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BUENOS AIRES.- El presidente argentino, Mauricio Macri, lamentó que el Congreso haya excluido la cláusula de un proyecto de ley de responsabilidad penal empresarial que contempla la delación premiada para las compañías, y acusó a parte de la oposición de temer que Odebrecht hable sobre los sobornos que pagó.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca que las empresas tengan responsabilidad penal, pero excluyó una cláusula que contempla que las compañías puedan obtener beneficios judiciales a cambio de brindar información sobre las causas.
En una rueda de prensa, Macri vio «lamentable» que un sector de la oposición vetara esa cláusula, que permitiría, según recordó, que empresas como Odebrecht aporten información sobre los sobornos que pagaron en el pasado, y acusó a los diputados que vetaron ese artículo de «preferir» que la empresa brasileña no hable.
«Primero tenemos que saber lo que pasó en el pasado y quiénes recibieron las coimas que ya sabemos que la empresa pagó», dijo Macri en referencia a Odebrecht, que reconoció en diciembre que pagó en Argentina sobreprecios por valor de 35 millones de dólares para obtener concesiones de obra pública.
Así, entendió que los diputados que votaron en contra de esa cláusula están del mismo lado que la fiscal general del Estado, Alejandra Gils Carbó, quien, dijo, es una militante kirchnerista que obstruye desde su postura todas los casos por corrupción que afectan al Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
«Ella no es una procuradora imparcial, es una militante política que ha obstruido los hechos de corrupción de los gobiernos anteriores y ha promovido con sus fiscales decenas de causas contra nuestro Gobierno, sin fundamento en la mayoría de los casos», aseguró desde la central provincia de Córdoba.
Macri lamentó que Gils Carbó decida seguir en el cargo y recordó que en la mayoría de los casos el presidente es el que propone un nombre para el puesto y luego el Congreso lo aprueba.
Uno de los casos por corrupción del anterior Gobierno a los que se refirió el mandatario es el que investiga al exministro de Planificación Federal Julio de Vido (2003-2015), procesado por supuestas irregularidades en la asignación de subsidios para combustible a líneas de autobús público durante su gestión.
De Vido, quien actualmente tiene condición de aforado por la banca que ostenta en la Cámara de Diputados, acusó esta semana al Gobierno de Macri de perseguirlo políticamente a través de la Justicia y amenazó con «dar a conocer las cuentas» de la familia del mandatario si lo siguen «jodiendo».
El presidente felicitó por su parte a un fiscal que intimó al exdirigente para que cuente «las cosas que tiene para contar» y acusó al actual diputado de haber formado parte de «ese sistema que utilizó la obra pública y la energía para desviar fondos», al tiempo que reiteró su compromiso con la transparencia.
«Mi compromiso es que acá no hay privilegios y todos tenemos que responder ante la ley, que demostrar que venimos a trabajar por el futuro», zanjó.