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SANTO DOMINGO.- Un juez cambió por garantía económica la medida de coerción de prisión preventiva dictada contra el dueño del helicóptero en el que el presidente Luis Abinader hacía campaña y presunto cabecilla de una supuesta red que lavó más de 7 mil millones de pesos en un caso que también involucra a una diputada y un regidor de La Vega.
La decisión del magistrado Martín de la Mota, del Segundo Juzgado de Instrucción de La Vega, favoreció a Miguel López Florencio (Miky), sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como a su cuñada Ada María Pilarte y a un empleado suyo identificado como José Antonio Román.
En el caso también está involucrada la diputada y esposa de López Florencio, Rosa Amalia Pillarte.
De la Mota decidió variar la coerción mediante una audiencia para decidir sobre la petición del Ministerio Público de una prórroga para el plazo de investigación.
La fiscal Aura Luz García alegó en la audiencia que el Ministerio Público necesitaba más tiempo para la investigación. “Recordamos que habíamos solicitado la tramitación de caso complejo con un plazo de ocho meses y fue negada por el tribunal decisión que fue apelada y que el día de hoy la corte de apelación de la Vega no ha fijado la audiencia para conocer ese recurso del Ministerio Público”, declaró García.
Acusación
El expediente dice que Miky López y su familia han realizado movilizaciones en el sistema financiero por más de RD$7 mil millones en los últimos años.
El Ministerio Público dice que pudo comprobar la procedencia ilícita del dinero.
jt/am
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