezuela, ya es muy tarde. Aunque no es necesario restablecer las relaciones diplomáticas para ejecutar la extradición pues se puede hacer de gobierno a gobierno, la ex congresista debe ser tratada como una perseguida política.
Extraditar a Merlano después de solicitar el asilo político estaría violando este derecho contentivo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que está por encima del acuerdo de extradición a pesar de que este último no se aplica para los delitos políticos.
JPM/of-am


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