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Derechos humanos ayer y hoy
Cerramos los ojos, contemplando imaginariamente los amaneceres y anocheceres terroríficos de la década de 1970 en Barahona, cuando –siendo un imberbes- desde una organización maoísta pro-china y los clubes culturales contendíamos contra las crueldades de los “gorilas” policiales, y ahora -50 años después- los abrimos en una terraza en la cual todavía se esparcen remanentes de una época que dejó traumas, así como mártires y héroes reverenciables.
Evoco a un agente del Servicio Secreto que dio una paliza, impiadosamente y sin ninguna sanción, a mi tío Manuel López, quien junto a otros parientes cercanos –los hermanos Rafael, Modesto y Aino López- viajó a la zona colonial a empuñar fusiles para defender la constitucionalidad y la soberanía de la Patria; otro tío, Román López, también sufrió una golpiza, y mi primo Pablo Pérez López (Palín) fue acribillado tras una manifestación popular. Y desaparecieron y aniquilaron a mi compañero de estudios secundarios Juan Pablo Pelayo Feliz (MPD) y a más de una veintena de compueblanos.
Entre 1966 y 1978 –los denominados 12 años de los tres gobiernos de Joaquín Balaguer-, la violencia alineó como una política de Estado para apisonar a los adversarios y sofocar las protestas ciudadanas, sin negar que tácticas de agrupaciones de izquierda también aletearon como escorias en la refriega política y sirvieron de pretexto para las acometidas. Estos fueron diez de sus linajes:
1.- Asesinatos extrajudiciales de opositores, a mansalva, hasta en presencia de fiscales.
2.- Protección por mandos superiores de uniformados de grises involucrados en crímenes, para que no fueran sometidos a la Justicia.
3.- Desapariciones “forzadas” frecuentes.
4.- Colocación de panfletos comunistas y armas a adversarios del gobierno.
5.- Allanamientos e incursiones abruptas y aparatosas en residencias de perseguidos.
6.- Arrestos ilegales sin dar oportunidad a los afectados de avisar a familiares y mantenimiento en prisión por más de 48 horas sin presentar acusaciones ante un Juez, conforme la Constitución.
7.- Policías infractores juzgados por tribunales policiales, en casos escandalosos, por lo general bajo el manto del encubrimiento.
8.- Redadas masivas e indiscriminadas, con peladas y la formulación de expedientes falsos a los apresados.
9.- Elaboración de sumarios penales con declaraciones extraídas con la utilización de métodos de torturas a los imputados y datos supuestos, sin presencia de un defensor técnico.
10.- Negación de libertad dispuesta por jueces, por considerar la Policía que estos no tenían razón, en el reino de los desafueros judiciales.
Más de 50 años después de aquellas vivencias, los estertores de las transgresiones al estado de derecho aún retumban, en la individualidad de miembros de las fuerzas públicas al margen de las normas establecidas.
1.- Ejecuciones extrajudiciales por agentes de la Policía Nacional, la Dirección Nacional para el Control de Drogas (DNCD) y las Fuerzas Armadas, bajo el alegato de intercambios de disparos con perseguidos por robos/asaltos, asesinatos y otros delitos…
2.-Uso excesivo de la fuerza: arrestos vejatorios, golpizas con garrotes y látigos, redadas indiscriminadas, torturas con la modalidad de bolsas plásticas en la cabeza; agravios físicos y verbales y otros atentados contra la integridad personal, en menor cuantía en relación con el período de los 12 años de Balaguer.
3.- Colocación de drogas y armas a sospechosos de tráficos y ventas de estos productos, y violaciones carnales a trabajadoras sexuales y transgénicos.
4.- Desapariciones “forzadas” esporádicas.
5.- Intervenciones telefónicas múltiples, sin autorizaciones de jueces.
6.- Asignación de fiscales y abogados en los más concurridos cuarteles policiales y oficinas de la DNCD, para proteger los derechos de los detenidos y los procesos investigativos.
7.- Reformas institucionales de la Policía Nacional y sus juzgados internos, sometimientos a tribunales ordinarios de sus agentes señalados en quebrantamientos de los derechos fundamentales; creación del Instituto de Dignidad Humana, el Instituto Policial de Educación (IPE) y el Instituto de Educación de las Fuerzas Armadas.
8.- Aprobación de la Constitución del 2010 y sanción de nuevas legislaciones para proteger el derecho a la vida y la administración de Justicia, como los códigos Penal y Procesal Penal, así como nuevas cámaras y modernización del Ministerio Público.
9.- Institución del Defensor del Pueblo (Ombudsman), por medio de la Ley 19-01 y con rango constitucional, para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a las ilegalidades y arbitrariedades.
10.- Surgimiento de organizaciones de la sociedad civil, que promueven el respeto a los derechos humanos, monitorean y dan seguimiento a sus facetas, así como la aceptación de República Dominicana de la jurisdicción a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Creada por Trujillo Molina, el 2 de marzo de 1936, la actual Policía Nacional guarda en sus bóvedas los actos más sangrientos y horripilantes –que no acaben en su museo-, y acumula el más largo y ancho porcentaje de impunidad. Desde ese año hasta el 2020, se estampa como el cuerpo social número uno en quebrantar derechos y segar vidas. Los esfuerzos realizados para forjar una institución digna han sido apreciables, pero, aún así, menos del 10% de los desmanes precitados son ventilados en los tribunales, y ante salvajadas ruidosas agentes son apresados y destituidos.
La herencia cultural de los interventores y viejos caudillos, caciques y tiranos de reprimir con el tarugo para imponer el orden y la autoridad, sigue gravitando como una fatalidad, en evidentes prórrogas generacionales. Esa hemorragia pestilente, transmitida a través de documentos/reglamentos y estilos, ha machacado desde las ocupaciones francesas, haitianas, españolas y norteamericanas. Cuando el acoso hastía, se varían los nombres de los órganos armados: Comisaría, Gendarmería, Policía Urbana y Rural, Policía Gubernativa, Policía Municipal, Cuerpo de Serenos de Santo Domingo, Brigada Nacional, Policía Nacional Dominicana y Guardia Nacional Republicana, la más famosa por su severidad y por la frase “apresado por la Guardia de Mon” (presidente Ramón Cáceres).
La Policía Nacional guarda en sus bóvedas los actos más sangrientos y horripilantes –que no acaben en su museo-, y acumula el más largo y ancho porcentaje de impunidad. Desde 1936 hasta el 2020, se estampa como la entidad social número uno en quebrantar prerrogativas y tronchar vidas.
En la contemporaneidad, la más aconsejable política pública para que los agentes obedezcan la Constitución y normativas adjetivas, y preserven a sus semejantes, podemos bifurcarla, en perspectiva del futuro inmediato, en cinco ramales:
1.- Garantizar a los policías tranquilidad espiritual y equilibrio mental, con salarios que satisfagan sus necesidades existenciales básicas.
2.- Fijarles horarios más limitados y humanos, con tiempo para descansar y realizar tareas de superación personal.
3.- Profundizar en los estudios de actualización y especialización, e incentivar más adecuadamente el especialismo.
4.- Emplear armas no letales, que no provoquen daños físicos ni psíquicos, aprobadas por organismos internacionales, para afrontar las manifestaciones públicas y desobediencias/rebeldía de ciudadanos.
5.- Extender prioritariamente los trabajos conjuntos con las comunidades.
Para vigilar y proteger a la ciudadanía, la Policía no tiene que hacer ningún despojo para sacudirse del maleficio, ni tampoco ponerse otro nombre. Procede, eso sí, cambiar de cultura y los métodos repulsivos que, en ocasiones, son marciales. Sin efectuar profundos estudios cualitativos y cuantitativos, comencemos con los anteriores, y otros que sean pertinentes.
JPM