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Santo Domingo, 13 feb (EFE).- El Colectivo #HaitianosRD denuncia la impunidad y pide justicia cuando estos días se cumplen diez años del asesinato del migrante de esa nacionalidad Jean Claude Harry, conocido como ‘Tulile’, cuyo cadáver apareció colgado en un árbol en un parque de Santiago.
En una carta abierta dirigida a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, este colectivo recuerda que en este tiempo ha exigido justicia y que no haya impunidad para los autores de este «horrendo linchamiento racista», que se produjo el 11 de febrero «cuando en el país crecía una campaña de odio, violencia y racismo antihaitiano, como consecuencia de la Sentencia 168-13 y la adopción de un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en condición migratoria irregular».
AUTORIDADES INCAPACES DE INVESTIGAR
Pese a estas demandas, agrega, «tanto las autoridades gubernamentales durante los mandatos de Danilo Medina y Luis Abinader, como Jean Alain Rodríguez y usted, Miriam Germán Brito, a la cabeza de la PGR (Procuraduría General de la República), han sido incapaces de investigar y castigar este gravísimo crimen. Se confirma una vez más que en la República Dominicana los crímenes racistas siguen siendo favorecidos por la impunidad».
También el texto aborda el asunto de las repatriaciones, al considerar que «no se actúa contra las flagrantes violaciones al debido proceso por parte de fuerzas policiales, militares y migratorias en el marco de la política ilegal de deportaciones masivas, lo cual erosiona el Estado de derecho», unas expulsiones que se intensificaron a partir de que en octubre pasado el Gobierno dominicano anunciara que procedería cada semana a devolver a Haití a unas 10,000 personas.
«TRATOS DEGRADANTES»
«La violencia diaria, los allanamientos sin orden judicial en las madrugadas, el perfilamiento racial, los tratos degradantes, la detención de mujeres embarazadas, las torturas y los asesinatos por parte de los cuerpos castrenses, de agentes policiales y migratorios dominicanos en contra de nuestra comunidad se ha normalizado y se ha instalado un estado de excepción de facto, al suspenderse en los hechos la aplicación de las garantías constitucionales al debido proceso, que incluyen el derecho a la defensa y el derecho a la inviolabilidad de la vivienda», agrega.
Asegura que, al amparo de la impunidad, son permanentes la violaciones por parte de «agentes represivos a la Constitución, al Código Penal y a la propia Ley de Migración de República Dominicana», por lo que destaca que «es hora de que la PGR tome acciones para restituir el Estado de derecho y las garantías constitucionales».
A este colectivo le preocupa «especialmente la inacción de la PGR ante los atentados contra los derechos de la niñez. Organismos como el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), Unicef, Amnistía Internacional y otras organizaciones han alertado sobre estas expulsiones ilegales de infantes no acompañados».
