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SANTO
DOMINGO.- La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo manifestó este jueves que es inconstitucional el contrato
entre el Estado Dominicano y la sociedad ICSSOI, S.A., en cual otorga a esta última la exclusividad para revisar mercancías en los puertos
dominicanos por medio de rayos X. Pedro Pérez
González, presidente de la entidad, apoyó una acción directa de Inconstitucionalidad que grupos empresariales locales han emprendido en contra del referido contrato. Consideró que este convenio concede un
privilegio a una empresa en particular «para ejercer un monopolio en franca violación al
Numeral 1 del Artículo 50 de la Constitución de la República».
El artículo décimo del contrato sometido al fallo
del Tribunal Constitucional dice que: “El Estado, declara y reconoce que
durante la vigencia del presente contrato o cualquier extensión del mismo no se
realizará ningún contrato u otorgará autorización alguna a favor de cualquier
persona física o moral, a los fines de proveer servicios de seguridad similares
a los que presta ICSSI en virtud del presente Acuerdo, en los puertos de la
República Dominicana, sin el previo consentimiento de ICSSI.” Pérez González dijo que, en virtud de que el beneficio es para una empresa privada y no para el Estado, dicho contrato es anti constitucional, como han afirmado el Consejo Nacional de la Emresa Privada (CONEP) y las asociaciones de Nvieros,
de Zonas Francas, de Industrias de la República Dominicana, Americana de Comercio, Dominicana de Exportadores, de Empresas Comerciales y otras más.
Aclaró que ni la Cámara de Santo
Domingo ni el sector privado se oponen a la instalación de equipos de
digitalización de imágenes por rayos X en los puertos del país, sino a que esto
se haga de forma monopólica. Recientemente el ex director general
de Aduanas, Rafael Camilo, advirtió que “la verificación de los
contenedores no puede ser tomada como una excusa para hacer negocios e
incrementar riquezas, incrementando de manera engañosa los costos operacionales
de las empresas en territorio nacional y disminuyendo la competitividad del
país”.
Pedro Pérez recordó que en el pasado el también ex
director de Aduanas, Miguel Cocco, se refirió al contrato señalando que es una
“estafa” al Estado Dominicano. El recurso de inconstitucionalidad contra el mismo fue introducido el año
pasado en el Tribunal Constitucional.