Tala de bosques

Por muy rigurosas que puedan aparentar las penalidades que contemplan las leyes sobre la materia, lo cierto es que en la práctica ello no surte el efecto que debiera. La tala indiscriminada de bosques en distintas regiones del país -una realidad palpable- ha dado lugar a que el propio Presidente de la República se involucre directamente en buscar fórmulas para detener esta situación.

Las autoridades deben empoderarse y detener el crimen ecológico contra las reservas naturales de República Dominicana. Esta media isla, dotada por la naturaleza de excelentes recursos hídricos, de seguir como va en cuanto a desmonte de sus recursos forestales, con el transcurrir del tiempo está camino a convertirse en un inmenso páramo.

Celebramos con entusiasmo que el Presidente Danilo Medina haya prestado especial interés, y que personalmente decidiera involucrarse en poner freno a la tala indiscriminada de bosques, así como buscar alternativas de solución a esta criminal práctica.

“No sé si se están dando cuenta de que las lomas y las montañas se están quedando peladas. Si seguimos así, nos vamos a quedar sin agua… Hay que salvar las montañas y las lomas. A eso he venido. No sé exactamente cuánto podría costar reforestarlas. Probablemente mil millones de pesos”, se quejó el gobernante durante una reciente de sus visitas sorpresas a la comunidad Sabaneta, provincia San Juan.

En una distancia de cientos de kilómetros, desde Hondo Valle, en el Oeste, allá en lo más apartado de la frontera, hasta las estribaciones de Loma Miranda, en plena cordillera Central, el crimen contra la ecología está latente, a la vista de todos, y constituye una afrenta para la conservación de nuestros recursos hídricos, forestales y de otra índole.

Dañar la cordillera en distintos puntos geográficos para hacer madera o carbón es más que un crimen contra natura. Nuestros principales recursos acuíferos nacen precisamente en la cordillera Central, que debe ser preservada como un santuario natural, muy a pesar de las intenciones de empresas mineras, de autoridades, de empresarios, de agricultores, de dueños de sinfines, etc.

Y las decisiones que se adopten para salvar nuestros bosques, y por ende nuestros recursos acuíferos, deben tener la garantía de la perpetuidad, pésele a quien le pese, y caiga quien caiga.

JPM