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En 1963 escándalo provocó renuncia ministro Diego Bordas
La noche del domingo 7 de abril de 1963, en una espectacular comparecencia televisada, el presidente del partido Vanguardia Revolucionaria Dominicana (VRD), Horacio Julio Ornes Coiscou, denunció que el ministro Diego Emilio Bordas Hernández se había valido de su autoridad pública para lograr que una empresa suya fuese beneficiada por el ayuntamiento municipal de Barahona con un contrato de participación en la explotación de la sal marina de Puerto Alejandro y de distribución -con carácter exclusivo- de toda su producción en el país y el extranjero.
Bordas era entonces secretario de Estado de Industria y Comercio y -según la denuncia- había incurrido en corrupción administrativa, incompatible con el empeño moralista del presidente Juan Bosch, reiterado al tomar posesión de su cargo el 27 de febrero de ese año, cuando se comprometió a realizar una gestión transparente con “oídos abiertos para oír la verdad, ojos activos para ver lo mal hecho antes de que se realice, mente vigilante para que nada ponga en peligro la libertad de cada ciudadano, y un corazón libre de odios, dedicado día y noche solo al servicio del pueblo”.
Ornes Coiscou reveló que el alto funcionario, en su condición de presidente ex-oficio del comité investigador de las empresas estatales, había dispuesto la cancelación de otro contrato perteneciente a una compañía puertorriqueña llamada “Imbert Corporation”, exportadora del cemento dominicano que se vendía en las Islas Vírgenes, para adjudicarlo a una firma suya que desde el año 1957 se dedicaba a ese negocio, aunque confrontaba serios inconvenientes en su operación comercial, debido a que la oficina de Aduanas de los Estados Unidos la acusaba de violar la legislación tarifaria internacional que prohibía la comisión de dumping, o acaparamiento de un producto que luego, en competencia desleal con otras empresas, se vendía en el mercado a un precio inferior al concertado.
Revuelo
Esa acusación por su gravedad causó un gran revuelo en la prensa, pues estaba dirigida contra el ministro de un gobierno que apenas tenía cuarenta días en el poder, y procedía de un antiguo aliado del presidente Bosch que contribuyó a su triunfo en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, aunque no formaba parte de la burocracia oficial por su inconformidad con la composición de su gabinete.
Ornes manifestó su obstinado reparo a la escogencia de Bordas como secretario de Industria y Comercio, convencido de que era un empresario corrupto que estaba en la mira del gobierno de Estados Unidos por presunta violación a la ley antidumping y su sospechosa relación con la firma de abogados de Robert G. Baker, su fervoroso defensor en el litigio que había obstaculizado las exportaciones de cemento que realizaba su empresa a varios países del hemisferio.
Debido al peso de la denuncia, Bordas renunció a su cargo el lunes 8 de abril de 1963 en carta dirigida al presidente Bosch, que fue reproducida por los diarios nacionales, donde elogiaba las metas de progreso del gobierno y le expresaba su fe en el éxito, así como su lealtad y amistad inquebrantables, además de anunciarle su decisión de someter a la acción de la justicia a su detractor, por haber sembrado la duda sobre su honestidad y causar con su acusación temeraria un severo daño a su imagen pública.
El ministro renunciante comunicó también que a través de sus abogados, doctores Ramón Pina Acevedo y Quirico Elpidio Pérez, estaba formulando una demanda por daños y perjuicios a su detractor, quien al injuriar y difamar su persona había infringido la Ley No. 6132 del año 1962, sobre expresión y difusión del pensamiento, en sus artículos 23, 29, 30 y 31.
Renuncia
Al día siguiente, el presidente de la República aceptó la renuncia, “para dejarlo en libertad de que actúe como ciudadano, sin ninguna vinculación oficial”, y con palabras emotivas, llenas de elogios, manifestó su agradecimiento por los servicios que había prestado a su gobierno este individuo que había conocido en el exilio y que se hizo entonces su amigo, adquiriendo luego la condición de hombre de su absoluta confianza.
Bordas era entonces el principal colaborador Bosch y obraba desde el poder como un superministro con responsabilidades directas en la cartera de Industria y Comercio y en otras funciones conexas, como la presidencia del consejo de administración de la Fábrica Dominicana de Cemento y de la Comisión de Defensa del Azúcar, que era el organismo encargado de velar por todo cuanto se refería a la producción del edulcorante de caña en el país.
Según manifestó el jefe del Estado, se sentía personalmente complacido de que Bordas lo llamara “su amigo” y plenamente satisfecho con su trabajo porque nadie podría decir que mientras fue ministro de Industria y Comercio medró los intereses del pueblo y debido a que su mejor galardón era “la venta de 35 millones de galones de miel a 21 centavos el galón en puerto dominicano, precio récord en la historia de las negociaciones de azúcar y melazas”.
Bosch concluyó su misiva invitando a quien deseara asegurar lo contrario a su creencia, “que no rehúya a la justicia; que presente pruebas ante los jueces” y exponga la razón de su insatisfacción precipitada.
Bordas se concentró en la tarea de argumentar jurídicamente la querella contra Ornes, examinando junto a sus abogados todos los argumentos y cada detalle sobre el tema de la difamación, aunque ocasionalmente visitaba en su despacho del Palacio Nacional al abogado de San Francisco de Macorís, doctor Luis Moreno Martínez, quien desempeñaba el cargo de consultor jurídico del Poder Ejecutivo y era hermano del presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), doctor Alfonso Moreno Martínez.
En ese lugar fue abordado por la prensa para que se refiriera al juicio en marcha y contestó que saldría victorioso de ese percance y regresaría al gabinete, aunque le confesó al periodista José Jiménez Belén, reportero del diario La Prensa, que estaba preparado para aceptar cualquier designación, ya que “si el gobierno del presidente Bosch me nombra barrendero de las calles de Santo Domingo yo seré barrendero de las calles de Santo Domingo”.
Historia
Era un joven empresario puertoplateño de unos 40 años que había sido nombrado ministro por su vieja amistad con el profesor Bosch y como reconocimiento a su contribución con la causa democrática durante sus 18 años de exilio antitrujillista, destacándose en 1948 como comandante del batallón Máximo Gómez de la frustrada expedición de Cayo Confites, contra el régimen de Rafael L. Trujillo, fracasada a causa de los conflictos y rivalidades que se suscitaron entre los líderes participantes.
Bordas estuvo algún tiempo retirado de la actividad política militante, pero sin dejar de ser un colaborador efectivo de Bosch y de los exiliados en los diferentes países donde residió en esa época.
Mientras estuvo en el exilio, su empresa “Bordas Corporation” fue manejada en el país por su hermano Luis Manuel Bordas Hernández (Manolo), quien en los días finales de la tiranía entró en sociedad con Francisco Martínez Alba, el acaudalado cuñado del dictador Trujillo que regenteaba la Fábrica Dominicana de Cemento, C. por A, pactando con éste un acuerdo en diciembre de 1960, mediante el cual su compañía cargó con la responsabilidad de administrar en el exterior el negocio del cemento.
Ese compromiso tan importante mostraba sin duda que los hermanos Bordas eran empresarios acaudalados y reconocidos industriales dominicanos en el momento en que ocurrió el ajusticiamiento de Trujillo en 1961; pues para esa fecha, su compañía negociadora de cemento, además de estar firmemente establecida en el extranjero, ya había logrado salir airosa del conflicto judicial en que estuvo envuelta por la imputación sobre dumping.
Su incriminación en esa disputa procesal se convirtió finalmente en una gran victoria, tras la resolución dictada por la Comisión de Arancel de los Estados Unidos, de fecha 18 de abril de 1962, permitiéndole vender el cemento en ese mercado, pese a la fuerte oposición de sus competidores. Eso tuvo un alto costo, ya que previamente tuvo que pagar dos mil dólares en honorarios a la firma de abogados Tucker & Baker, dirigida por Robert G. Baker y su socio Ernesto C. Tucker, sus defensores jurídicos.
Diego Bordas volvió a afrontar un nuevo problema, ya que de manera inesperada y a 36 horas de haber regresado del exilio, comenzó a ser perseguido por sectores económicos muy activos dentro del gobierno del Consejo de Estado, los cuales maquinaban apoderarse de la compañía “Bordas Corporation”, diciendo que debía ser confiscada por su relación con la Fábrica Dominicana de Cemento, una empresa que había pertenecido a la familia Trujillo y que dirigía el comerciante español Panchito Martínez Alba, cuñado de jefe.
Ese peligro afloró la noche del martes 20 de febrero de 1962, cuando Bordas se encontraba en el hotel Hamaca de Boca Chica visiblemente agotado tras una larga jornada de trabajo y se despedía de su compueblano y amigo César Reyes Kundhart. Inesperadamente llegaron al lugar un coronel y un capitán de la Policía, de apellido Morillo, que se acercaron y luego de una cortés, pero intimidante salutación, lo invitaron a ir al Palacio Nacional, al despacho del general vitalicio Antonio Imbert Barrera, miembro del Consejo de Estado, quien deseaba conversar con él sobre asuntos de interés recíproco.
Se disculpó diciendo que había tenido un día de mucha faena, sumamente agotador y quería descansar, pero al día siguiente, bien temprano, visitaría la casa de Gobierno y pasaría por el despacho del general Imbert. No obstante, su reparo, los oficiales fueron insistentes y conminaron a Bordas a llamar por teléfono a la oficina del poderoso consejero, siendo imposible localizarlo ya que estaba cerrada y no había nadie en el lugar. Los funcionarios se habían marchado.
Detención
Entonces, a sugerencia de los dos oficiales llamó al jefe de la Policía, general Belisario Peguero Guerrero, quien le invitó a pasar de inmediato por su despacho, por ser un asunto urgente, pero de rápida solución. Enseguida correspondió a la convocatoria, se activó con presteza y aun exhausto, partió hacia la ciudad de Santo Domingo en compañía de los dos oficiales y de su amigo Reyes Kundhart.
Al llegar a la jefatura de la Policía se dio cuenta que había sido engañado, pues arbitrariamente fue detenido junto a reconocidos profesionales universitarios vinculados con grupos de izquierda, que iban a ser deportados por presunta asociación con actividades subversivas contra el Consejo de Estado. Eran, a saber, los doctores Hugo Tolentino Dipp, Francisco Alberto Henríquez Vásquez (Chito), José Vinicio Calventi Gaviño, Marcio Antonio Mejía-Ricart Guzmán, José Ricardo Feris Iglesias y Fausto Martínez.
Bordas fue deportado y pasó diez meses de angustia en su nuevo exilio, pero pudo regresar al país sólo dos días después del triunfo del profesor Bosch en las elecciones del 20 de diciembre, resistiendo así la trama política que perseguía despojarle de sus bienes.
Más tarde asumió el control de su negocio de cemento, aunque dejó en manos de su hermano Luis Manuel la rienda de la Agencia Marítima Nacional, C. por A., que para esa fecha comenzaba a explorar cómo vincularse con el ayuntamiento municipal de Barahona, que había obtenido -mediante la Ley No. 5225, de fecha 21 de diciembre de 1961- la concesión para la explotación de la cantera de sal en Puerto Alejandro, que no tenía nada que ver con las minas de sal y yeso de Las Salinas.
Su hermano Luis Manuel, en calidad de presidente de la citada compañía, hizo contacto con los regidores del cabildo de Barahona; especialmente con el doctor Carlos A. Castillo, estableciendo una relación de apariencia diáfana, ya que éste viajaba con cierta frecuencia a la capital a sostener intercambios de impresiones con los hermanos Bordas, convirtiéndose en una especie de enlace con la dirección de esa corporación edilicia, que les ayudaría a concertar un contrato de sal a gran escala, sobre la base de ofertar al cabildo la suma de cuarenta mil pesos y obtener el derecho de compra y venta de toda la producción de sal del proyecto de Puerto Alejandro.
Con ese dinero el ayuntamiento de Barahona estaría en condiciones de encarar y resolver las urgencias de empleos de decenas de personas sin trabajo.
Esa intención estaba contenida en la carta de fecha 29 de marzo de 1963, que el presidente de la Agencia Marítima Nacional, C. por A., Luis Manuel Bordas, le dirigiera al regidor Castillo autorizándolo a gestionar con los miembros de la sala capitular el referido contrato, y poniéndole al tanto de las diligencias que había hecho en Alemania para comprobar mediante análisis químico la calidad de la sal, y así poder anunciarla y promoverla en Europa.
El juicio a Ornes y absolución
Diego Bordas sometió a Ornes a la justicia por difamación e injuria, siguiendo el consejo de sus abogados y creyendo que éste no poseía -ni conseguiría- una prueba fehaciente para demostrar que fuese realmente un funcionario corrupto, que se había valido de su alta posición en el gobierno de Bosch para monopolizar el negocio del cemento y la sal.
Pero el “zar de la sal”, como fue bautizado por sus adversarios, no calculó que Ornes desataría una vigorosa ofensiva por los medios de comunicación, con el auxilio de su hermano Germán Emilio, propietario del periódico El Caribe, un medio sumamente influyente en los sectores de clase alta y media de la sociedad dominicana de la época; ni que recibiría el respaldo militante de los principales líderes de la oposición, encabezados por los doctores Mario Read Vittini, Juan Isidro Jimenes-Grullón y el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara.
Con ese respaldo, Ornes proseguiría liderando la tribuna pública, yendo a mítines políticos y a programas de radio y televisión, a ratificar sus argumentos sobre corrupción administrativa, para mantener a Bordas a la defensiva, respondiendo sus ataques con polémicos agravios, como decir que en la provincia de La Vega Ornes estaría promoviendo desalojos de campesinos de los predios pertenecientes a su esposa, la señora María Mercedes Rodríguez Vásquez, hija y heredera del general Juancito Rodríguez.
A Ornes le era muy difícil probar la veracidad de sus denuncias, pero con el apoyo señalado, se concentró en la realización de una investigación profunda del negocio de la sal, buscando testimonios fehacientes para demostrar que sí había corrupción administrativa y tráfico de influencia en las operaciones del ministro renunciante.
Al respecto, el doctor Manuel Ramón Morel Cerda, procurador fiscal del Distrito Nacional, cuando se hizo ese juicio, nos dice en su reciente obra “Testimonios desclasificados, retazos narrativos de hechos verídicos”, que Ornes se prevalió de un recurso jurídico de defensa conocido por el nombre de la “excepción de la verdad”, “al que tiene derecho una persona acusada de difamación, durante el juicio conocido en la Tercera Cámara Penal, presidida por el magistrado Bruno Rodríguez Gonell, y de esa manera pudo librarse de una condena.”
Ilustró el reputado jurista que la defensa de Ornes “presentó pruebas documentales que daban cuenta de que en algunos casos aparecía claramente las operaciones realizadas, de dudosa aceptación para un funcionario público, y en cambio, la parte civil constituida, a cargo de los abogados del señor Bordas, se limitó a negar la ocurrencia de los mismos”
Agregó que Bordas negó rotundamente la comisión de los hechos, pero que los documentos aportados por el imputado probaban su ocurrencia, que los mismos se habían producido y se erigían en la “excepción de la verdad” planteada, viéndose el fiscal en la obligación de hacer una solicitud de descargo de la acusación de difamación ante el juez referido, quien en la última audiencia celebrada el 19 de septiembre de 1963, y tras una deliberación que se prolongó por doce horas, acogió en todas sus partes el dictamen del Ministerio Público, que libraba de toda responsabilidad penal a Horacio Julio Ornes Coiscou, por no haber cometido los delitos que se le imputaban sobre violación de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, ni ser tampoco culpable del delito de ultraje en perjuicio del doctor Diego Bordas.
jpm-am
los ricachónes y poderosos con enllaves, siempre salen bien,las leyes penales, sólo castigan a los hijos de machepa.
un arti**** muy ilustrativo sobre los manejos turbios de ese funcionario, que sin dudas traiciono la confianza del presidente y dio un pobre servicio al pais. vale agregar que diego bordas fue el mayor proveedor de fondos para el proceso electoral de 1962 en el que juan bosch fue electo presidente de la republica, hubo ademas, un compromiso previo para que fuera designado en el cargo a cambio de sus aportes a la campana electoral
no hay nada tan bueno,que no tenga algo malo,el tipo invirtió,como siempre se hace,para multiplicar exponencialmente su dinero.bosch,el último de los no opayadores de corrupción.