El barrido en la Administración Pública

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EL AUTOR es politólogo. Reside en España.

La Administración pública es el conjunto de instituciones democráticas, cuerpo funcionarial y administrativo del Estado ejercido  por un Gobierno y puede  variar de acuerdo al modelo político de cada país.

En República Dominicana  el modelo político  es democracia representativa y solo existen dos niveles territoriales de gobierno, el nacional y los municipales.

En tanto existen otros países donde por su compleja extensión geográfica, tienen otro modelo como el Federal, que les permite una descentralización del poder central, para hacer más equitativo y redistributivo los recursos entre los ciudadanos.

Aquellos países que cuentan con democracia más fuerte que la dominicana, cuentan con una Administración pública de calidad y de carrera divorciada de la lucha política de la partidocracia. Una Administración que se rige por la eficacia y la eficiencia para ofrecer cada día, un mejor servicio a la ciudadanía.

Nuestro país en las últimas décadas, forzado por los cambios en los mercados internacionales, se vio necesariamente obligado a emprender un proceso de reforma y modernización del Estado y dentro de este, se crearon nuevas instituciones, leyes, decretos y resoluciones como la Ley de Función Pública 41-08 sobre carrera administrativa y el régimen funcionarial del Estado y la creación del Ministerio de Administración Pública.

No obstante la política  equivocada que en este sentido  ha hecho el gobierno central a través del presidente actual Danilo Medina y los ex presidentes: Leonel Fernández e Hipólito Mejía en utilizar los puestos de la Administración como herramienta electoral, han dejado tirado y moribundo aquellos considerandos constitucionales que dieron origen a la Ley de Función Pública en la búsqueda de una Administración sana en beneficio exclusivo del bien general.

Por esta situación, se espera que el nuevo Gobierno que entra el 16 de agosto  próximo encabezado por Luis Abinader y Raquel Peña, en pocos meses, realice un barrido en todas las instituciones centralizadas, descentralizadas o Autónomas del Poder Ejecutivo, pues aunque se trate de un error institucional, la medida es legal y  legítima.

El Partido que ahora sale del gobierno (PLD), en su proceso interno que se suponía nada tenía que ver con la Administración pública, la persona directa del Jefe del Estado emitió una cantidad importantes de decretos de cancelaciones y cambios para beneficio político de una facción en contra de la otra.

Ojalá con el paso de los años y un relevo generacional, República Dominicana pueda superar esta gran debilidad institucional y por vía de consecuencia pueda en el futuro contar con una burocracia mínima, pero de calidad que garantice la eficiencia de los servicios públicos.

JPM

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