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CARD y una fundación califican de ilegal aumento en actos judiciales
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Fundación Prensa y Derecho calificaron de ilegal, abusivos e inconstitucionales los aumentos de las tarifas fijas de servicios para el registro de actos civiles, judiciales y extrajudiciales aplicadas por el Registro del Estado Civil manejado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional.
El CARD dice que dichos aumentos, que en muchos casos rondan los 100 y 1550 por ciento, representan un duro golpe al ejercicio de la abogacía y tornan imposible el acceso a la justicia.
Miguel Surun, presidente del gremio, dijo que dichos aumentos no han sido aprobados por la Sala Capitular del Cabildo del Distrito ni han sido realizadas vistas públicas para fijar los montos que establece la Ley para la determinación de las tasas y tampoco se ha tomado en cuenta la opinión del usuario al momento de aplicar los abusivos aumentos.
El CARD anunció que iniciará acciones legales y de todo tipo en contra de los involucrados en esta grave trama contra el ejercicio profesional del Derecho, contra la justicia y contra los munícipes del Distrito Nacional.
Fundación Prensa y Derecho
El abogado Namphi Rodríguez instó al alcalde del Distrito Nacional, David Collado, a “revocar cuanto antes la resolución que aumenta exorbitantemente” las tarifas del registro de los actos judiciales y extrajudiciales por contravenir los artículos 69 y 149 de la Constitución.
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo que el cabildo al emitir la resolución no tuvo a la vista la sentencia TC0339-14 del Tribunal Constitucional, que juzgó que imponer gravámenes onerosos a las sentencias de los tribunales de justicia colide con la Constitución.
“El alcalde Collado está a tiempo de hacer revocar esa decisión, pues si una persona tiene que pagar hasta diez mil pesos para dar certidumbre registral a una sentencia la justicia es una ilusión”, ponderó.
La resolución
La ADN emitió una resolución que busca incrementar el costo de registro de los actos judiciales y extrajudiciales en más del mil por ciento.
Entre los actos cuyo registro ha sido aumentado están las documentaciones de entidades sin fines de lucro, los actos de notoriedad, los pagarés, contratos de préstamos, mandamientos de pagos y las sentencias de los tribunales.
En lo referente a las sentencias y a los mandamientos de pagos, la referida resolución estableció tarifas de hasta diez y cinco mil pesos que tendrán que pagar los ciudadanos para registrar dichos actos.
El jurista recordó que en el año 2014 el TC emitió la sentencia 0939 que regula el costo del registro de las sentencias y que declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 2334-85, sobre Registro de Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales.
Los artículos 69 y 149 de la Constitución establecen la tutela judicial efectiva y el principio de proporcionalidad en las actuaciones de la administración.
La sentencia del TC difirió para el primero de enero del 2017 sus efectos, por lo que la Suprema Corte de Justicia acaba de emitir una resolución ordenando a los magistrados observar la sentencia de los jueces constitucionales.
of-am