Embajada EE.UU. evidencia persecución política

La reciente restitución de la visa norteamericana a Gonzalo Castillo no solo ha provocado un impacto político en el país, también ha reabierto con fuerza un debate que durante varios años muchos intentaron minimizar: la existencia de un componente político en las acciones emprendidas contra exfuncionarios del pasado gobierno.

Las declaraciones ofrecidas, de manera responsable, por la Embajadora de los Estados Unidos, en una entrevista que rápidamente se hizo viral en distintos medios y plataformas digitales, terminaron alimentando aún más esa percepción.

Al referirse al manejo de las cancelaciones de visas y admitir que el tema había adquirido un matiz político, dejó abierta una lectura inevitable sobre la forma en que determinados casos fueron manejados durante los últimos años.

Y es precisamente ahí donde surge la gran preocupación nacional.

Porque cuando una representación diplomática de la dimensión e influencia de la Embajada de Estados Unidos deja entrever que decisiones vinculadas a visas estuvieron rodeadas de componentes políticos, automáticamente queda bajo cuestionamiento la narrativa que durante años se construyó alrededor de ciertos dirigentes políticos, especialmente de Gonzalo Castillo.

Durante un buen tiempo, sectores oficiales y mediáticos presentaron algunos expedientes judiciales prácticamente como sentencias definitivas ante la opinión pública. Antes de que concluyeran los procesos, ya existía una condena social promovida desde espacios políticos, comunicacionales e institucionales.

El interés nunca fue investigar. Aunque estamos claro de que toda sociedad democrática necesita combatir la corrupción y exigir transparencia a quienes administran recursos públicos, el verdadero problema aparece cuando la justicia comienza a mezclarse con estrategias políticas y campañas mediáticas dirigidas a destruir reputaciones antes de que hablen los tribunales.

Por eso, el restablecimiento de la visa de Gonzalo Castillo y las declaraciones de la Embajadora norteamericana tienen un peso político imposible de ignorar.

No porque una visa extranjera sustituya una sentencia judicial, sino porque evidencia contradicciones importantes entre el relato político que se impulsó localmente y las señales emitidas posteriormente desde el ámbito diplomático internacional.

Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser individual. Pasa a ser institucional.

¿Actuó siempre el Ministerio Público con absoluto equilibrio e independencia? ¿Existió selectividad política en algunos procesos? ¿Se utilizó el aparato judicial para golpear adversarios políticos bajo el respaldo de una narrativa mediática favorable?

Son preguntas legítimas que hoy resurgen con más fuerza y que las actuales autoridades están en la obligación de responder como forma de  contrarrestar las declaraciones de la Embajadora.

Porque la independencia de la justicia no se proclama en discursos, se demuestra con actuaciones coherentes, equilibradas y alejadas de cualquier interés político.

Cuando una parte importante de la sociedad comienza a percibir que hubo persecución política disfrazada de lucha anticorrupción, el daño trasciende a los dirigentes involucrados. Lo que termina debilitándose es la credibilidad de todo el sistema judicial.

Y una democracia puede resistir enfrentamientos políticos, polarización e incluso crisis económicas. Lo que difícilmente puede soportar es una justicia cuya imparcialidad comienza a ser cuestionada por los propios hechos y por las señales que provienen desde escenarios internacionales.

El caso Gonzalo Castillo, lejos de cerrarse políticamente, parece estar abriendo una discusión mucho más profunda sobre la utilización de la justicia como herramienta de confrontación política en República Dominicana.