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Por RAFAEL PASIAN
Hay momentos en la historia de los pueblos en que la toga deja de inspirar confianza y comienza a despertar sospechas. Cuando eso ocurre, la democracia entra en una zona peligrosa, porque la justicia deja de ser el refugio del ciudadano para convertirse, en la percepción de muchos, en un instrumento de confrontación política.
La apelación del Ministerio Público contra el “no ha lugar” concedido a Gonzalo Castillo no solo abre un nuevo capítulo judicial; también alimenta una pregunta que miles de dominicanos se hacen: ¿estamos ante un ejercicio legítimo del derecho o ante la prolongación indefinida de una batalla política?
Una democracia no se fortalece cuando convierte los tribunales en el escenario permanente donde se decide lo que debería decidir el pueblo en las urnas.
Cuando un adversario político no puede ser derrotado mediante ideas, programas o liderazgo, siempre aparece la tentación de derrotarlo mediante expedientes, titulares y procesos interminables. Esa tentación ha acompañado a gobiernos de todas las ideologías a lo largo de la historia.
Nelson Mandela fue encarcelado durante décadas por un régimen que creyó que podía borrar un liderazgo encerrando a un hombre.
Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado y encarcelado antes de que sus condenas fueran anuladas por el Supremo Tribunal Federal, regresando posteriormente a la Presidencia de Brasil.
José Mujica pasó años en prisión durante la dictadura uruguaya y terminó gobernando su país con enorme legitimidad.
Fidel Castro convirtió su juicio en una plataforma política desde la cual proyectó un liderazgo que marcaría la historia de Cuba.
Donald Trump sostuvo que los procesos judiciales en su contra tenían motivaciones políticas, una narrativa que movilizó aún más a buena parte de su electorado.
Todos esos casos fueron distintos entre sí y ocurrieron en contextos históricos completamente diferentes. Sin embargo, dejan una enseñanza política innegable: cuando una parte importante de la sociedad interpreta que el poder intenta sacar de la competencia a un líder mediante procesos judiciales, el efecto puede ser exactamente el contrario al buscado.
Los pueblos suelen solidarizarse con quien consideran víctima de un abuso.
Las esposas, las imputaciones y los expedientes pueden producir titulares; raras veces destruyen una convicción popular cuando esta ya ha echado raíces.
Hoy muchos dominicanos ven en Gonzalo Castillo no solo a un exfuncionario sometido a un largo proceso judicial, sino a un dirigente cuya trayectoria política continúa siendo objeto de intenso debate nacional. Esa percepción explica por qué cada nueva actuación judicial es interpretada políticamente por sus simpatizantes.
La historia demuestra que ninguna apelación sustituye la voluntad popular.
Ningún expediente reemplaza el voto.
Ninguna acusación constituye, por sí sola, una sentencia de culpabilidad.
Y ningún gobierno debería olvidar que la legitimidad democrática depende de que las instituciones inspiren confianza incluso entre quienes discrepan de ellas.
Porque el verdadero juez de un líder político siempre será el pueblo.
Y la historia, una vez más, terminará dictando su propio veredicto.
jpm-am