Una candidatura presidencial por el naciente Partido Revolucionario Moderno no es un pasaporte al poder político, por los grandes obstáculos institucionales y la ausencia de árbitros electorales. Más que candidatura, en estos momentos, se impone la organización de estructuras a todos los niveles y en toda la geografía nacional. Y elaborar unos estatutos –de conformidad a las entidades políticas más democráticas del mundo de hoy– que sirvan para normar el comportamiento institucional del PRM. Concomitantemente se impone el establecimiento de vínculos internacionales y la denuncia permanente de la carencia de instituciones independientes en la República Dominicana. La elección del candidato presidencial que se haga en el momento oportuno. Esa elección podría generar beneficios políticos, en la medida en que sea un acontecimiento impactante. Y sería impactante si es mediante convención y con el padrón universal, que se vea al pueblo votando, aunque haya que excluir a los militantes del PLD, pues no se puede permitir que oficialismo intervenga en ese proceso con su poder económico y su enorme logística. El gran obstáculo para los comicios del 2016, el mayor de todos, está en la falta de árbitros electorales. Esa Junta Central Electoral no es garante de un certamen transparente. Y ni hablar de ese Tribunal Superior Electoral. Esos organismos –al igual que las demás cortes— están constituidos por cuadros del Comité Central del PLD, profesionales corruptos y trepadores, reformistas desahuciados por el propio Balaguer y funestos personajes que medraron en la sombra de Miguel Vargas. Hoy más que nunca se impone que la oposición diseñe su estrategia. Y en el marco de esa estrategia tiene que estar necesariamente, tal y como lo hizo el doctor Peña Gómez en su momento, establecer relaciones internacionales con organizaciones políticas y con organismos que aboguen por la democracia en el ámbito mundial y, de forma particular, en el continente americano. Esa campaña internacional sería factible sobre todo en momentos en que el PLD procura aislar al país, disfrazado de patriotismo, de las instancias interamericanas. Y ese despropósito del oficialismo no descansa simplemente en la reciente sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenando las violaciones cometidas por el Estado dominicano en contra de ciudadanos haitianos y descendientes de haitianos que viven en el país. Con esa decisión del Tribunal Constitucional, de excluir al Estado dominicano de la CIDH, se procura también que ningún organismo extranjero intervenga en los resultados de la farsa electoral que se montaría en la República Dominicana para el 2016. Esa fiesta carnavalesca de patriotismo que observamos todos la practicó Trujillo como mecanismo propagandístico y para perpetuarse en el poder, violando todos los derechos humanos. La centralización de los poderes no tiene el simple objetivo de la garantía de impunidad a los grandes escándalos de corrupción, es una forma del PLD gobernar durante décadas. Es lamentable que la oposición política esté dispersa y no haya dado una lectura adecuada a la grave situación que vive el país. Contrariamente hay distracción por disputa de una candidatura presidencial que nada representa ante el oscuro panorama político nacional. ¿Dónde están los estrategas del PRM y demás entidades opositoras? Todos actúan como si en República Dominicana hubiera una auténtica democracia. Se impone romper el cerco que ha tendido el PLD con el control absoluto de los resortes del Estado, el aislamiento del país y su perversa campaña de nacionalismo, cuando en la práctica es una entidad de ultraderecha, corrupta y llena de calieses y bandoleros que se nutren del erario.
Urge la denuncia internacional
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