Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
EE.UU. asegura que Irán está «desesperado» por negociar
Santo Domingo ya respira el espíritu de Centroamericanos
La FAO certifica que RD redujo el hambre por debajo de 2,5 %
Cuestionan ganancias de ARS por más de RD$20 mil millones
Cotizantes mayores de 64 años en la Rep. Dom. aumentan 33%
Trump descarta vía diplomática para abrir estrecho de Ormuz
Advierte no permitirá intereses particulares influyan en gestión
El dólar subió 15 cts. en la Rep. Dominicana; el euro bajó 14 cts.
Exportaciones de R. Dominicana hacia Haití aumentan 22,5 %
COLOMBIA: Petro presenta una demanda para anular comicios
La audiencia pública realizada por la Junta Central Electoral (JCE) para conocer observaciones al borrador del reglamento de la Ley 4-23 abre un espacio valioso de participación ciudadana, pero también nos recuerda la magnitud del desafío institucional que enfrentamos: transformar, desde sus cimientos, el sistema de registro civil en la República Dominicana.
La Ley 4-23, aprobada en 2023, representa un esfuerzo por modernizar el marco jurídico que rige los actos del estado civil. Sin embargo, su verdadero impacto dependerá de la calidad de su reglamentación y de la capacidad institucional para traducir la norma en derechos garantizados. No basta con tener una ley bien escrita; hace falta un reglamento que cierre brechas y corrija inercias.
Distante de la realidad
El actual borrador plantea avances importantes, pero aún se percibe distante de la realidad cotidiana de quienes enfrentan, por ejemplo, la corrección de un error en un acta, la inscripción de un nacimiento en zonas rurales o la búsqueda de un servicio oportuno y digno. Es necesario que el reglamento incorpore principios de trazabilidad, plazos obligatorios, simplificación de trámites y una profunda vocación por la atención ciudadana.
Es importante destacar que la Ley 4-23 fue concebida para modernizar y humanizar los servicios vinculados al estado civil de las personas. No se trata de un simple ajuste normativo, sino de una oportunidad real para garantizar el derecho a la identidad, eliminar trámites engorrosos, y devolver confianza a un sistema históricamente percibido como lento.
La digitalización debe ser parte central del proceso, pero acompañada de políticas de inclusión que eviten que la tecnología se convierta en una nueva barrera. Igualmente, urge articular el sistema registral con otras instituciones del Estado, para evitar duplicidades y brindar respuestas más coherentes y eficientes.
Estamos ante una oportunidad histórica. La reglamentación de la Ley 4-23 no debe verse como un trámite administrativo, sino como una herramienta para garantizar que ningún dominicano o dominicana quede sin identidad, sin nombre y sin derechos. Esa debe ser la meta de este Registro Civil 2.0 que esperamos construir.
jpm-am
