Harakiri político

 Lo más  diverso y representativo de la sociedad dominicana ha rechazado  la pretensión del principal candidato de oposición de boicotear las elecciones de mayo 15 mediante una campaña de descredito contra la Junta Central Electoral (JCE), con la finalidad de  desacreditar sus previsibles resultados.
Nunca antes en la historia política nacional se había producido tan contundente nivel de unanimidad en el respaldo  a la labor que realiza la JCE y a la garantía que ofrece de celebrar elecciones libres, transparentes y concurridas.
El clero, las iglesias evangélicas, gremios empresariales, universidades, academias, gremios profesionales, asociaciones  de productores, sindicatos y la mayoría de los partidos políticos han rechazado el despropósito de canibalizar el proceso de votación, conteo de sufragios y emisión de resultados electorales.
Hace mucho tiempo que los partidos aprobaron a unanimidad que la JCE adquiriera equipos  para poder contar los votos de manera electrónicas, lo que significaría un gran salto del tribunal de elecciones en materia de modernidad.
Al ponerse la paloma, el candidato opositor  se opone  al uso de esos equipos, no porque  se produciría alguna tipo de irregularidad en el proceso de conteo, sino “porque viola la Ley Electoral”,  aunque el artículo que se invoca no dice por ningún lado que es obligatorio contar manualmente los votos.
Lo que ese apartado de ley establece es  el protocolo a seguir  referido a  sufragios protestados, observados o anulados, pero no prohíbe el  conteo por vía electrónica, ni afirma categóricamente que  debe ser  contado “a mano”,  sino en las circunstancias antes señaladas.
Aun así, los delegados técnicos de ese candidato nunca presentaron tal alegato cuando  se aprobó no solo la compra de esos equipos sino también el voto electrónico. ¿Por qué ahora?
El asesor colombiano que ha convencido al candidato  de quemar sus naves antes de  llegar al puerto,  ha venido a Santo Domingo  a cavar la tumba de lo que pudo ser una promisoria carrera política que apenas se iniciaba, porque pretender  boicotear las elecciones es como pegarse fuego a sí mismo.
Ojala que  el candidato, agobiado por el rechazo casi unánime  al plan de  desacreditar a
la JCE y al proceso electoral, no acepte el tambiénnefasto consejo de emigrar  sus ataques hacia el padrón de electores,  definido  como “casi perfecto”.
Alguien debería aconsejar al candidato opositor a retomar el buen juicio y  entender que la sociedad respalda a la JCE y a las decisiones que ha adoptado su pleno de jueces respecto a las votaciones de mayo 15 y que ese asesor colombiano, con tantos despropósitos, lo obligará a realizarse un harakiri político.
jpm
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