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San José.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este miércoles al Estado de Haití por la falta de protección hacia una familia de apellidos Baptiste frente a las constantes amenazas y la impunidad en que se encuentra el homicidio de uno de sus miembros.
La Corte notificó a las partes al sentencia del caso Baptiste y otros contra Haití en donde lo declara como responsable internacional por la falta de protección de los derechos de Willer Baptiste y su familia frente a múltiples amenazas e intentos de homicidio de los cuales fueron objeto entre 2007 y 2009, así como la falta de debida diligencia en la investigación y la impunidad en que se encuentran la muerte de su hermano Frédo Guirand, de 16 años.
AUTORIDADES IGNORARON DENUNCIAS DE AMENAZAS
«El Estado no cumplió con el deber de protección a la integridad personal respecto al señor Baptiste y su familia frente a las amenazas recibidas y comunicadas a las autoridades. Además, sobre la muerte de Frédo Guirand, el Estado es responsable por la violación al derecho a la vida y los derechos de la niñez, al no haber garantizado su vida en un contexto de grave inseguridad», cita el tribunal en su sentencia.
Según la autoridad internacional, el caso se da en el marco de un contexto de grave polarización política, inseguridad pública y deficiencia institucional. En ese momento, Baptiste y su familia eran víctimas de amenazas y ataques por parte de grupos armados en Haití.
El 4 de febrero de 2007, un grupo armado intentó atacar a Baptiste y asesinó a su hermano menor, Guirand, de 16 años.
Después del suceso y durante dos años más, Baptiste y su familia fueron víctimas de continuas amenazas y ataques, lo que los obligó a cambiar de domicilio varias veces.
En el caso de Willer Baptiste, él tuvo que exiliarse en Estados Unidos en 2016. A pesar de presentar denuncias formales a las autoridades, el Estado de Haití no proporcionó pruebas de haber iniciado procedimientos judiciales para investigar y enjuiciar a los responsables.
El tribunal ordenó a Haití a brindar garantías de retorno o reubicación con seguridad y dignidad, así como crear un programa de protección para personas en riesgo debido a la delincuencia organizada. Además, instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y sus Estados miembros a apoyar estas iniciativas, en el marco del deber de garantía colectiva.
