El informe de la Fundación Juan Bosch

Hace una semana la Fundación Juan Bosch publicó su informe “¿Seguro de Salud o Negocio Seguro?” el cual, por su importancia y contenido, requiere de un análisis ponderado, ya que contiene información valiosa y conclusiones válidas, pero limitadas.

El punto central de la Fundación consiste en una crítica a la privatización de la salud. Pone de ejemplo que, entre 2008 y 2016 los afiliados a las ARS privadas crecieron un 146.8%  y los de las públicas un 86.3%. Y los ingresos de las primeras aumentaron un 282.8%, y los de las segundas, sólo el 161.7%.

El informe señala que mientras en el 2016 el presupuesto público ejecutado en salud fue de tan solo 1.7% del PIB, el gasto nacional en salud ascendió al 5.8% del PIB, es decir, más de 3 veces por encima del presupuesto gubernamental directo.

Además, afirma que “en RD se instauró un modelo de salud y protección social basado en el aseguramiento, esencialmente neoliberal, que sistemáticamente desfinancia al sector público y lo relega a un papel residual y caritativo, con recursos cada vez más bajos y desiguales que lo ponen al borde del colapso, mientras se engorda una gigantesca industria privada de finanzas y servicios”.

“La salud, que según la Constitución es un derecho fundamental, se privatiza y convierte en un negocio más, regido por la regla de la oferta y la demanda; una mercancía a la cual se accede según se tenga empleo e ingresos individuales suficientes”.

Una posición incoherente y sesgada

En realidad, el problema de la salud es mucho más complejo y va allá de la crítica a la privatización y a los grandes negocios que hace el sector privado. Ambas situaciones  tienen su origen en la tradicional complicidad del Estado, y en su incapacidad para cumplir con la Ley General de Salud (42-01) y con la Ley de Seguridad Social.

Los directivos de la Fundación olvidan que desde hace más de medio siglo el Estado ha sido el principal privatizador de la salud: a) en los 70, el fondo FIDE del Banco Central financió la construcción y ampliación de decenas de clínicas privadas con préstamos blandos; b) las instituciones y empresas públicas contrataron seguros e igualas médicas privadas, en vez de fortalecer al IDSS; y c) los diversos gobiernos politizaron las instituciones y los servicios públicos de salud, cuyos resultados están hoy a la vista de todos.

Esa conspiración contra la salud pública propició el rápido crecimiento de la medicina privada, sin la debida habilitación y sin una fiscalización regular, lo que ha permitido la existencia de clínicas privadas y de centros públicos, sin los requisitos establecidos por la Ley 42-01.

La complicidad del Estado ha llegado a niveles tan alarmantes, que ha sido incapaz de enfrentar con energía la venta pública de medicamentos falsificados y vencidos, una estafa mortal contra la población más pobre y vulnerable.

Lo que resulta inexplicable y desconcertante es que los directivos de la Fundación Juan Bosch, critiquen la imposición de políticas neoliberales, sin reconocer claramente la responsabilidad del Estado y que, al mismo tiempo, planteen modelos y soluciones basadas en el monopolio estatal.

El informe de la Fundación sería mucho más coherente, creíble y equilibrado, si al mismo tiempo se pronunciara, con la energía que le caracteriza, sobre tres grandes obstáculos al cuidado de la salud: a) la corrupción y la impunidad, que reducen y desvían los recursos públicos que hacen falta en los centros públicos de salud; b) los paros y las huelgas, porque dejan en el desamparo a la población más necesitada; y c) la tradicional politiquería en la gestión de las instituciones y los centros de salud, que penaliza la capacidad y la eficiencia.

jpm