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Aproximación a una agenda de la diáspora dominicana (OPINION)
Por Luis Mayobanex Rodríguez
Se estima en más de 2.5 millones el número de dominicanos(as) emigrados y descendientes que componen lo genéricamente denominado comunidad dominicana en ultramar. Alrededor de un 53% representa el primer sector y un 47% el segundo. Al tener en promedio un 53% de mujeres y un 43% de hombres, nuestra migración tiene rostro femenino.
De esta cantidad, de acuerdo con el Migration Policy Institute 1 millón 200 ha emigrados a Estados Unidos, país que continúa siendo el principal receptor de nuestros emigrantes y descendientes. Al combinarse, emigrados y descendientes, esta cantidad supera los 2 millones 100 mil, según recoge un estudio la Pew Research Center.
En la región este de EE. UU., donde están ubicados los estados de New York, New Jersey, Massachusetts y otros 7, reside más de 1 millón 700 mil dominicanos/as.
Valorada en su demografía, la nuestra es una comunidad que adquiere cada día más valor político en las naciones con mayor nivel de concentración, ejemplo Estados Unidos, y que es imposible de obviar al momento de formular una propuesta política y programática que guarde como centro la construcción de una República Dominicana regida por un Estado de Derecho y por la justicia social, así como por los principios de la democracia, soberanía e independencia nacionales.
En resumen, de cara a su país de origen esta comunidad por sus inestimables aportes en la economía, finanzas, política y cultura es esencial para un cambio político sustantivo y la refundación democrática de la Republica.
Para este Primer Congreso Cultural de la Diáspora, que saludo y catalogo de oportuna iniciativa, se me ha solicitado presentar el tema Aproximación a una Agenda de la Diáspora Dominicana, tema que a partir de estas líneas pretendo abordar considerando lo que asumo como realidad de nuestras comunidades en ultramar.
LAS REMESAS
Según cifras oficiales, el pasado año nuestras remesas alcanzaron la suma de 8,219.3 millones de dólares. Del 2010 al 2021 nuestros migrantes han enviado un poco más de 63 mil millones de dólares. El récord alcanzado con las remesas del pasado 2020 resultó equivalente a un 10.4% del Producto Interno Bruto que de acuerdo con estimaciones oficiales fue de US$78,700 millones. Recordemos que el PIB mide la riqueza que genera un país, a partir del valor que alcanzan todos los bienes y servicios que se colocan en el mercado durante un periodo de tiempo específico que pudiera ser de un (1) año.
El 66% de las remesas es para el consumo de comida, artículos de primera necesidad y de lujos, mientras que sólo el 31% se destina a la educación, negocios, ahorros y propiedades.
A las remesas hay que darle un uso más productivo. Canalizar su entrada a través del Banco del Estado, eliminando los intermediarios y bajar sus costos de envió. Convertir en sujeto de crédito al receptor y mejorar sus condiciones de vida. Crear un Banco de Desarrollo del Emigrado que facilite pequeñas y medianas inversiones tanto del emisor como del receptor de las remesas.
SEGURIDAD JURIDICA SOBRE PROPIEDADES Y EQUIDAD ANTE LAS INVERSIONES ECONOMICAS
La historia se repite y la narración también: “cuando llegué a RD mi propiedad tenía una hipoteca que yo no había hecho”. Esto es solo un ejemplo de múltiples situaciones análogas que viven algunos connacionales.
Hay que legislar y hacer cumplir leyes existentes para reforzar la seguridad jurídica y así proteger bienes y propiedades adquiridas después de muchos años de trabajo y sacrificio por nuestros emigrados/as. La fragilidad prevaleciente en este ámbito se agrava dada la inexistencia de un régimen de consecuencias hacia los infractores de la ley. Además, nunca hay reparación económica por parte del Estado.
Al mismo tiempo se requiere de una política y voluntad estatal de brindar un trato hacia nuestros inversionistas emigrados igualitario al que se brinda a los inversionistas de otras nacionalidades.
La denuncia hecha el pasado 27 de julio del año en curso por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe de inversión extranjera sobre Republica Dominicana, donde exponen “la falta de reglas claras y estandarizadas” para la competencia comercial y los serios obstáculos que confrontan sus inversionistas por “corrupción generalizada; solicitudes de sobornos…obstáculos burocráticos; procesos judiciales lentos y a veces sesgados…y procedimientos atípicos en la valoración en aduana”, constituye una realidad cierta que con más crudeza afecta el interés de connacionales dominicanos con capacidad de invertir en nuestro país.
Todo esto tiene y debe de cambiar.
EL COMERCIO DOMINICANO EN EE. UU. Y LA EXPORTACION DE PRODUCTOS CRIOLLOS
El importante sector comercial asociado a bodegas y supermercados, sobre todo en New York, ha reclamado a autoridades locales y del país (RD) establecer nuevos mecanismos legales y administrativos que faciliten la colocación en el inmenso mercado de consumidores de las comunidades dominicanas, de productos criollos sobre todo agrícolas. Para esto el Estado dominicano debe invertir en infraestructuras físicas, tecnologías y maquinarias que impulse la competitividad y el desarrollo del sector agrícola, acompañado de buenos sistemas fitosanitarios que requieren instancias como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. y su homóloga de la Unión Europea. Hay que abaratar el costo de transportación de los productos exportados dado que esto influye en sus altos precios al llegar al consumidor y disminuye al comerciante capacidad de competencia.
POR UNA POLITICA FISCAL JUSTA CON LA COMUNIDAD DOMINICANA
El Congreso es injusto en establecer y mantener impuestos que perjudican de manera parcial a sectores de la población que por su contribución a la economía deberían ser objetos de mejores tratos, ejemplo la comunidad dominicana emigrada.
El ticket aéreo a RD es uno de los más caros de la región dado que sus tasas impositivas representan más del 40% de su costo total. Pagamos para entrar a nuestro suelo patrio y para salir del mismo. El pago de entrada es lesivo a nuestra identidad nacional dado que nos coloca en la categoría de turista, lo que es consecuencia del abusivo decreto presidencial 430 del 2017 que debe ser modificado ¡YA!.
Sometido al poder de los monopolios, ejemplo los del transporte aéreo, nuestro congreso y gobierno central nada hacen para validar los derechos del viajero, dejándonos bajo una condición de indefensión tal en que las líneas aéreas sienten como si nos hicieran un favor al momento de viajar en estas.
Nos someten a un trato degradante lo que en ocasiones se expresa en durar hasta 5 horas de espera para la partida del vuelo, ejemplo lo que actualmente ocurre con JetBlue. Nos cobran hasta para respirar dentro de sus aeronaves. Nos abusan en el cobro de las maletas y ahora con el cobro de 65 dólares por un bulto de mano. Por ley, el Congreso debe prohibir el cobro por primera maleta a los dominicanos que entran o salen del país.
Todo esto resulta más perjudicial dado que nada de los millones recaudados por Estado se invierte en proyectos que beneficien de manera directa a la comunidad dominicana emigrada.
OFICINA COLECTIVA DE LEGISLADORES DE ULTRAMAR Y EL INDEX
Aunque disfuncional hasta ahora, el legislador de ultramar debería de ser parte integral de la comunidad. El fracaso de los que hasta ahora hemos tenidos obliga a un ejercicio ciudadano más efectivo para rescatar esta figura o deshacernos de ella. Están supuesto a trabajar en cooperación con las autoridades administrativas para la formulación de políticas públicas y creación de programas dirigidos a favorecer la comunidad.
En tal sentido, se debe de abogar por la creación de Oficinas Comunes de Legisladores en cada circunscripción que hagan realidad aspiraciones como:
· Programas que faciliten la reinserción social y laboral de los/as dominicanos/as que opten por el regreso.
· Programas dirigidos a asistir y asesorar a aquellas personas de la diáspora dispuestas a hacer inversiones productivas que sirvan a la recuperación económica nacional y a la generación de empleos.
· Cumplimiento e implementación seria, sin discriminación partidaria, nepotismo y otras desviaciones ilegales y arbitrarias, de programas que la comunidad ha exigido. Los legisladores deben ser un factor de vida para instituciones del Estado supuesta a trabajar en beneficio de los migrantes y que solo sirven para el pago de favores políticos. En tal sentido el Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX), dejando de ser un centro improductivo como hasta ahora es, debería convertirse en una herramienta efectiva para canalizar servicios desde cooperativas, prestamos, servicios funerarios, seguros en RD, etc.
· Abogar por programas sean totalmente del gobierno o combinado con el sector privado que faciliten la adquisición de primeras y segundas viviendas en el país para los/as dominicanos/as en el exterior.
FISCALIZAR LOS CONSULADOS Y TRABAJAR PARA ABARATAR EL COSTO DE SUS SERVICIOS
Los consulados y la calidad y costos de sus servicios es un punto de alto interés para los dominicanos/as en ultramar. Es un tema que nos afecta de manera permanente, dado que sus servicios no son ocasionales sino cotidiano. Estos han devenidos en voraces oficinas captadoras de dinero a costa de más penurias y privaciones de la comunidad supuesta a representar. Por lo dicho, se impone contemplar en una agenda de nuestra diáspora reclamos como los siguientes:
· Reducir la abultada empleomanía de los consulados en las ciudades que se considere pertinente.
· Establecer un sueldo fijo para los cónsules de acuerdo con su elevada función, eliminando así el exorbitante sueldo por porcentaje que ronda el 20% de los ingresos consulares mensuales y que es una de las razones del elevado costo de los servicios que prestan esta instancia oficial.
· Fijar el número de vicecónsules de acuerdo con la población bajo jurisdicción de los consulados, no de la última votación electoral ni el número de militantes partidarios afines al partido oficial.
· Trasparencia y fortalecimiento institucional de los consulados permitiendo accesibilidad a la ciudadanía del presupuesto y desempeño financiero que tengan y eliminando todo arcaísmo que predomine en el manejo interno de su gestión como si fuera feudo personal de l@s funcionari@s que se designan en su Dirección, ejemplo el pago cash por servicios prestados y no aceptar el pago con tarjeta de crédito.
· Estas medidas políticas-administrativas, que en su aplicación hay que contar con la decidida colaboración del ejecutivo, tendrán que complementarse con una reducción significativa en los costos de los servicios consulares, entre ellos costos de pasaporte, poderes o actos notariales, apostilla y ciudadanía dominicana, de manera especial para nuestros descendientes nacidos en ultramar.
POR UN PACTO SOCIAL ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y SU DIASPORA
No basta cuan bien concebida y justa pueda ser una agenda. Para convertir en realidad sus propósitos se requiere de fuerzas organizadas. Mientras esto no ocurra, el Estado dominicano no nos prestara atención.
Observemos que la columna vertebral de la economía son las remesas de sus emigrantes, pero carecemos de una intermediación legitima y valida ante el Estado. El Concejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), por ejemplo, es una voz decisiva en muchos asuntos de orden público en el país y sus representantes se sientan en la mesa donde se deciden los asuntos de más valor en la vida de la nación.
Sin embargo, esto no ocurre con los emigrantes dominicanos. De ahí que se requiera de un espacio orgánico plural y poderoso de la diáspora que se convierta en un interlocutor válido ante el Estado nacional. Un espacio que obligue al Estado a firmar un pacto social entre el gobierno y la comunidad que se sostenga en puntos económicos, sociales, políticos y culturales sustantivos para la vida presente y futura de la diáspora.
MAS ALLA DE LA RELACION DIASPORA-ESTADO NACIONAL
Aunque esta presentación se centra en la defectuosa relación Estado nacional y su diáspora, aun sea a nivel de enunciado hay que establecer que cualquier agenda a desarrollar que no contemple la realidad en que desenvuelven su existencia nuestros emigrados y emigradas no tan solo resultará limitada, sino que carecerá de futuro.
Mas aún. Como conglomerado humano que llegó, se estableció y permanecerá en los países receptores y donde también viven las generaciones actuales y venideras de sus descendientes, el reto central a enfrentar es garantizar el ejercicio pleno y eficaz de sus derechos humanos, de sus libertades fundamentales, de sus derechos democráticos, económicos y culturales y la representación en los órganos de poder desde los cuales se diseñan y aplican planes y políticas públicas supuestos a beneficiar de manera integral la vida del ser humano y del entorno donde se desarrolla su existencia. Es salir de la exclusión y marginalidad que nos desgradan en nuestra condición humana e infravaloran en nuestra condición ciudadana.
Para enfrentar este crucial desafío se impone la celebración de un evento cuyo centro sea definir una agenda por poder y organización política de la diáspora, derechos nacionales y desarrollo económico.
Que nos permita imaginarnos y contribuir a la creación de mecanismos asociativos incluyentes y participativos que pugnen por superar la atomización cívica y social en que hemos caído como comunidad. Hablamos de espacios que nos permitan hacer renacer el sentimiento de “agencia histórica” en los países donde residimos, llenando así el productivo espacio de activismo comunitario que se disminuyó cuando muchos activistas, caso New York, centraron sus energías en el activismo electoral desde una perspectiva política tradicional. Hay que rescatar el trabajo voluntario tras el empoderamiento de la comunidad desde una noción colectiva de crecimiento, progreso, calidad de vida y democracia participativa.
Mientras tanto, hay que seguir abogando por la participación en procesos electorales y luchas comunitarias en los países de alto nivel de concentración de connacionales.
New York es un ejemplo positivo en este sentido. No tan solo porque nuestra comunidad cuenta con un representante al Congreso de los EE. UU. en la persona de Adriano Espaillat, sino también porque a partir de los resultados de las elecciones primarias demócratas de junio pasado Antonio Reynoso, dominicano, será presidente del condado de Brooklyn, el más poblado del Estado de NY y uno de los 3 condados más importantes de todo Estados Unidos.
Al mismo tiempo, 5 jóvenes dominico-estadounidenses, 2 mujeres y 3 hombres, pasarán a ser parte de los 51 concejales que dirigirán el ayuntamiento de la ciudad a partir del próximo enero del 2022, la cual con sus 8.6 millones de habitantes resulta ser la más poblada de EE. UU.
En una perspectiva como la resumida, el intercambio de experiencia entre oficiales actuales, de quienes hayan ejercido funciones electivas y aspirados a las mismas en países receptores de nuestros emigrados, me parece que resultaría un paso en la dirección correcta.
Lo propio vale para el trabajo de organización de base y lucha comunitaria.
El desafío está planteado, actuemos.
