Con 54 votos a favor y 45 en contra, los senadores de la oposición republicana, promotores del texto, no lograron los 60 votos necesarios para poder someter a votación final el texto legislativo.
La iniciativa legal, llamada «Paremos las Políticas Santuario», fue tramitada por el senador republicano del estado sureño de Luisiana David Vitter y cuenta con el apoyo de los precandidatos presidenciales y senadores conservadores Ted Cruz y Marco Rubio, ambos cubano-estadounidenses.
La proposición de ley, que necesitaría más de 60 votos, algo que los republicanos no tienen en la Cámara alta, bloquearía fondos federales a aquellas ciudades que no colaboren con las autoridades de inmigración y obligaría a sentenciar con un mínimo de cinco años a un indocumentado que vuelva a entrar en el país tras haber sido condenado por un delito agravado.
Vitter argumentó que los demócratas entienden mal la legislación, diciendo que «hay una gran cantidad de mitos sobre la ley frente a los hechos reales».
«Nos enfrentamos a muchos mitos sobre el tema, y exhortamos a todos, empezando por nuestros colegas, demócratas y republicanos, que estudien (el proyecto) cuidadosamente. Este es un tema importante. Las ciudades santuario son un problema real, y tenemos que arreglarlo», añadió.
La propuesta de los republicanos ha sido fuertemente criticada por la bancada demócrata, sobre todo por el senador Robert Menéndez, y el líder de la minoría, Harry Reid.
«No debemos usar tragedias para utilizar a los inmigrantes como chivos expiatorios. No deben ser utilizados para erosionar la confianza entre la policía y nuestras comunidades. No podemos dejar que el miedo guíe la formulación de nuestras políticas. Urjo a mis colegas a resistir a la demagogia que amenaza con desviar y empeorar la formulación de políticas de nuestro país», dijo Menéndez.
«Un voto para proceder con este debate es un voto en contra de la comunidad latina e inmigrante. Insto a un rechazo bipartidista», agregó ante el pleno de la Cámara alta.
No obstante, ante la consideración del texto, el presidente de EE.UU., Barack Obama, ya amenazó horas antes con vetar la ley en caso de que fuera aprobada por el Congreso.
«La ley básicamente convertiría los departamentos de seguridad policial en funcionarios federales de inmigración, en algunas circunstancias», aseguró la Casa Blanca en un comunicado.
«El modo más efectivo para mejorar la seguridad es con políticas efectivas y sensato que enfoquen recursos en las amenazas públicas más importantes (…). Esta ley también perjudicará a los fondos federales recibidos por gobiernos locales y estatales que son críticos para la seguridad y para hacer frente a los problemas de la comunidad», explicó el comunicado.
La ley ha conseguido tracción tras el caso de la joven de 32 años Kate Steinle, que falleció en San Francisco en julio pasado por el disparo de un mexicano que había sido deportado cinco veces y había sido acusado de delitos de menudeo de drogas.
El proyecto de ley ha sido apodado por Reid como «la ley Donald Trump», en referencia a los comentarios del magnate, que encabeza las encuestas por la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2016, sobre su idea de deportar a todos los indocumentados del país.EFE

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