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Hallan irregularidades Educación en 2010
SANTO DOMINGO.- Una auditoría de la Cámara de Cuentas (CC) a la gestión de 2010 del Ministerio de Educación reveló «irregularidades» que involucran montos millonarios.
Según la CC, en ese año, cuando el incumbente era Melanio Paredes, Educación realizó compras de mobiliario, útiles escolares, vehículos y desayuno escolar por RD$3.3 millones, sin «evidenciar» la realización de licitaciones públicas.
Según el informe, la compra se realizó bajo la modalidad de «declaratoria de urgencia» para la apertura del año escolar 2009-2010, pero sin justificar la misma de acuerdo con la ley.
La CC también detectó que en 2010, Educación compró bienes a empresas, cuya razón social no se correspondía con lo suplido, por RD$540.1 millones, entre las cuales citó la Nipaul Trading, a la que compró RD$112 millones en mobiliario escolar, cuando esta compañía se dedicaba a la venta de artículos del hogar, y la Suplidores Antillanos, a la que compró RD$58 millones en mobiliario escolar, cuando la empresa vendía componentes de vehículos.
Igualmente, se confirmó que Educación realizó pagos por RD$440.5 millones a empresas a las que compró desayuno escolar, textos de enseñanza y equipos educacionles, pero que no estaban inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, en violación al reglamento 490-07 para la aplicación de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado.
Sobre este caso, el informe dice que Melanio Paredes planteó «que procedió a localizar algunos de los suplidores en dos de los rubros citados, presentando evidencia de éstos como inscritos como proveedores del Estado, confirmada mediante consulta a la página de Compras y Contrataciones, procediendo a realizar los ajustes correspondientes».
Josefina Pimentel
En cambio, la administración de Josefina Pimentel, que sustituyó a Paredes en marzo de 2011, manifestó que en relación al desayuno escolar «ciertamente el procedimiento utilizado hasta entonces no exigía el registro de proveedores del Estado a estos pequeños empresarios de la industria de la harina».
Lo anterior se evidencia en que los pagos fueron aceptados por los auditores de la Contraloría, con asiento en Educación.
Asimismo, se detectó que en el período evaluado, el Ministerio adquirió productos para el desayuno escolar por RD$23.6 millones a empresas afectadas por las prohibiciones de la ley, entre ellas la Panadería Candy, del diputado Marino Collante. Sobre este último, el Minerd respondió que «se estaba evitando su ocurrencia».
La auditoría también encontró que el Minerd no reportó en su estado financiero ingresos correspondientes a recursos externos para programas especializados, por RD$1,686. 6 millones.
Asimismo, reseña que hizo pagos por más de RD$10 millones a contratistas por trabajos no realizados. En este caso, la empresa involucrada fue Constructora Civil Group y/o arquitecto Edwin Arturo Domínguez Morillo, contratada para trabajos en el Liceo Secundario Hato del Yaque, en Santiago. «Dicha obra fue rescindida sin el contratista completar los trabajos», señala el informe.
El documento evidenció pagos superiores a las cubicaciones por RD$3.8 millones.
La CC confirmó, además, que Educación dejó de pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) RD$215.7 millones por concepto de retención de impuestos sobre la renta a empleados, alquileres, honorarios, compras a proveedores, y retención de ITBIS a personas físicas, etc.
Encontró, igualmente, pagos de viáticos dentro del país, sin documentos que los justificaran; pagos con fondos de otros programas, sobreestimación de las cuentas por pagar, ingresos extrapresupuestarios (donaciones) no depositados en la Tesorería Nacional, pago de horas extras no transparentadas, y ausencia de estudios de impacto ambiental en la construcción de obras.
En ese momento, se detectó que varias obras de centros educativos se empezaron a construir sin que los planos fueran aprobados por los organismos correspondientes. También aparecen addendas a contratos que exceden el 25 % máximo permitido por ley.
La CC dijo que envió el informe a la Procuraduría General de la República para los fines correspondientes.
jt/am