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Alquileres e inmuebles del Estado (OPINION)
Un tema recurrente y de palpitante actualidad es el relativo a los alquileres e inmuebles del Estado ya que cuando se habla, se escribe, se opina sobre el mismo muchas veces se especula, se retuercen los datos o las informaciones que se tienen sobre éste, pues quienes lo hacen no disponen de las estadísticas completas, cayendo en el ámbito de la especulación, tal vez no por mala intención, sino con el deseo de llevar informaciones frescas sobre el tópico o animado por ofrecer informaciones certeras acerca del verdadero patrimonio o valor del Estado.
Una de las inquietudes, de la administración gubernamental Abinader, desde que asumió la dirección de los destinos del Estado Dominicano, ha sido el transparentar todas las acciones y recursos del Estado, siempre que se conozca todo cuanto envuelve lo que corresponde al bien general, a lo que corresponde al pueblo, en defender los recursos de todos los dominicanos, ya que siempre ha habido personas de mala voluntad de apropiarse de lo que corresponde a todo un pueblo.
En el presente gobierno, se han celebrado con frecuencia, acuerdos interinstitucionales entre: la Dirección General de Contabilidad, Dirección General de Bienes Nacionales y la Dirección General del Catastro Nacional, a los fines de identificar los verdaderos bienes del Estado, tanto muebles como inmuebles y también los bienes intangibles, como son los softwares de tanta importancia para llevar a cabo las acciones oficiales, a los fines de eficientizar todas las acciones operativas del Estado y otros sectores.
En ese sentido, se ha transitado un gran trecho, pues se han identificado muchos muebles e inmuebles que se desconocían de su existencia y ubicación e inclusive si estos disponían o no de sus títulos de propiedad.
De ahí que, el gobierno Abinader logró obtener el título de propiedad del Palacio Nacional, entre otras importantes propiedades del Estado. Aún se trabaja arduamente para conocer el verdadero registro y valoración contable del patrimonio del Estado Dominicano.
El pasado 21 de abril del año que discurre, a través de un interesante programa de televisión, se dieron a conocer informaciones acerca de las propiedades alquiladas por el Estado Dominicano, algunas de ellas alejadas de la realidad, producto tal vez, de informaciones procedentes de fuentes incompletas que contrastan con informaciones extraídas del sistema TRE o registro de contratos de la Contraloría General de la República revelando informaciones que no se compadecen con la realidad.
Esto así, ya que en dicho programa televisivo se informó que el alquiler del inmueble que hoy ocupa el Consejo Nacional de Competitividad, este fue alquilado por RD$67,000,419.00, cuando en realidad el monto envuelve la suma de RD$67,419,144.00 con una adenda de RD$11,056,500.00, certificación Núm. BS-0001328-20221, y no por RD$13,000,000.00 como se informó en el programa de marras.
Otro inmueble alquilado por el Estado es el correspondiente al Defensor del Pueblo por RD$708,000.00, certificación Núm. BS-0003501-2021 y no por RD$2,000,000.00 como se informó.
El Local alquilado donde opera la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos, por RD$113,280.00, certificación Núm.. BS-0000437-2023, modalidad de pago mensual y no por RD$5,664,000.00 como se informó.
El alquiler de un local que ocupa la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), por la suma de RD$1,242,051,843.96, certificación Núm.. BS-0003738-2023, modalidad de pago mensual por un año y, no por RD$1,400,000,000.00 por un período de diez años.
Local alquilado por el Estado el cual es ocupado por el Plan Presidencial Contra la Pobreza, por una suma de US$153,828.00, certificación Núm. BS-0011821-2022 y BS-0011824-2022, modalidad pago mensual, sin adenda. Conforme la denuncia este inmueble había sido alquilado por RD$22,000,000.00 mensuales.
El local que ocupa el Ministerio de Interior y Policía fue alquilado por RD$471,930,000.00 y el Sistema de Registro de Contratos (TRE) que usa la Contraloría General de la República es de RD$471,930,000.40, certificación Núm. BS-0018474-2022, modalidad, pago parcial y sin adenda, período 4 años.
Otra de las denuncias de alquiler vertidas en el indicado programa televisivo, es la correspondiente a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones cuya certificación corresponde al Núm. BS-0011144-2022, por una suma de RD$309,469,125.00, mensualidad por RD$25,789,093.75 conforme los registros del Sistema TRE de la Contraloría y no por un importe de RD$25,000,000.00 mensuales.
Durante el año 2022 la Contraloría General de la República certificó contratos por RD$5,085,583,475.00 y se pagaron mediante libramientos registrados en el circuito financiero del Estado la suma de RD$3,944,780,736.93, en igual período.
Es sabido por todos, que el Estado tiene el compromiso de garantizar la eficiencia y transparencia de los gastos públicos a los fines de que éstos sean optimizados de forma efectiva y eficiente con el propósito de alcanzar las metas, objetivos y, cumplir su verdadera misión y visión de futuro.
En el año 2022, el gasto total del presupuesto ejecutado ascendió a RD$1,173,736.71 millones, equivalente a un 18.75% del PIB, estimado para ese año en RD$6,260,564,002,000.00.
En lo que respecta al gasto por alquileres este ascendió a RD$8,151.73 millones frente al total de gastos ejecutados en el año 2022, representó un 0.69%.
El Ministerio que mayor gasto de alquiler incurrió durante el año 2022 fue el de Relaciones Exteriores con una suma de US$26.48 millones y el Ministerio de Turismo por US$0.98 millones.
Es oportuno señalar, que se pueden aprobar libramientos correspondientes a certificaciones por concepto de alquileres aprobadas en años anteriores y que las certificaciones pueden repetirse en monto debido a los términos de renovación del contrato.
Conforme a la razón anterior, los montos no siempre se corresponden directamente y por tanto deben ser analizados cuidadosamente, a los fines de obtener informaciones más precisas sobre los alquileres concertados por el Estado con el sector privado.
De manera pues, es atinente que las informaciones investigadas por los realizadores de programas de investigación vayan a las fuentes fidedignas o mayor confianza sobre un tema en particular, con el propósito de obtener la verdad sobre los hechos, pues a veces se festinan las investigaciones o se actúa solo por el rumor público.
felix.felixsantana.