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La Cámara de Cuentas debe publicar todas las auditorias
La cámara de cuentas (CC) por la ley 10-04 articulo 20.14.49 informa al procurador los casos de auditorías que a su juicio originan responsabilidad administrativa civil e indicios penales pero de 105 auditorías enviadas al MP desde el 2009 al 2018 solo han sido enjuiciada el Semma y el Indrhi (2011), la Liga Municipal, y Bienes Nacionales (2012) pero el resto fueron archivadas y manejadas.
La mayoría de estas auditorías, unas 44 y 24 son de ayuntamientos y de juntas de distritos. En el 2018 se envió al MP la de OMSA y en el 2019 esperan ser enviadas 12 auditorías, entre las cuales están: el Ministerio de la Presidencia, junto a Conadis, Conanai y Conape. El Ministerio de Educación y organizaciones religiosas. Ministerio de Salud Pública, Deporte, Agricultura, Industria y Comercio, Cultura, de la mujer, de la juventud, de medio ambiente y educación superior.
Unas 31 auditorias se enviaron en el 2016 y 2017 al actual procurador. Y como han pasado más de 3 años y nada sucede, no hay duda de que están archivadas. Excluyendo las alcaldías y juntas de distritos, están el Ministerio de Cultura, Tesorería Nacional, el Cea, la Caasd de Boca Chica, Comisión Hípica Nacional, Corde, la Comisión Nacional de Emergencia de Onapi, y la fundación se puede.
También están llenándose de polvo otras 14 auditorías desde 2015 y 2014. Sin mentar las alcaldias ni las juntas de distritos, tenemos el Instituto Nacional de Educación Inefi, el Ministerio de Trabajo, de Educación, Partido Socialista Verde, y Alianza Social Dominicana.
Y bien enterradas en algún sótano están desde el 2013, 2012 y 2011 la del Hospital Vinicio Calventi, Liga Municipal Dominicana, Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, La OTTT, Superintendencia de Electricidad, el Hospital Marcelino Velez Santana, Oficina de Custodia y Administración de Bienes en Custodias, y la Lotería Nacional,
Pero hay dos auditorías que están esperando el informe provisional y el final y cuyos resultados están reservados. El informe de auditorita practicado al ayuntamiento de Bani al 2010-2014 que está en su informe final y la auditoria de Odebrecht del MOPC desde el 2012-2014 que está en su etapa de elaboración del informe provisional.
En la RD todavía no tenemos mecanismos de controles y de fiscalización eficientes para salvaguardar el buen uso de los recursos públicos, ni tampoco gozamos de instituciones de persecución del delito independientes que sean capaz de enfrentar la corrupción.
Tanto el Ministerio Público y la Justicia como la Contraloría, y la Cámara de Cuentas no cumplen de forma estricta con la ley ni la constitución porque están secuestrados por el sistema político.
En toda fiscalización de los recursos públicos se deben respetar los secretos de la investigación para no entorpecer la indagatoria pero los datos finales de las auditorias como herramienta eficaz, fiables y técnicas deben informarse al procurador y al ciudadano.
Dejar las auditorias bajo el control del gobierno es negarles a los contribuyentes el derecho que tienen a saber de cómo se manejan los recursos públicos y si la fiscalía y la justicia cumplen su rol de actuar contra los responsables de usufructuar los recursos del estado.
Cuando los organismos de fiscalización amparándose en razones administrativas o legales no publican las auditorias las convierte en piezas fáciles de las conveniencias políticas y la institución falta a su papel moral y ético de contribuir a fortalecer la transparencia.
Hasta el día de hoy hay 105 auditorías enviadas al procurador la mayoría de las cuales han revelado un manejo inadecuado de recursos pero están archivadas para no afectar intereses políticos.
Otra forma de archivarlas está en la CC. De 283 auditorías iniciadas por la CC en el 2018, solo 62 fueron terminadas y de estas solo 34 fueron aprobadas por el pleno de la CC. Y de 25 empresas autónomas del estado planeadas para auditar ese mismo año, se hicieron 8 de 19 a Instituciones Descentralizadas y 6 a Empresas autónomas.
De todas estas auditorias solo hay 3 o 4 sometimientos judiciales contra supuesto o reales depredadores del estado y ninguna de ellas ha llegado a un caso de condena irrevocablemente juzgado.
En cambio se han utilizado estos mismos organismos fiscales para publicar auditorias y a organismos de persecución para desprestigiar a políticos corruptos que al momento no son afectos al gobierno como en el caso del Indhri Rodríguez Pimentel, Bienes Nacionales de Elías Wesin Chávez y en la Liga Municipal Dominicana del Eterno Senador Amable Aristi Castro.
Lamentablemente estos organismos de fiscalización y persecución siguen siendo manejados como medios políticos. Una mala práctica que nos obliga a exigir su independencia para hacer que estos mecanismos sean más confiables, imparciales y justos.
of-am