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La presión internacional contra el lavado de activos obligó al ex presidente Leonel Fernández a incluir en la reforma constitucional del año 2010 la modificación del derecho de propiedad.
En ese aspecto, el artículo 51, numeral 5 estableció: “Solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas, o jurídicas nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público. Así como los provenientes de actividades de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativa a la delincuencia trasnacional”.
Con la implementación de esta medida anti lavado, el gobierno del PLD bajó la presión de los organismos internacionales. Sin embargo, para seguir la fiesta, se protegieron con el numeral 6, que reza: “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los juicios de extinción de dominios previstos en el ordenamiento jurídico”.
Lo que significa, que la disposición constitucional no es aplicable sin la ley complementaria de extinción de dominio.
Para encubrir el engaño, en diferentes ocasiones sometieron el proyecto de ley sobre extinción de dominio, pero nunca fue aprobado por ambas cámaras. Indica el exsenador Adriano Sánchez Roa, uno de sus autores, que dicho proyecto fue aprobado en tres ocasiones en el Senado, pero siempre perimía en la Cámara de Diputados.
Lo peor del caso, es que el nuevo gobierno, no ha hecho nada para que sea definitivamente convertido en ley.
A pesar de los arrestos de altos funcionarios civiles y militares del pasado gobierno, la Embajada de los EEUU acaba de manifestar su preocupación por la inercia con que han actuado las autoridades frente a un instrumento jurídico que por más de diez años descansa en los archivos del Congreso, sin que nadie se preocupe en desempolvarlo y sacarlo a la luz.
Todos sabemos que es el único antídoto que puede detener el veneno de la corrupción, que ha infectado todo el cuerpo social. Mientras no se despoje de lo robado a quienes asumieron la responsabilidad de administrar recursos públicos, la malversación seguirá su curso.
JPM