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SANTO DOMINGO, 23
de octubre.- El Gobierno de la República Dominicana responderá a más tardar este viernes al mediodía a la
sentencia emitida ayer en Costa Rica por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) sobre alegadas violaciones cometidas por
autoridades locales al realizar repatriaciones de extranjeros.
El
portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, informó en rueda de prensa
que inmediatamente recibió dicho fallo, técnicos de distintas dependencias se han
abocado al estudio del mismo “con toda la serenidad que corresponde”, ya que
involucra no sólo al Ejecutivo sino a otros poderes del Estado.
Este
miércoles la Corte IDH, en un documento de 160 páginas, sentenció que entre los
años 1999 y 2000 la República Dominicana violó derechos de personas
dominicanas de ascendencia haitiana al realizar repatriaciones de extranjeros. (Durante este lapso finalizaba el primer
gobierno del peledeísta Leonel Fernández).
Rodríguez Marchena fue enfático al señalar que los técnicos analizan «todas las implicaciones,
todo el significado que esto tiene» con «toda la serenidad que corresponde”.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos es unórgano judicialde laOrganización de los Estados Americanos(OEA) que goza de autonomía frente a los demás órganos de
aquella y que tiene su sede enSan José de Costa Rica. Su propósito es aplicar e interpretar laConvención Americana sobre Derechos Humanosy otrostratadosde la materia,a los cuales se somete el llamadosistema interamericano de protección de
derechos humanos.
El
organismo emitió una “Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas
Expulsadas”, respecto a un caso sometido a la jurisdicción de la Corte el
12 de julio de 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este
último se refiere a supuestas privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y
posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de
República Dominicana hacia Haití, entre las cuales había niños .
Los
hechos habrían ocurrido entre los años 1999 y 2000, sin las debidas garantías y
sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos, agrega.
“En esta situación, los documentos de identidad
oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las
autoridades estatales al momento de la expulsión, o bien, en otros casos las
víctimas nacidas en República Dominicana no se encontraban registradas ni
contaban con documentación que acreditara su nacionalidad”, dice.
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