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Washington, 16 ago.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró hoy su «preocupación» por la excarcelación en Chile de agentes de la dictadura de Augusto Pinochet y recordó al Estado que debe asegurar el cumplimiento de las penas impuestas a los represores.
«Para graves violaciones a los Derechos Humanos los Estados deben, por tanto, asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción que adopten los tribunales internos, considerando que la imposición de las penas debe contribuir verdaderamente a prevenir la impunidad», dijo en un comunicado la CIDH.
En esa línea, el comisionado Luis Ernesto Vargas afirmó que «el Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias».
Además, la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, agregó que «la aplicación de beneficios debe tener en cuenta que es necesario aplicar requisitos más exigentes para casos de graves violaciones de Derechos Humanos. De lo contrario, tornaría inefectiva la sanción que se impuso».
Para la CIDH, una reducción de penas para crímenes de lesa humanidad tan solo debe contemplarse para casos en los que haya una «colaboración efectiva con la justicia mediante información que permita el esclarecimiento del crimen» y en «ponderación respecto de la afectación que ocasione a los derechos de las víctimas».
La Corte Suprema de Chile dejó a finales de julio en libertad a siete agentes de la dictadura de Augusto Pinochet condenados por torturas, secuestros y homicidios en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Unos 3.200 chilenos fueron asesinados durante la dictadura de Pinochet, de los que 1.192 siguen desaparecidos; además cerca de 33.000 fueron torturados y encarcelados por motivos políticos.
of-am