Asesinato de Manolo Tavárez Justo 

En 1963, Manolo Tavárez Justo fue asesinado a mansalva junto a 14 alzados en la loma de Las Manaclas, después de desponer las armas y aceptar la promesa de Manuel Tavares Espaillat de respetar la vida los luchadores constitucionalistas revolucionarios, promesa hecha a nombre del gobierno de facto del Triunvirato. 

Con la masacre de Las Manaclas terminó el levantamiento guerrillero iniciado el 28 de noviembre por el Movimiento Revolucionario “14 de Junio”, con el que se buscaba reponer el gobierno democrático de Juan Boch y la Constitución que le regia. 

Con la excepción de Emilio Cordero Michel, los demás catorcístas fueron brutalmente asesinados sin importar que estuvieran desarmados y levantados telas blancas como símbolo de rendición. 

Incluso después de ser fusilados, varios de los cuerpos recibieron tiros de gracia y profundas heridas con machetes y bayonetas. Fueron torturados y asesinados frente a un grupo de campesinos del aérea que fueron “arreados” como animales por militares para que vieran como se mataban “comunistas”. 

Los militares responsables directos de este asesinato en masa recibieron orden del general retirado Ramiro Matos González, contra quien pesa una querella penal interpuesta por Minou y Manuel Enrique Tavárez de Manolo y Minerva Mirabal. Este personaje, Matos González, y sus defensores argumentan que dada su condición de militar él se limitó a cumplir una orden de sus superiores, lo cual, como ha indicado Minou, no lo “exime de su responsabilidad. El hecho de que alguien lo haya mandado a matar no lo hace menos asesino”. 

Crímenes como los de Manolo y sus compañeros de ideales no prescriben y sus autores materiales e intelectuales no deben continuar cubierto por el manto de la impunidad generado por el poder político y el Estado nacional. Mas cuando arrastran la agravante de ser crímenes de lesa humanidad.

Lo ocurrido el 21 de diciembre del 1963 fueron “actos llevados a cabo por…autoridades del Estado…cometidos con la intención de destruir” a un grupo de ciudadanos por razones políticas. Así, causaron las autoridades del Estado actuantes muertes y lesiones a un grupo de personas que si bien se había insurreccionado estaba “fuera de combate” y estaban protegidos por los derechos y prerrogativas que les confería la condición de prisioneros de guerra.

 Todo esto esta penalizado por el derecho internacional y por instituciones de prestigios de las cuales el Estado dominicano es signatario.

Mas allá del caso particular de Matos González, participante directo en la masacre de diciembre del 21 de diciembre del ’63, el doloroso caso que nos ocupa hoy tiene que generar un nivel de conciencia y compromiso ciudadano que de curso a un vigoro movimiento por el establecimiento de un Comisión de la Verdad que investigue y sancione todos los asesinatos y desapariciones forzosas por razones políticas ocurridas en nuestro país durante los últimos 90 años.

Hablamos de una Comisión de la Verdad y la Justicia Histórica que investigue, descubra y ponga al descubierto las acciones represivas que cegaron vidas y provocaron desapariciones durante la larga tiranía encabezada por Rafael Trujillo, durante la repatriación armada del 1959, el levantamiento de noviembre de 1963, la Guerra Constitucionalista de 1965 y los 12 años ininterrumpidos de gobierno que encabezó Joaquín Balaguer en el tramo histórico de 1966-1978.

No hay democracia real donde no impere la justicia al valorar el pasado y  juzgar el presente.

Ni olvido ni perdón.

JPM