Y vuelvo sobre el tema.
Buena la disposición presidencial de regular y controlar el uso de metanol, un compuesto químico que al ser ingerido causa graves daños físicos, en los órganos, ceguera y hasta la muerte. El metanol es el principal componente de la fabricación de bebidas alcohólicas ilícitas, una práctica que ha puesto sobre el tapete una escena dantesca de muertes y distorsiones económicas.
Según Euromonitor International, en 2019 el consumo de alcohol no regulado en República Dominicana era de 31 por ciento, lo que duplicaba la cifra de 2011, que establecía en 16 por ciento de consumo de alcohol ilícito, colocándonos por encima de países de la región como Colombia, Honduras, Ecuador, Perú y Bolivia, donde se realiza esta práctica.
Las graves consecuencias de la producción ilegal de alcohol puede evitarse, dicen los expertos, si los gobiernos garantizan a la industria de las bebidas alcohólicas un régimen fiscal y de regulación justo y ‘razonable’.
En un artículo publicado por Dan Witt, presidente del Centro Internacional de Impuestos e Inversiones, se explicaba que cuando se imponen niveles excesivos de impuestos se fomenta la producción ilícita de alcohol y los mercados negros, lo que conduce a una disminución de los ingresos fiscales y fomenta la corrupción, perjudicando la capacidad de los gobiernos para cubrir los gastos públicos.
El gobierno tiene, entonces, en sus manos una gran oportunidad para impulsar políticas sólidas en materia de impuestos sobre la producción y venta de alcoholes. Si lo hace, aumentará los ingresos fiscales, estimulará el crecimiento económico y, lo más importante, evitará muertes innecesarias.
¿Qué se espera?


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