Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Fallece a los 74 años mientras dormía el artista Raúl Grisanty
COLOMBIA: Ejército confirma el secuestro 39 personas por ELN
VENEZUELA: Gobierno trabajará con oposición reconstruir país
Clínicas levantan suspensión de servicios a ADARS y ARS Futuro
Sismo de magnitud 4,5 grados sacude República Dominicana
ONU alerta consecuencias por suspensión de tráfico en Ormuz
Francia aprueba a Ucrania la producción de armas y cazas
Trump dice podría incluir a Irán y Hezbolá en sanciones de Rusia
FP pide que auditen los recursos destinados a la reforma policial
EU: Trump renuncia a reembolso 20% planeaba cobrar en Ormuz
SANTO DOMINGO.- Una jueza federal de Estados Unidos ordenó la confirmación de un laudo arbitral que obliga al Gobierno de República Dominicana a pagar cerca de US$44 millones al empresario multimillonario jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin, en una batalla legal de casi una década, derivada por la terminación de un contrato para operar un vertedero.
En un memorando emitido el martes 31 de marzo, la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly adoptó en su totalidad la recomendación de un magistrado, desestimando los intentos del gobierno dominicano de anular la decisión del tribunal internacional y otorgándole la razón al inversionista.
El periódico Bloomberg Línea señala que la disputa se remonta a 2007, cuando un municipio de República Dominicana firmó un contrato con la empresa local Lajun Corp. SRL para gestionar el vertedero Duquesa.
En 2013, Lee-Chin, presidente y CEO de Portland Holdings Inc, que opera como una firma de gestión de inversiones, adquirió indirectamente el 90% de Lajun, así como de la porción del terreno donde se encuentra el relleno sanitario, a través de dos de sus empresas.
Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente. En 2017, alegando incumplimientos administrativos y daños ambientales, el gobierno dominicano rescindió el contrato de Lajun, inició procesos administrativos para anular el acuerdo y tomó el control total de las instalaciones en Santo Domingo Norte.
Lee-Chin consideró la medida una expropiación ilegal y en 2018 presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instancia del Banco Mundial, amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe (Caricom). Su reclamo inicial superaba los US$300 millones.
En octubre de 2023, el tribunal arbitral falló a favor del empresario. Los árbitros concluyeron que la terminación del contrato constituía una expropiación y una violación al trato justo y equitativo.
Como compensación por su participación accionaria, ordenaron al Estado dominicano pagar US$38,7 millones por la expropiación y US$4,8 millones por el trato inequitativo, más intereses y costas, sumando poco más de US$43,6 millones.
