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Critica Reglamento Ley Naturalización
SANTO DOMINGO.- El Reglamento que contiene los procedimientos para la aplicación de la Ley de Naturalización convierte a la República Dominicana en una especie de zona franca migratoria en la que cualquier persona puede con suma facilidad acreditar su nacimiento, a juicio de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT).
Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT, criticó, además, que todos los gastos para la implementaciónm del Plan de Regularización y Naturalización estarán a cargo del Estado Dominicano.
Indicó que «el artículo 11 del Reglamento permite probar el nacimiento en el territorio nacional de las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley mediante la constancia de nacido vivo emitida por un hospital público o centro de salud privado, que indique el nombre de la madre, género de la criatura y la fecha del nacimiento».
También, mediante la presentación de un acto de notoriedad por ante Notario Público de siete testigos dominicanos hábiles que indiquen la fecha y lugar del nacimiento, así como el nombre del niño o niña y los nombres de los padres
De acuerdo a la FJT, la gravedad del artículo 11 radica en que “si acreditamos y registramos extranjeros con documentos que no llenan el rigor legal y en los que solo se harían mención de la madre o el padre sin la necesidad de aportar pruebas sobre tal realidad, estaríamos creando una masa de apátridas, los cuales en un plazo máximo de dos años tendríamos la obligación de concederla la nacionalidad casi de manera automática, por efectos de la condición de apátridia que previamente le habríamos creado”.
Para Potentini, no se trata de amparar ni de proteger a ciudadanos extranjeros en graves problemas económicos, políticos o sociales, sino de un sistema discriminatorio contra los propios dominicanos, que no pueden obtener documentos con la facilidad con la que se ofrece a los extranjeros.
Asimismo, de acuerdo a las declaraciones de la FJT, el “sistema” migratorio impuesto por el Reglamento de la a
«Äl crear una unidad especializada ajena a migración, la Ley de Naturalización “es absurda hasta lo incomprensible», ya que su aplicación estará «en manos de personas sin experiencia, ajena a la Junta Central Electoral, a las Oficialías del Estado Civil y en general a toda autoridad legalmente facultada para intervenir en los asuntos de ciudadanía y nacionalidad”.
«No se puede marginar a la JCE del proceso porque es la entidad que cuenta con la experiencia y los instrumentos, archivos y documentos necesarios para acreditar la identidad de las personas», manifestó.
jt/am
