¿Sólo para los pobres: y los de cuello blanco?

POR JULIO CASADO

En el argot policial y callejero de la República Dominicana, «Poner en 29» no requiere traducción. Es el eufemismo técnico para la muerte, el código no escrito que cobija a los llamados «intercambios de disparos» y a las ejecuciones sumarias cometidas en nombre del orden público.

Cuando cae abatido un presunto delincuente de barrio, el que asalta en un motoconcho, el que despoja de un celular en una esquina o el raterillo de poca monta, un sector considerable de la sociedad respira con alivio. Abundan los aplausos a la «mano dura» y la complacencia ante un cadáver más que adorna la morgue.

Sin embargo, esa misma sociedad que celebra o tolera el exterminio del delincuente de la periferia muestra una sumisión pasiva, casi anestesiada, ante el verdadero depredador social: el delincuente de cuello blanco.

El asalto a mano armada es vil y aterroriza. Nadie pretende relativizar la violencia directa del atraco ni el luto que deja un atraco mortal. Pero si se coloca en una balanza el impacto real entre la delincuencia común y la corrupción administrativa, el peso destructivo de esta última resulta aplastante y de una letalidad infinitamente mayor.

El atraco de calle le quita la pertenencia a una persona; el desfalco estatal le quita el futuro a generaciones enteras.

Tomemos como espejo el sonado fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La defraudación de miles de millones de pesos en la aseguradora estatal a través de sobrefacturaciones, falsificación de recetas y cobro de procedimientos médicos inexistentes no es un mero delito financiero. Es un acto de violencia criminal masiva.

Cuando un entramado de funcionarios, médicos y prestadores corruptos se alza con los fondos destinados a pacientes oncológicos, tratamientos de diálisis o medicamentos esenciales, el resultado no se mide en números de auditoría: se mide en actas de defunción.

Cada peso robado a la salud pública se traduce directamente en camas de hospital faltantes, en quimioterapias suspendidas, en insumos que no llegaron a una emergencia infantil.

El delincuente común dispara una bala; el corrupto de cuello blanco desconecta los respiradores de todo un sistema nacional de salud sin mancharse las mangas de la camisa.

El patrón se repite en la educación, la infraestructura y la seguridad ciudadana. La corrupción en la compra de armas, radares o pertrechos para las propias fuerzas de orden debilita la capacidad de proteger a la población, alimentando el ciclo de inseguridad que luego se pretende resolver a tiros en los barrios marginales.

Ironía

Resulta una ironía perversa: el Estado no persigue con la misma ferocidad las causas estructurales de la miseria y el crimen porque los fondos para combatirlos han sido saqueados en los despachos ministeriales.

A pesar de esta disparidad en el daño causado, la justicia y el juicio social en la República Dominicana operan con una asimetría indignante:

Para el delincuente de barrio: La patrulla de la Policía Nacional, la ráfaga de fusil, el «Se resistió al arresto» y la etiqueta de «29» en una plancha del INACIF. Para él no hay presunción de inocencia ni garantías procesales.

Para el delincuente de cuello blanco: El traje a medida, el séquito de abogados costosos, los recursos dilatorios, la prisión domiciliaria VIP en torres de lujo y la discusión bizantina sobre la dignidad del imputado mientras el expediente duplica su volumen en los tribunales.

Es hora de desmontar la hipocresía colectiva. Si la sociedad dominicana exige rigor implacable contra la delincuencia de las calles, con mayor razón debería dirigir su indignación, su escrutinio y su máxima sanción penal hacia los despachos con aire acondicionado.

No se trata de promover la ilegalidad ni el atropello de los derechos garantizados por la Constitución. Se trata de exigir un peso equivalente en la justicia.

Si la respuesta institucional ante la amenaza social es la inflexibilidad y el exterminio del peligro, el peligro real para la viabilidad de la nación no viste franela ni anda en chancletas: viste de casimir, firma decretos, maneja presupuestos multimillonarios y liquida los derechos fundamentales de todo un pueblo desde la impunidad de un escritorio.

JPM