En las alas de una cruz

 He tenido frente a mí los folios de un registro judicial que custodia un hecho criminal acontecido hace más de medio  siglo. Estos legajos, ya amarillentos por el rigor del tiempo, describen una historia que parece trazada por un guionista de películas de horror.

Son, en esencia, una crónica de sombras que comenzó una madrugada de septiembre del año de 1973, cuando el mundo parecía haberse detenido bajo el peso de un invierno eterno, resistiéndose al olvido impune de los años.

La narración de este antiguo registro judicial parte de la llegada de un joven a la Subcomisaria de un enclave cercano a la costa chilena. Se trataba de Juan Andrés, un muchacho de veinte y tantos años que traía tatuado en la piel el sol del Caribe y en su voz, la donosura natural de su isla.

Como es obvio, Juan Andrés no pertenecía a esa geografía de cerros fríos y brumas; era una presencia singular, un náufrago de la historia atrapado en un tiempo extraño, distinto y tan profundo como un túnel infinito.

El Informe del oficial de turno de esa noche aciaga narra como Juan Andrés le fue entregado por una patrulla naval. Explica que, en la penumbra del calabozo, la figura del joven era desgarradora. Se quejaba de un dolor que nacía de su abdomen, donde el fuego de la intolerancia cruel había dejado huellas imborrables.

Ante esta situación, el paramédico del recinto, enfrentando el espanto, dictaminó lo que el sentido común imponía: aquel cuerpo, marcado por el mapa de la tortura, no tenía espacio en una celda, sino el cuidado de manos compasivas.

Juan Andrés, como si siguiera una ruta fatal trazada por el destino, estaba ahí por la sospecha de que conocía la ubicación de pertrechos ocultos  bajo una plaza en la capital. Esta sospecha fue su sentencia de muerte.

La crónica se interna serpenteando los senderos rurales de la Cordillera de la Costa. Sé infiere, por el precario estado de salud del custodiado, que la llama de su existencia se extinguía ya, ante la indiferencia de la penumbra. No hubo acto fúnebre ni registros oficiales que certificaran su deceso.

Lo que siguió al hallazgo del cadáver anónimo, fue un laberinto de papeles perdidos. Los resultados de la necropsia que debieron devolverle su nombre, simplemente se esfumaron. Todo desapareció en los sótanos de la burocracia de la dictadura, pretendiendo que la existencia de aquel joven dominicano fuera solo un rumor de aquella trágica época.

Pero como cada crimen deja su huella, la fisonomía de la víctima –esa piel que guardaba el rastro de otras latitudes— lo hacía inconfundible. No hacía falta un juez  para entender la verdad: el muchacho que agonizaba en el calabozo y el cuerpo hallado en la berma del camino eran la misma alma herida. El papel forense extraviado es, en realidad, la prueba definitiva del ruin ocultamiento.

Este relato es la voz que rubrica un acta de justicia humana. Reconocer  que Juan Andrés Blanco Castillo estuvo allí, es el primer paso para cerrar una herida que lleva abierta medio siglo. La justicia, a veces no se encuentra en los tribunales sino en los símbolos.

Por ello, en esa curva, la  M de Colliguay, donde el desamparo se detuvo para hacerse eterno, el simbolismo alza hoy una cruz; no de duelo, sino de descanso definitivo para Juan Andrés. Con el tiempo, ha  quedado marcado el punto exacto donde la barbarie intentó poner el olvido.

P/D.

Juan Andrés Blanco Castillo (15-03-1948–15-09-1973) – Siete militares retirados de Chile fueron condenados por el secuestro y los daños ocasionados en 1973 al dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, hijo del político y abogado Ramón Andrés Blanco Fernández. Este proceso está pendiente de fallo definitivo en la Corte Suprema de Chile