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SANTO DOMINGO (EFE).- El abogado Ulises Díaz Almonte, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), elevó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un recurso de amparo contra la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe el activismo político, el segundo presentado esta semana.
Díaz Almonte presentó la acción de amparo bajo el argumento de que la JCE no tiene competencia para regular ni sancionar a los partidos políticos, por lo que demandó del TSA la suspensión de la medida hasta que se apruebe la Ley de Régimen Electoral.
Dijo que la JCE «ha trasgredido los derechos de todos los que conformamos los partidos políticos», algunos de ellos, afirmó, «con aspiraciones políticas».
El recurso de amparo de Díaz Almonte sigue a uno presentado el lunes por el precandidato presidencial del PLD Hipólito Polanco ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), tras alegar que la resolución de la JCE es arbitraría e inconstitucional.
El 20 de junio la JCE llamó a los aspirantes a cargos electorales a suspender en un plazo de cinco días todas sus actividades que incluyan marchas o caravanas, así como la colocación de propagandas en medios de comunicación, lo que ha generado opiniones a favor y en contra.
El organismo aseguró tener «absoluta competencia reglamentaria, establecida en la Constitución de la República y en las leyes, para exigir el cese inmediato de las actividades mencionadas, sin desmedro del ejercicio de los sagrados derechos de asociación, reunión y libre expresión del pensamiento».
Sin embargo, políticos como el expresidente Leonel Fernández, inmerso en un activo proselitismo, aunque no ha anunciado formalmente su candidatura para un nuevo mandato, consideró que no existe un marco legal que prohíba las actividades de los partidos políticos en el país durante el período de precampaña, rechazando así la resolución de la JCE.
Mientras, el expresidente Hipólito Mejía, precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), manifestó su apoyo a la resolución de la JCE y confió en que «esta será la primera de muchas resoluciones justas que tomará ese órgano para garantizar que las elecciones generales del 2020 sean íntegras».