¿Destituciones selectivas?

Por MIGUEL REYES TAVERAS

El presidente Danilo Medina destituyó mediante decreto 168-17 a Diandino Peña, quien se desempeñaba como director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), designando en su lugar a Manuel Antonio Saleta García.

La desvinculación de Peña, quien estuvo ostentando ese cargo por trece años, se produce luego de una denuncia realizada por Alicia Ortega, en su programa el Informe, en la que reveló incongruencias entre los bienes declarados por Peña y los que en la realidad posee. Además de una serie de irregularidades cometidas por este durante su gestión.

Diandino Peña se une al mayor general Manuel Castro Castillo, de la Policía Nacional; Miguel Pimentel Kareh, de la Oficina de Ingenieros, Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Alberto Holguín, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y Pedro Corporán, del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), quienes también engrosan la lista de funcionarios destituidos por Medina producto de la repercusión pública de algunos hechos denunciados por la prensa y organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, hay también un grupo de funcionarios que a pesar de haber sido señalados como responsables de actos de corrupción y violaciones a las leyes y la Constitución de la República en el ejercicio de sus funciones, han tenido la suerte de ser confirmados en sus cargos por el Primer Mandatario y de que el Ministerio Público no abra una investigación sobre los hechos que se le imputan.

Esto ha llevado a muchas personas, incluso miembros del partido de gobierno, a considerar que en la administración pública se realizan destituciones selectivas de funcionarios que no son afines al grupo dominante.

Como ejemplo de este doble racero con el que se ha manejado esta política de destituciones de funcionarios, se citan los casos del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y al Director Ejecutivo de la CAASD, Alejandro Montás Rondón.

El primero, vinculado a la prórroga del contrato de operación y emisión de las licencias de conducir al margen de las disposiciones de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, acuerdo que además suscribió sin contar con poder especial del Presidente, violando así la ley 1486. Y el segundo, también vinculado a la prórroga al margen de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas del contrato que mantiene la CAASD con AAA Dominicana, acuerdo que se encuentra en medio de un escándalo de sobornos en España. Y también se ha visto en medio de denuncias por la adjudicación de un contrato multimillonario a una empresa de Ángel Rondón, denominada CONAMSA Dominicana.

En efecto, resulta sintomático que desde el gobierno se asuma con una actitud distinta casos que tienen la misma gravedad. De ahí que es necesario que la ciudadanía no solo exija el fin de la impunidad en los casos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht, sino que también exija a la clase política gobernante, a la Procuraduría y la justicia que persiga con igual rigor los casos de todos los políticos.

Ese mismo llamado se le debe realizar al Congreso Nacional, que tiene la responsabilidad de investigar los hechos relacionados con funcionarios designados por este órgano, como es el caso del escándalo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).

En suma, este contexto requiere que la clase política asuma su rol de garantizar que los recursos públicos se manejen con probidad y transparencia; y entender que la complicidad y la anomia ante estos hechos sirve para sumir en el descrédito a todo el liderazgo político tradicional, abriéndole la puerta a que se erijan “salvadores” coyunturales que lleven el país al deterioro institucional que están sometidos otros países del hemisferio.

jpm