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SANTO DOMINGO. – El vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Max Puig, descartó que el Tribunal Constitucional rechace el acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “El Tratado de Escazú”, para su entrada en vigor en el país.
Durante una conferencia en la Universidad Federico Henríquez & Carvajal, UFHEC, señaló que dicho tratado es cónsono con la Constitución y que “viene a concretizar el mandato constitucional de proteger el medio ambiente y los recursos naturales”.
Recordó que el Tratado de Escazú fue firmado por 24 países en el año 2018 y ya ha sido ratificado por 12 naciones de América Latina y el Caribe, por lo que ya entró en vigor y sólo falta que el TC finalice el proceso de control preventivo de constitucionalidad y lo remita al Congreso para su ratificación.
El Tratado de Escazú nació como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en el año 2012 en Brasil, y la Decisión de Santiago (Chile) adoptada en 2014 por los 24 países que el 4 de marzo de 2018 firmaron el acuerdo en la ciudad costarricense de Escazú.
El objetivo principal de este Tratado es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental, así como la aplicación y en el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.
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