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La Organización de Estados Americanos acaba de entregar a la Junta Central Electoral de la República Dominicana, un informe sobre la investigación llevada a cabo por esa organización internacional del fracasado certamen electoral del 16 de febrero de este año.
Nadie, con algún sentido político, podía esperar que un informe evacuado de esa investigación iba simplemente a buscar un culpable que pudiera pasar a engrosar la lista de adversarios que cuestionan día por día las decisiones y resoluciones de la OEA, sea éste el poder efectivo o un futuro depositario del mismo.
La dirección de la OEA, encabezada por el Sr. Luis Almagro (quien acaba de ser reelecto en la Secretaría General de la misma en medio de la crisis del Covid-19) tomó una decisión de ribetes salomónicos en el escrito dirigido a la JCE y liberado a los medios de comunicación de la República Dominicana.
Sin hablar de fraudes, ni de sabotajes, como reaccionaron la oposición y el partido de gobierno respectivamente; la OEA decidió descargar toda la culpabilidad en el órgano rector del proceso electoral; esto lo ha hecho con atinados señalamientos de errores y falta de responsabilidad de las dependencias y de los propios jueces del alto tribunal.
Ante esta monstruosa realidad hay aptitudes y apariencias, que no se pueden pasar por alto ni siquiera en el enlutado ambiente mundial en que estamos viviendo estos aciagos días. Si la vergüenza y la responsabilidad fueran las prendas que adornaran a los miembros de la JCE, su renuncia sería una muestra de decencia y búsqueda de perdón ante la sociedad.
La colusión que desde el comienzo del proceso electoral, ha dejado entrever la JCE con el gobierno dominicano y su partido, la hacen doblemente culpable del manejo irresponsable de la organización de todos los comicios que ha tenido que organizar, incluyendo las primarias de los partidos.
Los juristas no comprometidos del país deberían analizar, si estos jueces actuales del Tribunal Electoral, pueden ser sentados en el banquillo de los acusados, para dar explicaciones de la prevaricación de los recursos del Estado que han mal manejado en desmedro de la democracia y el bienestar del pueblo dominicano.
Insistimos, lo decente sería una renuncia de toda la dirección de la Junta Central Electoral, que traiga consigo un acuerdo político nacional, que pueda restaurar la confianza del electorado en el sistema democrático; la cancelación de un funcionario de cómputos, que dicho sea de paso, ésta es su segunda cancelación de esa posición en el alto tribunal, no resuelve esta crisis de confianza.
Sabemos que oramos en el desierto, ante la falta de vergüenza y honestidad en el Tribunal Electoral; se buscará cualquier excusa para seguir al frente del mismo, y seguir dañando la democracia dominicana por unos dólares más.
JPM